Sin anuncios, sin giro discursivo y con la defensa de la política de vivienda que el Gobierno ha desplegado durante la legislatura. Así ha sido la carta de presentación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, este miércoles durante el debate monográfico sobre esta materia que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados.

Rodríguez ha protagonizado una extensa intervención inicial que ha estado muy lejos de acercar posturas con ninguno de los grupos de la Cámara Baja. Tanto desde la derecha como desde la izquierda (por motivos distintos) se ha criticado el papel de la ministra en el Pleno, una sesión que desde algunos grupos se había calificado como "una encrucijada" para comenzar a resolver la emergencia de la vivienda.

La dirigente socialista ha asegurado que el Gobierno es "sensible a esta realidad, somos plenamente conscientes y sabemos a quiénes representamos", y ha avanzado que el Ejecutivo "no va a parar" hasta resolver este problema, que representa según todos los datos y encuestas el principal agujero económico para la ciudadanía.

Rodríguez inició su intervención recordando las nefastas consecuencias que acarrearon las políticas de vivienda de los Gobiernos del PP, basadas en la liberalización del suelo (y en la venta de suelo público a empresas privadas) y en la construcción de inmuebles a marchas forzadas: "Comprobamos que la mayor oferta no hizo bajar los precios, ni más suelo liberal. Eso demostró que más vivienda no significa más asequibilidad si no hay regulación", defendió.

Sin embargo, aunque ha reconocido el estatus constitucional de la vivienda como un derecho, ha asegurado que "hay que ser rigurosos a la hora de afrontar el problema; no hay varitas mágicas, y si alguien la tiene que la muestre en esta sesión", ha asegurado.

Rodríguez señala a comunidades y ayuntamientos

La ministra ha hecho un repaso por las políticas desplegadas por el Gobierno (sacando pecho de las inversiones públicas, 24.000 millones de euros destinados a esta materia desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa), y ha defendido que la vía de la regulación es la ley de vivienda, que permite a las comunidades intervenir los precios del alquiler en las denominadas zonas de mercado tensionado.

Rodríguez ha señalado directamente a las que no aplican la norma, y también a los ayuntamientos que no gravan con impuestos la vivienda vacía, como permite la norma. "¿Basta con esto? No. ¿Hay que hacer más? Sí. El Gobierno, los primeros, y espero contar con la colaboración de los grupos políticos. Hay que combinar las acciones políticas urgentes con el largo plazo", ha defendido.

La ministra ha hecho hincapié en la necesidad de "proteger el suelo público" y ha apuntado a dos vías que, a su juicio, son clave para resolver la emergencia de la vivienda: la aprobación de la ley del suelo y la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, "que pondrán más recursos en esta materia". Rodríguez ha señalado la Conferencia de Presidentes en materia de vivienda que Sánchez mantendrá con los líderes autonómicos, y ha pedido a los grupos un gran acuerdo para abordar el asunto.

Las explicaciones de la dirigente socialista no han convencido a ninguno de los grupos, ni a los que apoyaron la investidura de Sánchez ni a la derecha y la ultraderecha. Las formaciones conservadoras del hemiciclo han pedido incrementar la oferta de vivienda "a marchas forzadas si hace falta, y también del parque privado".

Los grupos progresistas han afeado la falta de nuevas propuestas y han pedido que el Gobierno mueva ficha ya, sobre todo tras las multitudinarias movilizaciones en favor del derecho a la vivienda que han tenido lugar en las últimas semanas en diferentes ciudades.

Choque intenso entre el PSOE y Sumar

"La ministra tiene que elegir hoy si está al lado de los fondos buitre o al lado de los jóvenes; si está con Securitas Direct o con las ancianas desahuciadas; con los rentistas o con los que tienen que volver a casa de sus padres", ha dicho Alberto Ibáñez, de Compromís-Sumar, que ha rechazado que Rodríguez se pueda "excusar en un tema de competencias porque tampoco tenían las competencias en Sanidad y regularon el precio de las mascarillas".

Rodríguez ha criticado duramente en una intervención posterior el discurso de Ibáñez y de Sumar, por su presencia en el Ejecutivo: "Cuando las cosas salen bien, medallita, y cuando no, la culpa es del PSOE. No pasa nada, somos los hermanos mayores y nos hacemos cargo. ¿Con quién está usted, con el Gobierno o con la oposición?", le ha preguntado.

"Supongo que es consciente de que decenas de miles de personas han salido a la calle a exigir el fin de la especulación con la vivienda, pero también su dimisión", ha recordado Ione Belarra, diputada y secretaria general de Podemos.

Belarra ha defendido que "el PP y el PSOE hacen las mismas políticas en materia de vivienda", y ha afeado a los socialistas que no apliquen la ley de vivienda para bajar los precios de los alquileres en aquellas comunidades en las que gobiernan, como Castilla-La Mancha y Asturias.

"Para gobernar hace falta Estado, hace falta intervenir el mercado de la vivienda con normas de obligado cumplimiento que no dependan de la solidaridad y la voluntad de los caseros", ha dicho la diputada de Podemos en un canutazo posterior en los pasillos del Congreso.

Oskar Matute, de EH Bildu, ha recordado que "este debate hoy viene empujado por la calle y la urgencia de la calle; ya no nos llegan ecos, sino gritos. Ya no hay que hacer pedagogía sobre la necesidad de que el derecho a la vivienda esté por encima de la capacidad de negocio, ya no hay que sacar los datos. Sobran estos condicionantes de anteriores debates porque la gente nos está pidiendo que hagamos algo ya. Falta la intervención, pasemos de las palabras a las acciones", ha pedido.

ERC ha exigido que el Gobierno respete las competencias autonómicas y ha recordado que apoyaron la ley de vivienda como consecuencia de que el Tribunal Constitucional tumbó la norma catalana: "Algunas de las cosas que dicen dan vergüenza. Es una vergüenza que en el grupo de trabajo de la vivienda el Sindicato de Inquilinas haya tenido que irse porque estaban sentados los fondos de inversión. ¿Dónde se ha visto que se pida solidaridad al propietario de los pisos para su inquilino?", se ha preguntado Pilar Vallugera.