MADRID.- Cuando la creencia general era que la actividad pública dignificaba -o debía hacerlo- a quien la ejercía al tratarse de un servicio a los ciudadanos, según el Gobierno, se trata de lo contrario. Tras conocerse que el embajador de España en Reino Unido y exministro de Defensa, Federico Trillo, y el diputado y portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez-Pujalte, cobraron decenas de miles de euros por asesorar a una constructora en su etapa de parlamentarios, el Ejecutivo ha intervenido en el debate abierto sobre las compatibilidades de Sus Señorías con respecto a las actividades privadas que pueden realizar siendo legisladores públicos.

Si el PP ha asegurado que la ley de incompatibilidades actual es demasiado restrictiva para los parlamentarios y que compaginar el ejercicio de una profesión privada con el cargo público resulta positivo para el diputado o senador, el Gobierno ha ido un poco más allá al señalar hoy la vicepresidenta que el ejercicio público puede llevarse "por delante" la actividad profesional del parlamentario, incluso, "su prestigio" al tener que tomar a veces decisiones impopulares.

Para Soraya Sáenz de Santamaría, lo más importante es que a la política accedan personas con experiencia y bien preparadas y el hecho de "limitar con determinadas medidas" el ejercicio privado puede echar para atrás la vocación pública. Se trata, ha asegurado la número dos del Gobierno, de que se organice cómo se reincorporan "al sector del que procedían" los cargos públicos, para lo cual hay que abordar un debate "conjuntamente" para satisfacer el deseo de todos, "actores políticos con la mayor experiencia posible".

La portavoz del Ejecutivo ha hecho hincapié, además, en que no se trata de si los diputados y senadores cobran o no lo suficiente, que es un debate diferente, en su opinión.