En noviembre del pasado año, PSOE y Junts acordaron favorecer la investidura de Pedro Sánchez. Lo hicieron tras una serie de acuerdos relacionados con Catalunya y especialmente sobre impulsar la ley de amnistía. En dicho documento se hacía referencia, al final del mismo, a acordar "la estabilidad de la legislatura". Este punto es al que apelan en las filas socialistas para seguir confiando en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) salgan adelante.

La relación entre Junts y el PSOE ha sido un continuo tira y afloja desde que comenzó la legislatura. En ese contexto además se han topado de frente con las maniobras judiciales para no aplicar la ley de amnistía, sobre todo a Carles Puigdemont. La literalidad del pacto compromete a lo siguiente: "la estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados en el punto segundo".

En el partido independentista consideran que el Gobierno no ha hecho todo lo posible para que la ley se cumpla al cien por cien. Pero el PSOE insiste en que ellos han cumplido los acuerdos y esperan reciprocidad. En este sentido, según avanzó El Periódico de Catalunya y ha podido confirmar Público, ambos partidos avanzan en la negociación para el traspaso de las competencias de migración a Catalunya. 

Esta exigencia de Junts no estaba incluida en el pacto de investidura, sino que se acordó meses después a cambio de que la fuerza independentista no dejara caer varios decretos económicos en el mes de enero. El partido de Puigdemont desliga este asunto de la aprobación de las cuentas públicas pero en el PSOE insisten en que el marco global de cumplimiento de acuerdos lo están llevando a cabo.

Las reacciones a la publicación no se hicieron esperar. Primero, por parte del Gobierno. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, destacó que las competencias de control de fronteras y de inmigración son una competencia exclusiva del Estado y del Gobierno.

Y Puigdemont enlazó directamente la información en sus redes sociales con críticas al PSOE. "Alguien se ha pasado de listo, porque eso no es así. Solo avanzaremos si Catalunya recibe la delegación integral de las competencias en inmigración, que es lo que acordamos", afirmó. También desligó este asunto de las negociaciones para los PGE: "Si alguien tenía planificado empaquetar los incumplimientos acumulados para resolverlos a su favor en una negociación presupuestaria, también se equivoca".

En Junts insisten en que ellos no forman parte de ningún bloque, ni de investidura ni de oposición. Por ello, según su visión, no estarían obligados a votar a favor o en contra de nada por sistema sino que negocian cada tema en función de los intereses de Catalunya.

Mientras tanto, esta última semana se ha vuelto a visibilizar la presión a la que someten desde Junts al Gobierno. La portavoz de la formación catalana en el Congreso, Míriam Nogueras, lanzó un mensaje claro el miércoles sobre la aprobación del techo de gasto, antesala de los PGE. Su partido ya tumbó este trámite en el mes de julio y podrían seguir el mismo camino en las próximas semanas, una vez aprobado de nuevo en el Consejo de Ministros el pasado martes.

En Moncloa asumen ya como real esta posibilidad. Creen que Junts tensiona al máxima todas las votaciones y deja las incógnitas abiertas sobre sus votaciones hasta el último momento. Ha sido la tónica habitual durante todos estos meses y nada indica que vaya a cambiar. Esta visión es compartida por algunas de las fuerzas aliadas de la coalición progresista.

En todo caso, si el techo de gasto se vuelve a tumbar entraría el que hay actualmente en vigor y que sirvió para elaborar los PGE de 2023. No habría un freno definitivo a las cuentas públicas aunque en Moncloa insisten en que los objetivos actuales son mucho más beneficiosos para las comunidades autónomas y ayuntamientos que los de hace dos años. 

En las filas socialistas hay cierta mezcla de escepticismo, hartazgo y pesimismo por las actitudes de Junts. Pero, al mismo tiempo, todavía dejan una rendija a la esperanza para que se sumen a la aprobación de los PGE aunque sea de manera agónica. Si finalmente eso no sucediera, los socialistas llevan semanas preparando la justificación de que una prórroga no sería un asunto dramático y que continuará la legislatura, en todo caso. 

Por su parte, desde Sumar están ahora centrados en negociar con el PSOE las cuentas públicas. No contemplan otro escenario que no sea aprobar unos nuevos PGE. Es algo que comparten otras fuerzas aliadas del Gobierno, conscientes en todo caso de los esfuerzos que deben realizarse para que salgan adelante. 

Congreso de Junts

La celebración del Congreso de Junts, que coincide además con el del PSOE, marca los tiempos en este contexto. De ello son conscientes en Moncloa, que confían en que la estrategia del partido catalán cambie tras su cónclave y sea más proclive a pactar con ellos sin tanta tensión latente. Los tiempos son los que son, y crece cada vez más la sensación de que, en caso de que llegara la aprobación de los PGE, no será antes de final de año y los plazos se alargarán.