El año pasado la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI), que depende del Ministerio de Hacienda y Función Pública, inició 14 procedimientos sancionadores contra altos cargos que habrían incumplido la ley de transparencia. ¿Quiénes eran estos altos cargos? ¿Cómo se habrían saltado la ley? ¿Cómo han terminado estos expedientes y qué sanciones se han puesto? No lo sabemos.

La OCI no hace públicas las sanciones que impone a los altos cargos que no cumplen con sus obligaciones —con alguna excepción que se recoge en el BOE—. A pesar de que tanto el Consejo de Transparencia como la Justicia —Tribunal Supremo incluido— han resuelto en diversas ocasiones que la información de todas las sanciones tiene que ser pública, el Gobierno ha vuelto a acudir a los tribunales para que siga oculta.

El papel de la Oficina

La Oficina de Conflictos de Intereses se encarga del control legal de las posibles incompatibilidades de los trabajadores de la Administración y de velar por el cumplimiento de la ley por parte de los altos cargos. Este organismo tiene entre sus competencias sancionar a los altos cargos de la Administración estatal que no cumplan con lo que les exige tanto la ley de transparencia como la ley del alto cargo.

La ley de transparencia, por ejemplo, obliga a los altos cargos a la entrega de su declaración de bienes. También establece otros criterios de actuación para los altos cargos y en base a estos impone infracciones a quienes los incumplan. Por ejemplo, debido al "abuso de autoridad en el ejercicio del cargo". La ley del alto cargo impone sanciones para otros casos, como "el incumplimiento de las normas de incompatibilidades" o "la presentación de declaraciones con datos o documentos falsos".

La ley del alto cargo, eso sí, establece que las infracciones graves, cuando ya son firmes —ya que los sancionados pueden recurrir—, se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el caso de los incumplimientos de la ley de transparencia, en cambio, la OCI puede decidir si opta por su publicación en el BOE o no. Así que ni siquiera todas las infracciones más graves acaban siendo públicas.

En los últimos años solo cuatro sanciones a altos cargos han acabado en el BOE. Son los casos de Ricardo Melchior Navarro, que era presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Luis Hernández Ferrero, que era inspector general de Sanidad de la Defensa, María Almudena Muñoz Guajardo, que era directora general de Casa del Mediterráneo, y Marta Plana Drópez, que era consejera de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

La solicitud de 'Público'

En julio de 2022 Público solicitó, al amparo de la ley de transparencia, el listado de todos los altos cargos y ex altos cargos de la Administración General del Estado (AGE) que han sido sancionados por la Oficina de Conflictos de Intereses. Este medio pedía conocer el nombre del alto cargo, qué incumplimiento había realizado y qué sanción se le había impuesto, entre otros datos.

El plazo que marca la ley de transparencia para resolver una petición de información pública es de un mes, pero se puede ampliar en otro en el caso de que la información sea compleja y haga falta recopilarla. La Oficina aplicó la ampliación, pero aún así, no respondió hasta octubre, incumpliendo también el plazo extendido.

Además, a pesar de que esa ampliación del plazo está recogida en la ley para poder recopilar la información solicitada y entregarla, la Oficina no dio a Público lo que había pedido. Tras recibir las consideraciones de los posibles terceros afectados a los que se les permitió alegar —es decir, de los altos cargos sancionados que se podrían ver afectados al hacerse público ese listado— la Oficina únicamente informó de esos cuatro altos cargos sancionados cuyos casos ya se habían recogido en el BOE y, por lo tanto, ya eran públicos.

Informes anonimizados

La postura de la Oficina de no entregar la información contrasta con las decisiones adoptadas por el Consejo de Transparencia e incluso la Justicia, que ya han resuelto en varias ocasiones que estos datos deben ser públicos. De hecho, así lo resolvió el Tribunal Supremo en 2022 —en una sentencia ya firme— al dar la razón al Consejo de Transparencia en que los informes que la OCI envía al Congreso recopilando estas sanciones se debían hacer públicos, después de que lo solicitara El País.

A pesar de lo establecido por el Supremo —que daba la razón a una sentencia anterior de la Audiencia Nacional—, la Oficina ha seguido publicando los informes —que entrega al Congreso de los Diputados cada seis meses analizando el cumplimiento de la ley por parte de los altos cargos— con la información de quiénes son los altos cargos sancionados anonimizada. Por todo ello, Público decidió reclamar la resolución de la Oficina y volver ante el Consejo.

El Consejo insiste: debe ser público

El Consejo de Transparencia, ante la reclamación de Público, ha reafirmado su postura. El Consejo entiende en su resolución —ya de mayo de 2023— que los precedentes ante la Justicia son claros y se debe aplicar el mismo criterio. Así, el organismo instó a Hacienda a entregar la información. La Oficina, en un primer momento, decidió no entregar lo solicitado por Público alegando la protección de los datos personales de los altos cargos.

Pero el Consejo, reafirmándose en lo que ya había establecido anteriormente y dando la razón a este medio de comunicación, entiende que, en este caso, al tratarse de sanciones a altos cargos, el interés público de lo solicitado y la rendición de cuentas de su actuación prevalece por encima de la protección de sus datos personales. Especialmente debido a "la responsabilidad que conlleva y la relevancia de las funciones que desempeña" una persona de esa posición en la Administración.

El Consejo cita la sentencia anterior del Supremo, que explicaba que las identidades de los altos cargos son públicas y que el hecho de que algunas sanciones no se publiquen en el BOE no quiere decir que esa información no deba ser pública. El Tribunal Supremo era claro y resolvió que los altos cargos sancionados debían "ceder su derecho a la protección de datos".

Vuelta a los tribunales

A pesar de ello, la Oficina de Conflictos de Intereses, dirigida por Flor María López, no ha cumplido con la resolución y no ha dado a Público la información que este medio había solicitado y que el Consejo de Transparencia había resuelto que debía ser entregada. El plazo que había marcado el Consejo acababa el pasado mes de junio.

En su lugar, el Gobierno, representado por la Abogacía del Estado, ha recurrido la resolución del Consejo ante la Justicia para poder seguir ocultando la información. Los tribunales deberán ahora volver a posicionarse sobre este caso.

Las sanciones a altos cargos se suman a la larga lista de expedientes de información que el Gobierno ha llevado a los tribunales en lugar de hacer públicos como había resuelto el Consejo de Transparencia. Hacienda, por ejemplo, también ha recurrido a la Justicia, tras una petición de Público, para que se mantenga oculto el número de afiliados real de cada partido político.