El Gobierno aprueba por decreto la prórroga del impuesto a las energéticas, pero con incentivos a la descarbonización

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que extiende hasta 2025 el impuesto a las grandes energéticas, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes. Esta medida, que forma parte de los compromisos adquiridos con ERC, Bildu y BNG, busca mantener la contribución fiscal de las grandes compañías energéticas al tiempo que se fomenta la transición ecológica y la descarbonización. La prórroga se produce después de la semana pasado, el Congreso, con el voto de PP, Vox, PNV, Junts y UPN, aprobara su eliminación.

El decreto introduce un "incentivo fiscal" para que las inversiones estratégicas vinculadas a la descarbonización puedan deducirse del impuesto. "Lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde", ha explicado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Los incentivos fiscales habían sido reclamados por el partido independentista catalán de centroderecha Junts y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que argumentan que la tasa afectaba a las inversiones en sus respectivas regiones.

La prórroga de este impuesto entra en vigor el 1 de enero; sin embargo, no está exenta de tensiones políticas. Mientras ERC, Bildu y BNG respaldan la medida, formaciones como PNV y Junts han mostrado su oposición, argumentando que podría poner en riesgo las inversiones de estas compañías en España, mientras Podemos ha avisado de que no apoyará el real decreto porque "no cumple con lo pactado". El Gobierno necesitará negociar con sus socios habituales para lograr la convalidación del decreto en el Congreso en un plazo de 30 días, donde los votos necesarios aún no están garantizados.

"Somos muy conscientes de cuál es la complejidad del Parlamento, pero salimos a ganar, con humildad, pero salimos a ganar y evidentemente no damos un balón por perdido", ha subrayado el presidente.

Las energéticas  han advertido de que la prórroga del gravamen, del 1,2% para las empresas que facturen al menos 1.000 millones de euros, pondría en peligro 30.000 millones de euros en inversiones en energías renovables.

Este impuesto se creó en 2022 con el objetivo de aliviar las presiones sobre el coste de la vida de los españoles de a pie, ya que las empresas se beneficiaron de una subida de los precios de la energía tras la guerra de Ucrania.

Prórroga de las ayudas al transporte público hasta junio

Además del gravamen a las energéticas, el Gobierno ha aprobado la extensión de las ayudas al transporte público durante el primer semestre de 2025. Entre otras medidas, continuará la gratuidad de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional durante seis meses más.

Pedro Sánchez ha destacado que estas medidas han tenido un impacto significativo en la movilidad, incrementando el uso del transporte público en un 13%: "Gracias a las mejoras del servicio y a la apuesta decidida del Gobierno por los descuentos y por la gratuidad para determinados trayectos y segmentos de la población, hemos conseguido que más personas utilicen el transporte público".

España es ya el segundo país del mundo con más kilómetros de alta velocidad ferroviaria, superando a Alemania e Italia juntas, y el ritmo de construcción sigue siendo superior al de cualquier otro país europeo. No obstante, Sánchez ha advertido que "queda muchísimo por hacer" para alcanzar los objetivos de descarbonización en el sector.

La gratuidad se aplicará también a los servicios de altas prestaciones entre Murcia y Alacant y a los Avant entre Ourense y A Coruña, así como a las relaciones punto a punto Madrid-Salamanca. Para el resto de los servicios ferroviarios Avant, declarados Obligación de Servicio Público (OSP), se mantiene un descuento del 50% en los abonos.

Asimismo, se mantiene la bonificación del 100% para los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera de competencia estatal para usuarios recurrentes, así como ayudas directas para reducir en al menos un 50% el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte público colectivo urbano e interurbano. En Canarias y Balearss, los abonos de transporte y títulos multiviaje seguirán siendo gratuitos.