Sánchez reúne a los presidentes autonómicos con pocas posibilidades de acuerdos con el PP
Santander acoge este viernes la XXVII Conferencia de Presidentes. La vivienda se perfila como el único tema en el que se puedan acercar posturas entre el Gobierno y los populares.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al president de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, en Moncloa el pasado 4 de octubre. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al president de la Generalitat valenciana Carlos Mazón, en Moncloa el pasado 4 de octubre.](https://imagenes.publico.es/files/image_horizontal_mobile/files/fp/uploads/2024/12/12/675b10be8b7d9.r_d.867-716-3573.jpeg)
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La última vez que Pedro Sánchez se reunió con todos los presidentes autonómicos en una Conferencia de Presidentes fue el 13 de marzo de 2022 en la isla de La Palma. En las imágenes de aquél día destacan ahora, más de dos años después, las mascarillas; España todavía tenía restricciones contra la pandemia del Covid-19. En la foto de familia había seis presidentes del Partido Popular, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, que ya había dado el paso de tomar el relevo de Pablo Casado; este viernes serán casi el doble, 11. Dos de ellos, Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón, se llevarán toda la atención, aunque por distintas razones. Gobierno y comunidades autónomas salieron satisfechos y con acuerdos sobre la mesa. No parece posible esta vez.
Los presidentes autonómicos del PP llevan meses exigiendo a Sánchez la convocatoria de esta Conferencia y esgrimiendo que incumplía la normativa, que obliga a celebrar dos reuniones de este tipo al año, para no enfrentarse "a todo el poder territorial" de los conservadores. "En las Conferencias siempre ha habido cierto equilibrio entre presidentes del PP y del PSOE, pero esta vez va a ser una imagen tremenda para Sánchez", apuntan desde Génova. Es lo que Feijóo espera que pase este viernes: ver al presidente del Gobierno cercado por los suyos. El tono duro de los populares y su ofensiva sin cuartel contra el Gobierno no deja margen a los acuerdos.
Desde el Gobierno, según fuentes de Moncloa, apuntan de manera oficial que la actitud con la que afrontan el encuentro tiene un carácter y espíritu "constructivo y sosegado". El objetivo general, según estas mismas fuentes, es "aportar ideas". En el Ejecutivo de Sánchez confían en que prevalezca el "sentido institucional" de la Conferencia y recuerdan que esto se trata de un "foro para compartir ideas" que permitan "avanzar en búsqueda de respuestas".
Recelos mutuos
Otras fuentes socialistas no confían en esa "institucionalidad" del PP y creen que los presidentes autonómicos diseñarán algún tipo de confrontación conjunta contra el Gobierno para "reventar" el encuentro. Un extremo que niegan los populares. En el PSOE, fuentes de algunos territorios reconocen que la cumbre en sí no aportará grandes avances y que se limitará a una puesta en común general de lo que ya se fue comentando en la ronda que tuvo Sánchez con todos los presidentes autonómicos, a excepción de Ayuso.
Precisamente algunos socialistas miran con especial atención a la presidenta madrileña. Su decisión de no acudir a la llamada de Sánchez aún colea en Moncloa por "inédita" y a ello se le suma el reciente choque con la Delegación del Gobierno en Madrid por los actos conmemorativos de la Constitución. La tensión permanente de los socialistas con Ayuso está ahora en su momento más álgido por todo lo que rodea al caso del novio de la líder de los populares madrileños.
Tampoco la relación con Mazón ha sido la mejor este últimos mes tras la tragedia de la DANA. El PSOE ha pedido directamente su dimisión por la gestión realizada mientras que Moncloa ha priorizado la colaboración institucional aunque recordando las competencias de la Generalitat valenciana y desmontando las acusaciones de los populares. Fuentes del Gobierno destacan que no esperan un foco especial en este encuentro sobre lo sucedido.
Los temas a abordar
Sobre el papel, los temas a abordar este 13 de diciembre son vivienda, financiación autonómica, inmigración y recursos humanos sanitarios. En todos ellos hay fricciones evidentes entre el PP y el Gobierno. En vivienda, los populares, de nuevo con Ayuso a la cabeza, se niegan a aplicar la ley estatal que permitiría, como ha sucedido ya en Catalunya, aliviar en parte los precios de los alquileres. El rechazo frontal de las autonomías gobernadas por el PP ha llevado al Ejecutivo a una suerte de callejón sin salida en un asunto que consideran prioritario y por el que la izquierda y la sociedad civil presiona desde hace meses.
La vivienda se perfila como el único tema en el que Sánchez y los presidentes autonómicos pueden acercar posturas. Hay una convicción generalizada de que el acceso a la vivienda es uno de los grandes problemas en el día a día, sobre todo para los jóvenes, y que ningún Gobierno, autonómico o estatal, sale indemne en la atribución de responsabilidades. Además, los barones populares temen que, si no hacen algún movimiento en este sentido y en las comunidades como Catalunya que han empezado a aplicar la ley de vivienda bajan o se contienen los precios, se les empiece a señalar.
Bloqueo en inmigración y financiación autonómica
Respecto a la financiación autonómica, el pacto del PSC con ERC para investir a Salvador Illa irritó sobremanera a la derecha. Las concreciones de aquel acuerdo todavía no han llegado y los socialistas, donde también hubo revuelo interno, pactaron en su 41 Congreso Federal una fórmula que contenta tanto a Page como a Illa. La reforma del modelo de financiación autonómica es un eterno debate y las diferencias entre comunidades gobernadas por el PP han frenado en los últimos tiempos cualquier tipo de avance en ese sentido.
En cuatro a la cuestión migratoria, con la redistribución en la acogida de menores migrantes como uno de los puntos clave, el Gobierno ya da por hecho que no habrá acuerdo con el PP tras innumerables reuniones desde hace meses y pese a los ruegos de los Gobiernos de las Islas Canarias o Ceuta. Así, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática Ángel Víctor Torres fue claro este jueves: si en la Conferencia de Presidentes no se muestra voluntad de acuerdo, el Ejecutivo ya explora negociaciones con Junts para reformar la ley de extranjería. Fuentes populares dan por "imposible" cualquier acercamiento en materia migratoria y también en financiación autonómica.
Por último, en el asunto de los recursos humanos sanitarios las diferencias de modelo también se han venido reflejando con frecuencia. Ha habido choques directos con la Comunidad de Madrid o Andalucía. En este último caso incluso la justicia investiga ya las adjudicaciones sanitarias del Gobierno de Juanma Moreno Bonilla a clínicas privadas tras una denuncia del PSOE.
Hasta cuatro barones del PP consultados por este periódico coinciden en que es "prácticamente imposible" que salga algún pacto firme de la reunión de más cuatro horas que mantendrán. "Si acaso un compromiso general", señalan. Sus equipos han preparado el encuentro, algo que es habitual y que se hace también previamente con el gabinete del presidente del Gobierno. Fuentes consultadas aseguran que esta vez "ha habido poco trabajo previo".
La Conferencia de Presidentes nació el 28 de octubre de 2004, por iniciativa del entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Mariano Rajoy convocó solo dos en siete años de Gobierno, en 2017 y en 2017. Sánchez celebró 20 convocatorias extraordinarias durante la pandemia, 17 de forma telemática y dos presenciales en La Rioja y Salamanca. A ellas se suma la mencionada Conferencia celebrada en la isla de La Palma.
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