El Gobierno confía en que el próximo mes de septiembre se apruebe la modificación del Estatuto de los Trabajadores con el objetivo de proteger a los trabajadores de las empresas subcontratadas, como es el caso de las 'Kellys' —'Las que limpian' habitaciones de hoteles—. Si finalmente recibe el visto bueno, este sería el primer cambio legal que mejorará las condiciones de este colectivo que lleva meses denunciando "precariedad" y "explotación laboral".

La propuesta de reforma, que está en fase de ponencia dos años después de su registro en el Congreso por parte del PSOE, se limita a modificar el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores para establecer la obligación de garantizar tanto a empresas contratistas como subcontratistas las condiciones laborales previstas en el convenio colectivo aplicado a la empresa principal. Actualmente los grupos buscan, a puerta cerrada, dejar la ley lo más cerrada posible antes de la votación definitiva de las enmiendas que no hayan sido incorporadas.

"En septiembre se aprobará probablemente esa modificación del 42.1 del Estatuto y estamos trabajando en las enfermedades profesionales", han manifestado fuentes gubernamentales. Tanto la reforma del artículo 42.1 del Estatuto como la ampliación del catálogo de enfermedades profesionales han sido las medidas que "como mínimo" el colectivo ha reclamado desde que sus representantes alzaron la voz para denunciar su precaria situación.

De hecho, el propio Pedro Sánchez pidió al entonces líder del Ejecutivo Mariano Rajoy que tradujera estas quejas en modificaciones legislativas para poner fin a las condiciones de explotación, después de que el 'popular' recibiese a cinco de sus representantes en La Moncloa. Fuentes del Gobierno han señalado que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se reunirá con representantes de las Kellys, "justo al volver de vacaciones".

Estas mismas fuentes han recalcado que el Gobierno ya ha puesto en marcha el Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020 que incluye campañas específicas de la Inspección de Trabajo para los colectivos especialmente afectados por la descentralización productiva dirigidas al sector de limpiadoras de hoteles y camareras de piso.

"Va a haber una mejora particular en el sector de la hostelería", han subrayado, abogando por recuperar la modalidad del contrato fijo discontinuo con el objetivo de reducir la temporalidad.

Las Kellys confían en el PSOE

Por su parte, la presidenta de la asociación Las Kellys, Myriam Barros, ha asegurado que, además de reunirse con Maroto, el colectivo quiere regresar a la Moncloa, esta vez con Pedro Sánchez al frente. Pero ha señalado que de momento "todo está parado".

"Confiamos en el PSOE y esperamos que nos reciban en septiembre", ha remarcado, defendiendo que el colectivo seguirá luchando para conseguir "pequeños grandes logros que vayan haciendo la vida de los trabajadores un poco mejor". De hecho, las camareras de piso del Hotel Be Live Experience han decidido iniciar una huelga indefinida a partir del 23 de agosto para denunciar su externalización.

Mientras tanto, desde el colectivo siguen denunciando públicamente "abusos" y "explotación" que sufren muchas de las trabajadoras. De hecho, recientemente una de ellas ha interpuesto una denuncia contra una gobernanta —la que dirige el trabajo que realiza el personal de limpieza— en un hotel de Galicia.

Según el acta de denuncia verbal, la gobernanta cuestiona la baja médica de una de sus trabajadoras, que cuenta con un parte médico de baja por incapacidad temporal cuyo diagnóstico es trastorno de ansiedad generalizado. La denunciante, que sigue de baja a la espera de juicio, presentara varios moretones en su cuerpo porque, según asegura el colectivo de las Kellys, en el hotel Louxo "las obligan a fregar de rodillas".

El colectivo de Madrid ha señalado directamente a la Empresa Serviguide para la que trabaja la gobernanta. "Es muy habitual tal abuso de poder", han aseverado desde las kellys, que también precisando que en muchas ocasiones las encargadas "están presionadas" por la empresa subcontratada.

Propuesta encallada en el Congreso

El inicio de los trabajos en el Congreso para reformar el Estatuto con el objetivo de proteger a los trabajadores de las empresas subcontratadas llegó a estar previsto en septiembre de 2017. Pero los socialistas optaron por cancelarla ante el abandono de los diputados de Esquerra Republicana y el PDeCAT al iniciarse las detenciones de cargos políticos en Catalunya, relacionadas con la celebración del referéndum de independencia del 1 de octubre. Sin esos grupos en la Comisión de Empleo, el PSOE temía que no hubiera mayoría suficiente para asegurar la tramitación.

Meses después, a pesar de que los diputados de estas formaciones volvieron a la actividad de las comisiones, la ponencia seguía suspendida, a la espera de que el PSOE solicitara su celebración. Una reanudación que fue reclamada por varios colectivos, como el de las 'Kellys' de hoteles, que acudieron al Congreso para instar a PSOE y Unidos Podemos acuerdos para acelerar la tramitación.

Esta proposición de ley, que se registró en agosto de 2016, ya tuvo un primer bloqueo al ser vetada por el Gobierno de Mariano Rajoy, alegando que alteraba su política presupuestaria. El PP no logró parar su tramitación en la Mesa del Congreso al quedarse en minoría frente a PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, y el escrito del Ejecutivo fue ignorado, celebrándose un debate de totalidad en diciembre de ese año.