El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el informe que el Ejecutivo encargó en marzo a 50 expertos para la construcción de un entorno digital seguro para los menores. Este análisis presenta un diagnóstico exhaustivo que incluye 107 medidas planteadas por el comité en materia de prevención, detección precoz y
protección diferenciadas en tres bloques temporales (corto, medio y largo plazo). 

Como principales sugerencias se encuentran no permitir que los niños más pequeños, de menos de seis años, sean expuestos a pantallas, así como una mayor transparencia por parte de las empresas tecnológicas, que deberían avisar de las consecuencias físicas y psicológicas que provoca la utilización de esos aparatos digitales, según ha adelantado El País.

El informe, que se ha desarrollado de forma altruista sin coste para la Administración, también sugiere que se restringa el acceso a los dispositivos en niños y preadolescentes de seis a 12 años, fomentando la realización de actividades recreativas en el exterior. Para los adolescentes, de 13 a 16 años, sugieren atrasar lo máximo posible la adquisición del primer móvil inteligente, y en caso de que decidan entregárselo que instalen un pin parental.  

Estos 50 expertos, bajo la presidencia de la especialista en transición digital Ana Caballero, tenían el encargo de elaborar en un plazo de seis meses un estudio detallado que analizara el impacto de las tecnologías en los menores con propuestas para lograr un entorno digital seguro, de cara a la aprobación de una estrategia.

Los especialistas han elaborado una hoja de ruta que guiará a las Administraciones públicas en su trabajo de permitir que los menores disfruten de los beneficios de la tecnología, evitando la vulneración de los derechos de la infancia y la juventud en la red.

El presidente Pedro Sánchez reclamó un acuerdo de país para proteger a los menores en la red basado en tres ejes: la aprobación de una ley integral para la protección de los menores en internet, el impulso de una estrategia y avanzar en la creación de soluciones tecnológicas que les impida el acceso al contenido para adultos.

Ya ha arrancado la tramitación del anteproyecto para la protección de menores en entornos digitales, que propone crear una orden de alejamiento virtual para los que cometan delitos contra los menores en entornos digitales y reformar el Código Penal para penalizar las "ultrafalsificaciones", la difusión de imágenes o audios falsos de contenido sexual o vejatorio generadas con inteligencia artificial.

La norma contiene medidas para mejorar el conocimiento sobre el ámbito digital de los menores y de sus familias, establece medidas para el sector público y para las empresas tecnológicas, como obligar a que móviles y dispositivos electrónicos incorporen de fábrica un control parental gratuito, y prohíbe el acceso de los menores a mecanismos aleatorios de recompensa en videojuegos y plataformas.

En el sector educativo, los expertos insisten en que se regule la utilización de los dispositivos en las aulas, diferenciando el uso privado y personal del alumno con el de los propios centros, donde se considera aplicar la revisión constante de las aplicaciones instaladas, la eliminación de los sistemas de gratificación inmediata o el
establecimiento de límites por edad. 

Para proteger los derechos de los más pequeños, los especialistas plantean incluir directrices que impidan el sharenting, una práctica en la que padres y madres que crean contenido en redes sociales exponen públicamente a sus hijos menores. Recuerdan, asimismo, la importancia de financiar estudios e investigaciones que evalúen los efectos de los sistemas informáticos en la infancia.