El Gobierno de Madrid financia con 300.000 euros las misas en las residencias públicas

Más de 300.000 euros para financiar "la asistencia religiosa católica" en las 25 residencias de ancianos públicas que hay en la Comunidad de Madrid. Es lo que se acordó este miércoles en el Consejo de Gobierno de la región. Así, continúa la relación entre el Ejecutivo madrileño y la Iglesia, aunque fuentes de la Consejería de Políticas Sociales avanzaron que este convenio se revisará y reducirá en 2020 según recoge El País. 

En el resumen de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso se concreta que "se aprueba un gasto de 304.868,79 euros para la asistencia religiosa católica en las residencias para mayores, por un período de nueve meses, hasta el 30 de septiembre de 2020". Además, en el texto se señala la que el gasto "deriva de la 21 prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad de Madrid y los obispos de las diócesis de Madrid". 

En concreto, los servicios pastorales se prestan a los residentes que libremente deseen acudir a ellos, en 25 residencias públicas de la región, donde son atendidos por 12 capellanes a jornada completa y 17 a media jornada. 

Solo para los residentes que no sean autónomos

El actual pacto que rige la relación entre la Iglesia y la Comunidad, se revisará de cara a 2021 por una doble vía, según explican desde la consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, dirigida por Alberto Reyero, de Ciudadanos.

En primer lugar, se reducirá el servicio a los centros en los que sus residentes no tengan autonomía, bajo el argumento de que el resto puede desplazarse a la parroquia más cercana para acudir a misa si así lo desean. Además, se evaluarán todos los centros para concretar si el servicio es necesario en la mayoría de residencias. En cualquier caso, el acuerdo seguirá vigente para atender a aquellos que no tengan la opción de desplazarse. 

Este no es el único convenio entre la Iglesia y el Gobierno de la capital. Ambas instituciones tienen acuerdos para preservar el patrimonio histórico, artístico y documental; para impartir cursos de formación a profesores de religión y moral católica que ejercen en centros docentes no universitarios; y ofrecen atención religiosa a menores y jóvenes internados.