El Gobierno desactiva los regalos fiscales del PP a los ricos con su impuesto a las grandes fortunas

Un freno a las tentaciones del PP de seguir con la espiral fiscal que rebajaba los impuestos a las rentas más altas. Esta es una de las conclusiones que se extraen del nuevo impuesto a las grandes fortunas presentado este jueves por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es una de las principales novedades del paquete fiscal acordado entre los dos socios del Gobierno. Y viene a responder de forma directa a decisiones como la tomada hace unos días en Andalucía por Juanma Moreno Bonilla sobre el impuesto del patrimonio. 

El presidente andaluz se sumó a la Comunidad de Madrid liderada por Isabel Díaz Ayuso para eliminar el impuesto de patrimonio, de aplicación autonómica. Es decir, las rentas más altas dejarían de pagar este tributo, que genera una importante recaudación para las arcas públicas. El Gobierno de Pedro Sánchez se mostró enseguida muy crítico con esta medida. "Generará recortes para la ciudadanía y afectará al Estado del Bienestar", señalaron desde las filas socialistas. "Nos sentimos cómodos con este debate", destacaban en Moncloa. 

La batalla fiscal estaba servida, más en mitad de unas negociaciones presupuestarias. El Ejecutivo maniobró de manera rápida. Apenas dos días después la propia Montero afirmaba que se estaba explorando un impuesto a las grandes fortunas. Una reivindicación que exigían desde hace tiempo en las filas de Unidas Podemos. La contraofensiva se había iniciado. 

Tras diferentes tiras y aflojas en el seno de la coalición, en poco más de una semana se ha podido presentar el nuevo paquete fiscal. Y ahí entra el denominado "impuesto de solidaridad de las grandes fortunas". La nueva tasa afectará a patrimonios superiores a los tres millones de euros, será temporal y se aplicará en 2023 y 2024.

El Gobierno ha establecido tres tramos: tributarán al 1,7% los patrimonios entre tres y cinco millones de euros; al 2% quienes tengan entre cinco y diez millones, y para patrimonios de más de diez millones será un 3,5%. El impuesto afectará a 23.000 contribuyentes y tendrá un impacto potencial de 1.500 millones de euros para las arcas públicas.

Pero además, el nuevo impuesto anula en la práctica las decisiones de Moreno Bonilla y Díaz Ayuso. Y puede hacer frenar intenciones similares sobre el impuesto de patrimonio en territorios gobernados por el PP como Galicia. Desde el Gobierno explican que se evitará "la doble imposición" ya que "la cuota abonada por el Impuesto de Patrimonio será deducible en el nuevo impuesto". 

En lenguaje más sencillo: este nuevo impuesto se aplicará esencialmente en los territorios donde no haya ya establecido un impuesto de patrimonio, que tiene un carácter y objetivo similares. Y donde haya bonificaciones, como es el caso de Galicia, donde hay anunciada una del 50%, el impuesto se aplicaría y se deduciría la mitad. Es decir, pone a los populares contra las cuerdas y les obliga a decidir si siguen con sus planes y si cobran a nivel autonómico ese tributo o dejan que a las grandes fortunas de sus territorios se les aplique el impuesto estatal. 

En el Ministerio de Hacienda reconocen que puede haber "conflictividad", incluso jurídica si algunos territorios deciden dar la batalla. "No de puede decir que no vaya a suceder", reconocen fuentes ministeriales. En ese sentido, el Gobierno ha querido blindarse asegurando que no haya un doble impuesto. Pero eso no quita para que se pueda producir una "lucha competencial entre territorios". "Es un ámbito para la discusión jurídica", afirman en Hacienda. 

De hecho, el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty, ya ha avanzado que su Gobierno estudiará la posibilidad de llevarlo ante el Tribunal Constitucional. "Es un hachazo fiscal", ha afirmado. 

Otras medidas para las rentas altas

En su afán por presentar un modelo fiscal claramente diferenciado de los populares, el Gobierno ha sacado también pecho de otras recientes medidas anunciadas y destinadas a gravar a las rentas más altas y a hacer "un reparto equitativo" de los costes de la crisis. En primer lugar se anunció el pasado verano un impuesto a las grandes empresas energéticas, así como a las entidades financieras. Algo que ya levantó la guerra ideológica con el PP en su momento.

Y dentro del nuevo paquete anunciado este jueves se incluyen también medidas como la fijación de un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades. Sobre el IRPF, se sube el gravamen al 27% de las rentas superiores a los 200.000 euros anuales. También para las grandes empresas se ha establecido la limitación en un 50% de la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales en los grupos consolidados.

La medida está solo dirigida a grandes empresas con volumen de negocio de 200 millones de euros. Representa a 3.609 empresas, el 0,2% de declarantes del Impuesto de Sociedades. A su vez se han establecido medidas de alivio fiscal mediante IRPF y Sociedades tanto para rentas bajas como para pequeñas empresas. 

"No hay justicia fiscal sin justicia social", dijo Sánchez desde Nueva York la semana pasada. La frase parece haberse convertido en uno de los lemas de Moncloa para paliar los efectos de la crisis y mirando ya hacia 2023, año electoral.