El Gobierno ha vuelto a salvar casi sobre la bocina una derrota parlamentaria. Esta vez, a cuenta del decreto-ley por el que se establecen las medidas para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania, convalidado este jueves por una mayoría simple muy ajustada (176 síes frente a 172 noes y una abstención). El fantasma de la votación de la reforma laboral sobrevolaba el hemiciclo. Más aún cuando las relaciones entre el Gobierno y sus socios atraviesan un momento muy delicado por el caso Pegasus.

La de este jueves era una votación de especial relevancia, ya que la derogación del decreto hubiera supuesto el fin de medidas ya en vigor, como la prórroga hasta el 30 de junio de las rebajas fiscales de la electricidad, el incremento del 15% del Ingreso Mínimo Vital, la bonificación de hasta 20 céntimos por litro de gasolina, la ampliación de los bonos sociales y la limitación de la subida del alquiler al 2%.

Con todo, el Ejecutivo ha llegado esta mañana a la Cámara Baja sin tener atados los apoyos necesarios para garantizar la convalidación de la norma. De hecho, no ha sido hasta esta mañana cuando el Gobierno ha comenzado a respirar, al conocer el voto favorable de los cinco diputados de EH Bildu, y los otros dos de Teruel Existe y BNG. Eso sí, la euforia se ha manejado con cierta prudencia hasta el momento de la votación por el miedo a errores a la hora de depositar el sufragio o al transfuguismo.

Durante el debate de la iniciativa del Gobierno, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, encargado de defenderla en el hemiciclo, ha apelado a los grupos de la oposición a que "voten como votarían las personas que les votaron si se sentaran en ese escaño". "Es incomprensible votar que no a este decreto. La votación de hoy no va del Gobierno. Va de ayudar a los ciudadanos que les votaron y les dieron ese escaño para que les faciliten su vida", ha apostillado. 

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha confirmado desde la tribuna el sí al decreto a pesar de que la confianza hacia el Ejecutivo está "quebrada" por el escándalo de espionaje a más de 60 dirigentes y activistas relacionados con el independentismo. "Espiar a quienes permitimos que este Gobierno avance no es ni tenernos respeto ni mostrar responsabilidad", ha señalado para luego justificar que sus votos favorables son "por la gente, no por el Gobierno". 

El decreto-ley también se tramitará como un proyecto de ley, lo que ha facilitado el apoyo de otras fuerzas cuyo sentido del voto estaba en el aire, como es el caso de Teruel Existe y BNG. Otras formaciones, como el PNV o el PRC, han defendido la urgencia de las medidas, pero han exigido más responsabilidad a la hora de recabar sus apoyos.

ERC y PP, en contra del decreto-ley

A pesar de las negociaciones in extremis entre la delegación del Gobierno y de los grupos que lo sostienen con ERC o el PP, estas formaciones, junto a Junts, la CUP, Vox y Cs han votado en contra del decreto. Los partidos catalanes han argumentado su rechazo en el Catalangate y han acusado a los de Pedro Sánchez de no asumir responsabilidades.

"Si quieren conocer qué pensamos y qué vamos a votar, pregunten al CNI o a la ministra Robles", ha señalado la diputada republicana Montserrat Bassa. "Los independentistas no pueden regalar la estabilidad a un Gobierno que nos espía", ha ahondado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. "Este Ejecutivo no merece el voto de los independentistas ni de ningún grupo que quiera esclarecer el origen de este ataque a los derechos democráticos", ha apostillado el diputado cupaire Albert Botran. Estos dos últimos parlamentarios están incluidos en la lista de afectados por el espionaje a través del sistema israelí Pegasus.

Ferran Bel, portavoz del PDeCAT, también fue espiado, pero él y sus otros tres compañeros de formación han optado por votar a favor de la norma porque "afecta al bolsillo de los ciudadanos y las empresas". Eso sí, también ha reclamado una investigación en el Congreso más allá de las explicaciones que tengan lugar en la Comisión de Secretos Oficiales, constituida también este jueves tras este asunto.

Al respecto, su homólogo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha agradecido la "responsabilidad" de grupos que, pese a contar con políticos afectados en este caso (también en las filas de EH Bildu), han decidido apoyar el decreto o se han planteado hacerlo, pese a no hacerlo. "Espero que el Gobierno también demuestre esa responsabilidad. Ser progresista también es defender la democracia", ha sostenido dirigiéndose a Félix Bolaños toda vez que ha tildado el espionaje de "vergüenza democrática".

Desde el PP, Jaime de Olano, ha dicho que el Gobierno "no es de fiar" y lo ha tildado de "incompetente". Y, aunque no ha desvelado el sentido final del voto de su grupo parlamentario durante su intervención, ha criticado que no se haya aceptado "ninguna medida" remitida por su grupo al Ejecutivo. No obstante, más tarde, fuentes parlamentarias del grupo conservador ya han avisado de su rechazo a la norma por no incluirse ninguna de sus propuestas.

Por su parte, el diputado socialista Pedro Casares ha acusado a los de Alberto Nuñez Feijóo de "reírse de los españoles" por exigir rebajas fiscales pero también más ayudas y cuadrar las cuentas públicas, algo cuanto menos incompatible.