El SMI, la última de una larga lista de batallas por los impuestos entre el PSOE y la izquierda alternativa
Las diferencias en torno a la fiscalidad son un clásico en las relaciones de los partidos que se han coaligado en el Gobierno. El paquete fiscal o los Presupuestos también han generado debates impositivos.
Madrid-
En los conflictos que han tenido las formaciones que se han coaligado en el Gobierno muchas veces las formas han eclipsado casi por completo el fondo. Durante los últimos días, el debate sobre la tributación del salario mínimo interprofesional ha girado en torno a cuestiones como la no comunicación de la medida por parte de Hacienda a Trabajo o a si Yolanda Díaz debió o no escenificar la discrepancia en el Consejo de Ministros.
Pero el del SMI es, ante todo, un debate fiscal. Y esto ya supone un clásico en las disputas que el PSOE ha mantenido con las diferentes fuerzas con las que se ha coaligado en el Gobierno en estos últimos cinco años, primero Unidas Podemos y después Sumar.
En materia de fiscalidad los socialistas y el espacio de la izquierda alternativa mantienen diferencias ideológicas de calado tan profundas que parten de las mismas raíces y están en la concepción misma de la coalición.
Por eso los conflictos en torno a los impuestos nunca desaparecen: durante unas épocas permanecen soterrados, inactivos y durmientes para, cada cierto tiempo, brotar y desencadenar una nueva disputa que, si se rasca hasta apartar la superficie, deja ver la diferencia ideológica que separa a ambos espacios políticos.
La del SMI es la enésima, y seguramente no última, pugna en el seno del Gobierno a cuenta de la fiscalidad. Hace apenas unos meses, el PSOE y Sumar volvieron a destapar su conflicto sobre los impuestos durante la negociación del denominado paquete fiscal.
Del paquete fiscal a los Presupuestos
Los de Pedro Sánchez pactaron con Junts y el PNV dejar caer el impuesto a las energéticas y reformar el impuesto a la banca, un acuerdo que no sólo soliviantó a Sumar, sino también a los grupos de izquierdas de Congreso (Podemos, ERC, EH Bildu y el BNG).
Finalmente, los de Yolanda Díaz y los de Pedro Sánchez cerraron un acuerdo que, entre otros elementos, incluía poner fin al régimen fiscal especial de las socimis, un nuevo impuesto al lujo o subir el IVA al alquiler turístico. Pese a existir este pacto, en la comisión en la que se votó en primera instancia el paquete fiscal los socialistas votaron en contra de algunas de las medidas que se habían comprometido a apoyar.
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Los Presupuestos son claramente el mayor activador del conflicto fiscal cuando éste permanece inactivo. Las Cuentas Generales del Estado son, en líneas generales, una previsión de gastos e ingresos que marca cuál va a ser la política impositiva del Gobierno, quién va a pagar más impuestos y a qué medidas y acciones van a ir destinados estos recursos.
En esta legislatura todavía no se han presentado unos PGE, pero a finales del pasado año, antes de que Junts tumbara en su primera llegada al Congreso el techo de gasto propuesto por Hacienda, Sumar esbozó su propuesta fiscal.
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Más impuestos al tabaco, un IRPF más progresivo o un impuesto a las grandes herencias fueron algunas de las propuestas que esbozaron los de Díaz. En la coalición reconocieron entonces que muchas de estas iniciativas iban a ser rechazadas de plano por un PSOE que, asumieron, no compartía el mismo proyecto fiscal que Sumar.
El hecho de que no se haya presentado un proyecto de PGE en esta legislatura ha mantenido inactivo el debate fiscal
Con Unidas Podemos la batalla fiscal fue especialmente intensa en la legislatura pasada. Los de Pablo Iglesias (y después Ione Belarra) abrieron en numerosas ocasiones el melón acerca de la necesidad de abordar una reforma fiscal de calado que repensara el sistema de arriba abajo.
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Cada debate entre Nacho Álvarez (responsable entonces del área económica de UP y secretario de Estado de Derechos Sociales en el ministerio dirigido por Belarra) y María Jesús Montero sobre impuestos suponía la constatación de las enormes diferencias ideológicas que separaban (y separan a día de hoy) a los dos espacios.
Fuentes del espacio de la izquierda alternativa, conocedoras de esas negociaciones y de cómo se desarrolló la política fiscal en la pasada legislatura, reconocen que era "muy difícil" mover al PSOE de sus posiciones. Pero también destacan que las excepcionales situaciones que se vivieron (la pandemia de la covid-19 y la guerra de Ucrania), terminaron por empujar a los de Sánchez a hacer políticas impositivas que "nunca hubieran hecho en contextos normales".
Covid-19, guerra de Ucrania e impuestos temporales
El impuesto a la banca y a las eléctricas o el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas son tres ejemplos de tributos que, reconocen estas voces, nunca se hubieran aprobado si no llegan a irrumpir estas situaciones de emergencia.
"Logramos que se aprobaran, con mucho esfuerzo y negociación, pero lo que ha pasado da cuenta de cuál es el modelo fiscal del PSOE: en un momento de emergencia terminaron aceptando implementar estas tasas extraordinarias y temporales; pero después de haber demostrado que sus contribuciones podrían sentar las bases de un modelo que de una vez por todas sostuviera unos servicios públicos de calidad con un sistema de impuestos realmente progresivo, lo que ha hecho Sánchez es dejarlos caer en vez de convertirlos en permanentes", lamentan estas fuentes.
La pugna ideológica en torno a la fiscalidad que mantienen el PSOE y la izquierda alternativa ha vuelto a aflorar, esta vez como consecuencia de la tributación en el IRPF del SMI. Probablemente no será el último conflicto sobre impuestos en el Gobierno de coalición.
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