El Gobierno llevará al Congreso ante el Constitucional por no apoyar los vetos de Moncloa

MADRID.- El Consejo de Ministros ha acordado este viernes presentar ante el Tribunal Constitucional dos conflictos de competencias contra el Congreso por no haber parado la tramitación de sendas iniciativas legislativas del PSOE que, según el Ejecutivo, debían haberse retirado por suponer una alteración de los Presupuestos vigentes.

Fue el pasado 18 de noviembre cuando el Gobierno acordó pedir a la Mesa del Congreso que revocase su decisión de dar vía libre al debate de estas dos proposiciones de ley del PSOE, las cuales ya están en plena tramitación parlamentaria, pues fueron tomadas en consideración por el Pleno: una regula la paralización del calendario para la implantación de la LOMCE y la otra busca equiparar las condiciones laborales de los trabajadores propios con los de empresas subcontratadas.

En su reunión del 13 de diciembre, la Mesa del Congreso (por unanimidad en el caso de la LOMCE y con el voto en contra del PP en el de las subcontratas) se ratificó en su rechazo a los vetos del Gobierno, que tachó de "arbitrarios" y sin la suficiente justificación. La presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, comunicó la decisión al Ejecutivo en sendos escritos fechados el 20 de diciembre.

Con la recepción de estos textos en Moncloa, comenzó a correr el plazo de un mes que fija el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para la presentación de sendos conflictos de atribuciones. Es decir, el Gobierno tenía que ir al TC antes del 21 de enero y finalmente ha sido este mismo viernes cuando ha tomado la decisión de plantear este conflicto institucional.

En total, el Gobierno lleva pedida la paralización de 18 proposiciones de ley planteadas por la oposición o por parlamentos autonómicos y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría un coste de más de 15.000 millones de euros, según reveló la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En el caso concreto de la LOMCE, el Ejecutivo alega que su paralización conllevaría dejar de ingresar casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos.

De esos 18 vetos, la Cámara Baja ya ha aceptado una decena de ellos y de momento sólo ha rechazado dos de ellos, los que ahora el Ejecutivo ha decidido llevar al TC. Eso sí, el conflicto podría reproducirse en próximos meses porque hay varios que han quedado en suspenso, entre ellos una iniciativa de varios grupos de la oposición para subir las pensiones en 2017 y otra del PSOE para rebajar el llamado IVA cultural.

Moncloa se acoge a la legislación que establece que todas las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.

En cambio, en los escritos que no fueron aceptados por la Cámara Baja, el Legislativo alude a dos sentencias del Constitucional que defienden que la facultad del Gobierno para oponerse a la tramitación de iniciativas "no es absoluta", sino que está "constreñida por ciertos límites formales y materiales".

Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, el Gobierno no pretende "entrar en el fondo" de esas iniciativas, pues de hecho considera resuelto el tema del calendario de la LOMCE con el decreto ley que aprobó después Educación, sino que busca "asegurar su derecho constitucional de oponerse a cualquier iniciativa que implique aumento de gasto o disminución de ingresos".

A su juicio, poder frenar esas iniciativas es "una regla esencial del juego en cualquier Parlamento democrático" porque, en caso contrario, los Presupuestos Generales "no tendrían virtualidad" y podrían verse alterados por cualquier iniciativa.

El ministro ve "perfectamente normal" que existan discrepancias entre el Ejecutivo y el Legislativo y considera que, en estos casos, quien debe dirimir es el Tribunal Constitucional.

El enfrentamiento se podría reproducir cuando llegue al Parlamento el proyecto de Presupuestos Generales, pues el Ejecutivo tiene la misma capacidad de veto con respecto a enmiendas que supongan incremento de gasto o minorización de ingresos.

Este recurso por los vetos es segundo conflicto entre ambos poderes que llegue al Tribunal Constitucional. El primero, planteado por el Congreso ante la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a someterse al control de las Cortes mientras estuvo en funciones, se planteó en junio de 2016 y aún está pendiente de resolución.