El Gobierno dice que "en legislatura y media" podrían exhumarse todas las fosas y recuperar los restos de 25.000 víctimas

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, ha señalado este martes en el Congreso que "en legislatura y media" —es decir, en unos seis años— se pueden haberse exhumado todas las fosas comunes que hay en España y haberse recuperado restos de entre 20.000 y 25.000 víctimas para que puedan ser entregados a sus familias. 

Ha indicado que el presupuesto previsto en 2023 para estas labores asciende a 6,3 millones de euros. Así lo ha expuesto durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para detallar las partidas que el proyecto de cuentas públicas para 2023 ha consignado a su secretaría de Estado, dependiente del Ministerio de la Presidencia.

Martínez ha explicado que ya se han exhumado unos "12.000 y pico cadáveres" que estaban enterrados en unas 500 fosas. Se han localizado no solo a republicanos civiles, también a personal militar que se está estudiando. De hecho, el alto cargo de Presidencia ha recordado que al principio de la Transición se inició el proceso de exhumaciones, pero que hasta 1984 se hizo sin ningún "rigor histórico", ya que no se identificaban genéticamente los restos.

Mientras, desde el año 2000 se han estudiado unas mil fosas, con identificaciones de unos 12.000 cadáveres. Pero en la actualidad quedarían por identificar restos de entre 20.000 y 25.000 personas para que sean entregados a sus familiares.

El secretario de Estado ha puesto en valor las labores de exhumación llevadas a cabo durante el Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, ha señalado que, durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, en seis años, hubo actuaciones en 177 fosas. Cifra que contrasta con las 504 en las que se ha actuado en los dos últimos años.

Martínez López también ha anunciado que el Gobierno lanzará en las próximas semanas una nueva página web del Valle de Cuelgamuros, como pasará a denominarse el Valle de los Caídos en cuanto entre en vigor la nueva Ley de Memoria Democrática, y que ha reservado medio millón de euros para la exhumación de víctimas del complejo.

Resignificación del valle de los caídos

Según ha detallado Martínez, hasta ahora se han solicitado 110 desenterramientos de víctimas de los dos bandos, aunque todos estos procedimientos siguen paralizados por mandato judicial.

La resignificación de ese espacio es otra de las tareas que encomienda la nueva ley y para llevarla a cabo el Gobierno va a convocar un concurso de ideas internacional para el diseño de centro de interpretación que se ubicará allí.

Por lo pronto, hay un grupo de investigadores de la Universidad de Barcelona centrado en estudiar, entre otras cosas, el acarreo de cadáveres desde distintas partes de España al Valle de los Caídos. De los 33.800 que hay ahí inhumados se calcula que unas 12.000 procedían de fosas comunes de las que se sacaron cuerpos sin permiso de sus familiares.

No se derruirá la cruz

Martínez ha recalcado al diputado de Vox Francisco José Contreras que "no se preocupe" porque "no se va a destruir la Cruz del Valle de Cuelgamuros" y ha acusado a su partido de "intoxicar" y "manipular" sobre esta cuestión.

El mismo reproche ha hecho al diputado del PP Vicente Mateu, al que ha subrayado que "es falso" que se vayan a investigar las vulneraciones de derechos humanos hasta 1983, en virtud del pacto alcanzado con Bildu a cambio de su apoyo a la Ley de Memoria Democrática.

En este contexto, ha dejado claro que ley contempla el derecho a la investigación por parte de un fiscal de sala de esas violaciones en el periodo que va de la Guerra Civil a la promulgación de la Constitución de 1978. A su juicio, cosa distinta es que se vaya a crear una comisión para reconocer víctimas de vulneraciones sufridas por la gente que luchó por la libertad incluso después de la promulgación de la Carta Magna.

Respecto al presupuesto de la secretaría de Estado para 2023, ha explicado que contará con 13,95 millones de euros, un presupuesto "histórico". Para las exhumaciones de víctimas de la guerra y la represión posterior se reservan 6,35 millones, en los que se incluyen transferencias a comunidades autónomas y también a entidades locales.

En concreto, habrá unos tres millones para las comunidades autónomas y la financiación a las entidades locales será por una doble vía: un millón a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para fosas pequeñas o medianas, otros 650.000 euros para grandes fosas (de más de mil cadáveres). En concreto, serán 275.000 euros para la gran fosa de Jaén, otros tantos para la de Ciudad Real y otros 100.000 para la de Huelva.

El proyecto de Presupuestos también prevé un millón de euros para que la Administración General del Estado pueda hacer uso de la facultad que le confiere la nueva Ley de Memoria para contratar directamente servicios para completar exhumaciones que hayan iniciado otras administraciones si el Estado considera estas fosas de "carácter estratégico".

Censo de víctimas y exposiciones

Para la convocatoria de subvenciones para entidades y asociaciones memorialistas habrá un millón de euros, a la elaboración de un Censo General de Víctimas se destinan 300.000 euros.

Para el año que viene también se ha programado una exposición sobre La generación del cambio y los estudiantes antifranquistas y también se organizará otra sobre la I República coincidiendo con los 150 de su proclamación.

Martínez ha destacado que la memoria democrática española se remonta al liberalismo de las Cortes de Cádiz y ha anunciado la conmemoración de los 200 años del Trienio Liberal con una exposición. También ha avanzado que se tienen que declarar "lugares de la memoria liberales" enclaves como la sede de las Cortes de Cádiz, el monumento a Mariana Pineda de Granada, al General Torrijos en Málaga o a los Mártires de la Libertad en Almería.