Si de por sí la situación de crisis energética e inflacionaria ya lo requiere, la decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de eliminar el impuesto sobre el patrimonio, un impuesto que solo afecta a los 17.000 andaluces que más tienen (solo se aplica a fortunas superiores a los 700.000 euros), ha reavivado por enésima vez el debate sobre los impuestos, dando pie a una nueva batalla ideológica en medio del continuo clima de precampaña.

Esta cuestión marcará previsiblemente el debate en el Congreso de este jueves, cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defienda el límite de gasto no financiero (conocido como techo de gasto) para 2023, que asciende a 198.221 millones de euros (la cifra más alta de la historia), en lo que se considera el primer paso para la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado del próximo año.

Una semana después de que la Cámara Baja avalara tramitar los nuevos impuestos a la banca y las energéticas, a propuesta de los partidos que forman el Gobierno y después de meses de reclamo en el Parlamento en favor de una reforma fiscal progresiva, y tras la medida aprobada por el Gobierno andaluz (a imagen y semejanza del de la Comunidad de Madrid), el Ejecutivo ha llamado a "evitar" que se produzca la competencia desleal a la baja, es decir, el dumping fiscal.

Entre otras razones, ha explicado la titular de Hacienda este miércoles, porque "luego se le pide dinero al Gobierno cuando uno [en referencia a las comunidades gobernadas por el PP], en el ejercicio de sus competencias, baja la recaudación". "Se sacrifican 120 millones de recaudación para la sanidad, la educación o la dependencia para favorecer al 0,2% de los ciudadano andaluces", ha apuntado Montero en los pasillos del Congreso.

Lejos de la recentralización fiscal que deslizó este martes el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, Montero ha puntualizado que la armonización fiscal entre comunidades autónomas "pasa por el margen que tienen" estas administraciones y encontrar una "horquilla" que se considere "lógica" para "hacer que no sea posible la competencia fiscal a la baja".

Asimismo, un día antes de llevar a los grupos el nuevo techo de gasto récord del Gobierno de coalición por tercer año consecutivo, la ministra de Hacienda ha reconocido que se estudia la posibilidad de "pedir un esfuerzo a aquellos que consideramos que están en condiciones de hacerlo", es decir, ha abierto la puerta a nuevos impuestos a las grandes fortunas.

Suspensión de las reglas fiscales

Después de estas declaraciones, otras formaciones de izquierdas, entre ellas sus socios en el Gobierno y otros aliados parlamentarios, aprovecharán el debate de este jueves para poner en valor la necesidad de "pasar de la retórica a los hechos" en un momento de extrema dificultad para los ciudadanos y ante unas previsiones económicas pesimistas.

Como ha ocurrido en los últimos cursos a raíz de la cláusula de salvaguarda aprobada por las autoridades europeas, el Congreso avalará previsiblemente mantener suspendidas las reglas fiscales al considerar que existe una situación excepcional. Si bien, a diferencia de otras ocasiones, ya no se plantea suspenderlas por la pandemia, sino por la crisis energética y de precios desencadenada por la invasión rusa de Ucrania.

El actual contexto, sumado al escenario que deje la suspensión de las reglas fiscales cuando llegue a su fin, lleva a los grupos a plantear nuevas fórmulas en materia fiscal. Así, coincidiendo con el debate sobre el techo de gasto, no solo entrarán de nuevo en escena propuestas reivindicadas de sobra por los grupos a la izquierda del PSOE, como los impuestos a las grandes fortunas.

También, aprovechando el nuevo ejemplo de competencia desleal entre comunidades por la "política caviar", como ha delimitado el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, se pondrá sobre la mesa la idea de establecer tipos mínimos de patrimonio y sucesiones, tal como ha apuntado además Unidas Podemos, en aras de alcanzar la tan ansiada armonización fiscal entre territorios.

Y por supuesto, especialmente las formaciones regionalistas e independentistas de la Cámara Baja, urgirán nuevamente a la ministra de Hacienda la necesidad de acometer ya la reforma del sistema de financiación autonómica, un melón que el Gobierno sigue sin abrir. De hecho, de no hacerlo, puede llegar a suponer uno de los grandes incumplimientos de la legislatura por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.