El Gobierno da un nuevo impulso a los Presupuestos Generales del Estado para 2025 con la aprobación este martes, por segunda vez, del límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, y los mismos objetivos de estabilidad y de deuda para las administraciones públicas que rechazó en julio el Congreso de los Diputados, aunque por el momento no tiene garantizados los apoyos para sacarlos adelante.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, han insistido esta semana en que habrá Presupuestos para el próximo año, una afirmación que pretende alejar el rumor de una nueva prórroga por falta de apoyos parlamentarios.

Fuentes gubernamentales han confirmado su intención de agotar la legislatura, incluso ante un hipotético rechazo de las Cortes a las cuentas públicas. Si esto ocurriera, el Gobierno podría prorrogar el Presupuesto de 2023 por segundo año consecutivo y no estaría obligado a convocar elecciones, como ocurrió cuando cayeron los presupuestos para 1996 y 2019, según remarcan distintas fuentes del Ejecutivo.

A finales del mes de julio, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, que es el primer paso para la aprobación de las cuentas públicas, tras el inesperado voto en contra de Junts.

Desde el Ejecutivo esperan poder llegar a acuerdos con Junts y les piden que, en esta ocasión, voten a favor de la senda fiscal, ya que es "buena" para Catalunya. Les recuerdan que esto no implica dar el visto bueno a los Presupuestos, aunque avisan de que, con o sin senda, el Gobierno va a presentar las cuentas públicas de 2025.

Será la cuarta vez este año que la Cámara Baja examina unos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 hasta en dos ocasiones, aunque finalmente esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Catalunya, y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.

Misma senda fiscal y de deuda

El Ejecutivo volverá a aprobar la senda fiscal rechazada en julio, que fija un objetivo de déficit público para del 2,5% en 2025, del 2,1% para 2026 y del 1,8% en 2027, además de recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%, plazo temporal que estará marcado por la reactivación de las reglas fiscales europeas, suspendidas desde 2020 por el covid-19.

Esta senda de déficit se asienta en unas previsiones de crecimiento económico del 2,4% este año, el 2,2% en 2025 y el 2% tanto en 2026 y en 2027, un año en el que la tasa de paro caería por debajo del 9%.

Por lo que respecta al límite de gasto no financiero o techo de gasto para el próximo año (que se debate pero no se vota) se situaba en el texto rechazado en julio en un récord de 195.353 millones de euros (que se elevaba hasta los 199.171 millones al incluir los 3.818 millones de fondos europeos).

Si la senda de estabilidad resulta aprobada en el Congreso, pasará al Senado. En caso de que la Cámara Alta la rechace (algo previsible dada la mayoría absoluta del PP), la Cámara Baja podría levantar este veto, aunque todo este proceso llevará algunas semanas.

También existe la posibilidad de que, como ocurrió en julio, el Congreso tumbe la senda de estabilidad y la devuelva al Gobierno, algo que según la vicepresidenta y ministra de Hacienda no impediría la presentación de las cuentas: "con senda o sin senda vamos a presentar Presupuestos", afirmó Montero este miércoles en el Senado.

Según apuntó la vicepresidenta, en caso de rechazo se aplicaría la senda vigente, que fija unos objetivos de estabilidad más estrictos para comunidades autónomas y ayuntamientos que los propuestos, pero más laxos para el Estado, que son los que afectan a los Presupuestos.