La reforma de la Constitución para sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad" ha dado este miércoles un paso importante en el Congreso. El Gobierno y el principal partido de la oposición se han emplazado a dar el impulso definitivo a dicha propuesta, que aguarda desde 2018 y que, pese al amplio consenso social y político, todavía no se había llevado a cabo en esta legislatura por los recelos del PP a abrir el melón constitucional.

La mesa de la comisión Constitucional, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos, decidió poner fin a la continua ampliación del plazo de enmiendas (finalizó el 21 de diciembre), que superó las 60 prórrogas, para dar salida a la propuesta del Gobierno de modificar el artículo 49 de la Carta Magna. Dicho sea de paso, la iniciativa ya fue consensuada por todos los grupos de la Cámara Baja en diciembre de 2018, pero este camino se vio asolado por la convocatoria de las elecciones anticipadas y la disolución de las Cortes.

En este sentido, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, se han emplazado a buscar "un texto pactado en los próximos días" en torno a esta cuestión. Es decir, "ceñir" la reforma al artículo 49 y no a otros planteamientos de otros grupos, en referencia a las enmiendas registradas por el PNV.

Y es que, la formación jeltzale ha aprovechado la ocasión para incluir en la reforma el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo vasco, la modificación del artículo 56 de la Constitución para limitar la inviolabilidad del rey y circunscribirla a sus funciones institucionales, y eliminar el artículo 155, entre otros cambios.

Pese a tratarse de una reforma "sencilla", como ha reconocido el titular de la Presidencia, ambas partes no han alcanzado este mismo miércoles un acuerdo, según ha explicado, en aras de buscar una redacción final que no solo aglutine a los dos principales partidos de la Cámara Baja, PSOE y PP, sino al resto de grupos parlamentarios, así como a las organizaciones más representativas del colectivo, como Cermi y la ONCE. "Queremos modificarlo, adaptar la terminología a los estándares internacionales y blindar sus derechos", ha remachado Bolaños en una rueda de prensa posterior en el Congreso.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha celebrado el acuerdo entre ambas partes para que el dictamen del Consejo de Estado sea "la guía" para abordar la reforma. "Debe ceñirse única y exclusivamente al artículo 49", ha reiterado la líder popular. Sobre los plazos para materializar el acuerdo, Gamarra ha asegurado que el PP le va "a dar prioridad" y que se irá viendo "en las próximas semanas". "Por nuestra parte no será", ha dicho Gamarra.

Los populares quieren que la reforma constitucional se haga conforme a un "marco" que tenga en cuenta "lo que significan el PP y el PSOE". Es decir, "haremos partícipes al resto de grupos", aseguran fuentes del PP, pero serán los dos grandes partidos quienes capitaneen la reforma. "Las reformas constitucionales se impulsan de una determinada manera", defienden desde Génova.