El Gobierno llevará al Constitucional la derogación de la ley de memoria de Aragón
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha lamentado que el Gobierno autonómico haya rechazado asistir a la Comisión Bilateral planteada por su Ejecutivo.
El Gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón para que defienda la democracia y no vulnere los derechos de las víctimas del franquismo, como ha anunciado este viernes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
En declaraciones a los periodistas antes de un encuentro con expresidentes canarios en Tenerife, Torres ha lamentado que el Gobierno autonómico haya rechazado asistir a la Comisión Bilateral planteada por su Ejecutivo. Lo que sí ha agradecido es "el tono" de la carta pero sostiene que el Gobierno autonómico "se equivoca".
Torres ha indicado que la ley estatal, actualizada en 2022, hace mención específica sobre el respeto a los derechos humanos en el artículo 10.2 y que "todos los acuerdos ratificados por el Reino de España" tienen que defender los derechos humanos.
El Gobierno recuerda que tres relatores de la ONU ya exponen en un informe que Aragón debe modificar su ley
Argumenta además que no lo cuestiona solo su Gobierno sino que tres relatores de la ONU ya exponen en un informe que Aragón debe modificar su texto "para que no vulnere los derechos humanos, visibilice a las víctimas, condene la dictadura, defienda la democracia y proteja las libertades".
"Hay que defender la democracia y condenar las dictaduras"
Así, el ministro ha incidido en que, en base al informe del Consejo de Estado, acudirán al Constitucional y "a cualquiera otra institución superior que sea preciso para la defensa de los derechos humanos", ha subrayado Torres.
"Nos costó mucha sangre recuperar la libertad y la democracia y no podemos dar nada por sentado. Hay que defender la democracia que tenemos, hay que condenar la dictadura que padecimos, hay que defender los derechos humanos y a todas las víctimas, a las asociaciones que trabajan para ellas. Debemos hacerlo de la mano todas las administraciones públicas", ha destacado el ministro.
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