Elon Musk busca hacer negocios desde la Casa Blanca sin control político, legal ni judicial
El hombre más rico del mundo entra en el Despacho Oval como un elefante en una cacharrería. Lo mismo trata de hacer negocio con las transferencias de pagos del Tesoro que apuesta sin control en una subasta para adquirir OpenIA.
Moverse rápido, aunque sea a costa de romper el statu quo, es uno de los lemas al que con más entusiasmo se han adherido siempre los jerarcas de Silicon Valley con resultados no siempre satisfactorios. Junto a otros heredados del ámbito financiero como el recurrente aviso a jóvenes navegantes del financiero Warren Buffet de “tanto tienes, tanto vales”, o el socorrido dogma neoliberal de “es el mercado, amigo”.
Pero nada de esto parece guiar los pasos de Elon Musk y su pléyade de acólitos ayudantes que se han encargado de barrer las agencias gubernamentales con las tijeras en sus manos. Sin casi supervisión externa y, en no pocas ocasiones, sin la más mínima consideración legal, ignorando el emergente coro de críticos que empiezan a mostrar su contrariedad por el curso que toman los acontecimientos.
Ha tenido que ser una jueza, Colleen Kollar-Kotelly, quien emitiera una orden por la que prohíbe al Tesoro proporcionar acceso “a registros de pagos o sistema de transferencia financiera” que se realicen por o dentro de la Oficina del Servicio Fiscal. Una medida provisional mientras evalúa la demanda de los sindicatos de funcionarios que acusan al DOGE (Department of Government Efficiency), el chiringuito que Donald Trump ha creado para que Musk y el neocon anti-woke Vivek Ramaswamy, recorten dos billones de dólares de gastos federales.
También los congresistas demócratas escribieron a Trump expresando su inmensa preocupación por la intención de miembros del DOGE de acceder sin permisos a instalaciones federales y a sus sistemas de información y datos gubernamentales confidenciales. Una actitud que, subrayan, es un riesgo enorme para la seguridad nacional, la privacidad y las libertades civiles. De ese acceso surgió el certificado de defunción firmado por Musk de la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID), el histórico brazo financiero de cooperación en proyectos de desarrollo de naciones con rentas bajas.
Pero lo que más ha perturbado el clima político americano ha sido el asalto de Musk y su pléyade de acólitos a los medios de pago del Tesoro. La persona más rica del planeta lo quiere para sumar empresas a su emporio. Otra X que poner en su torre de picas. El dueño de Tesla y Space X, así como de la antigua Twitter (ahora X) no pone límites a su ambición. Quiere gestionar, y controlar, más de 1,8 billones de operaciones que el Tesoro gestiona cada año, con perspectivas de superar los tres billones de transacciones.
La Justicia acude al auxilio del 'statu quo' actual
Ha sido, pues, la magistratura judicial la que le ha parado inicialmente los pies. Solo permite la lectura de datos a dos empleados especiales del Gobierno que el Tesoro contrató recientemente y que están vinculados a Musk: Tom Krause, director ejecutivo de Cloud Software Group, y Marko Elez, ingeniero que ha trabajado para SpaceX y la plataforma X. Tiene despacho en el Tesoro, direcciones de correo electrónico de la agencia y autorización para acceder a cierta información segura, pero no clasificada, de este departamento, según Bloomberg.
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¿Y qué tiene que decir Scott Bessent, ahora secretario del Tesoro y fundador del hedge fund Key Square Group? Pues que no ha habido retoques en el sistema de pagos y que Musk no ha cometido ninguna ilegalidad.
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Pero la sed de riqueza del milmillonario de origen sudafricano es insaciable. OpenAI (la empresa creadora de ChatGPT) es también objeto de su deseo y ha ofrecido la astronómica cifra de 97.400 millones de dólares por la aplicación de Inteligencia Artificial. El director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, rechazó de inmediato el cheque al portador que le entregaba Musk, al que tildó de “competidor” y del que dijo que “probablemente sólo esté tratando de fastidiarnos”. Los dos intentos que lanzó en la misma jornada para hacerse con la startup de IA más famosa y valiosa del planeta es una suerte de subasta en la que únicamente desea participar él mismo.
Musk y Altman fueron cofundadores de OpenAI, pero el “amigo” de Trump se separó de la firma tras entrar en choques estratégicos con la dirección ejecutiva, hasta llegar a demandarla, paradójicamente, por alegar que el germen corporativo de ChatGPT se había desviado de su misión fundacional al dar prioridad a las ganancias sobre las mejoras de la humanidad
Musk rescata viejas imágenes de empresarios autoritarios
Musk figura también en la terna de empresarios estadounidenses que podrían hacerse con TikTok. Ello ha llevado a Caroline de Gruyter, columnista de Foreign Policy, a comparar a Musk con una reconocida caricatura del empresario británico Cecil Rhodes, de 1892, publicada en la revista Punch, en la que se representa al magnate de la minería de diamantes de Sudáfrica a finales del siglo XIX como el Gigante de Rodas, pero con traje colonia y un arma colgada al hombro y un pie firmemente plantado en El Cairo y el otro en Ciudad del Cabo. Rhodes utilizó su fortuna para ayudar a los británicos a expandir su imperio por el continente africano.
Gruyter también rescata la filosofía del economista francés Arnaud Orain, profesor de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Según la columnista, la teoría del economista francés arroja luz sobre la elección de Trump, al equiparar su acceso al poder con “periodos precedentes de la historia” en los que Orain asegura que el capitalismo depredador, sin reglas de juego, en las que todo vale y favorece a los privilegiados con grandes riquezas, ha irrumpido tras episodios de capitalismo liberal moderado. El también historiador galo se refiere a la oleada colonizadora de finales del XIX y 1914, en la que volvieron los aranceles, las ínfulas imperialistas, lo cárteles y las conquistas territoriales en busca de recursos, y a los años posteriores a la Gran Depresión de 1929 que condujeron a la Segunda Guerra Mundial.
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En esta última fase, Wall Street albergó intentos de acabar con la democracia estadounidense, mientras en Alemania el nazismo se aupaba al poder al calor de la hiperinflación de entre guerras y las tensiones económicas internacionales.
En el contexto actual, esta retórica, afirma Gruyter, parece haber vuelto. Solo así se entienden “las reivindicaciones territoriales de Trump sobre el Canal de Panamá, Canadá y Groenlandia, su constante intimidación a naciones aliadas, o su respaldo a “los multimillonarios codiciosos que lo ayudaron a ser elegido y ahora quieren entrometerse con países extranjeros en nombre del Estado más poderoso del mundo”.
Orain recuerda que “las dos fases capitalistas depredadoras anteriores” se caracterizaron por el mismo tipo de frenesí, arrogancia y comportamiento imperial. En sintonía con la portada de la revista Time con Musk tras el escritorio del Despacho Oval, como si fuera el auténtico presidente americano.
Solo así se entiende que días después del intento de sometimiento al Tesoro y agencias federales, Trump aprobase un decreto, junto a Elon Musk y su hijo X Æ A-Xii, para acelerar los recortes en la Administración, aduciendo que EEUU “se dirige a la bancarrota sin los recortes del DOGE”.
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En centros de pensamiento como Campaign Legal Center (que dice promover la democracia a través de las leyes federales, estatales y locales y luchar por los derechos de los estadounidenses y por gobiernos responsables) se advierte que “Musk podría ganar aún más riqueza si trabaja en la Administración de Trump”. Así lo cree su investigadora Sophia Gonsalves-Brown, quien resalta los intentos de silenciar a las voces críticas que han hecho sonar las alarmas en torno a la falta de ética antes incluso de las elecciones porque un grupo de milmillonarios “estaban a punto de asumir cargas inusitadas de poder e influencia desde la Casa Blanca”.
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En su opinión, Musk no debe tener impunidad ni estar al margen de los valores, sino que tan solo es, resalta, “un empleado especial del Gobierno”, alguien de quien se espera que trabaje para la administración federal durante, como mucho, 130 días al año.
En consecuencia, “debería estar cubierto por una norma que prohíba a empleados del Gobierno participar en asuntos que afecten a sus intereses financieros”. A partir de este punto se debería decidir si “resulta cuestionable que se involucre en asuntos que afecten a su negocio” y, si así lo declarase el Departamento de Justicia, Trump estaría en la obligación de hacer cumplir la ley. Si bien, y dado que el propio presidente “no se ha molestado en remediar sus propios conflictos de intereses” y ha impedido que el área ministerial de Justicia procese a sus aliados políticos, el hombre más rico del mundo puede estar tranquilo: “no tendrá presión alguna para cumplir con las leyes éticas” estadounidenses.
En este contexto, el desmantelamiento del Gobierno por parte de Trump y Musk podría estar ya sacudiendo los cimientos de la democracia estadounidense. Al menos así lo contempla el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. Pero también voces republicanas como la del también senador Kevin Cramer (Dakota del Norte), que recuerda que el DOGE proporciona “coberturas” a simpatizantes republicanos y que el Congreso no ha sido consultado. También su compañero de filas, Thom Tillis (Carolina del Norte), quien enfatiza que “si [Trump y Musk] van demasiado lejos", será la primera persona en "dar un paso al frente” porque -precisa- “tenemos suficientes mecanismos de supervisión” para pararles los pies, informa Associated Press.
Sin embargo, no parece que Trump esté dispuesto a ello. Apoyado en su director de Presupuesto, Russ Vought, está implantando la consigna de que el Ejecutivo tiene capacidad para confiscar fondos federales y que, si el Congreso sigue aprobando leyes para financiar proyectos federales, la Casa Blanca tiene el poder de vetar iniciativas y promover órdenes ejecutivas. En línea con las diatribas de Grover Norquist, que lleva décadas pregonando que el mejor gobierno americano sería “aquel que redujera la estructura federal lo suficiente como para ahogar al Estado en una bañera”.
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