Fuentes de los dos partidos que componen el Ejecutivo de coalición coinciden en que es crucial y diferencial aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Se refieren a que no hacerlo vendría a dar la razón a la oposición y demostraría que la complejidad aritmética de la legislatura es insalvable y no permite a Pedro Sánchez desplegar su acción de Gobierno. Es una lógica que, en cualquier caso, abre una ventana de oportunidad también a nivel de relati para el Ejecutivo. Aprobarlos constituiría un antes y un después. "Unos Presupuestos", señala una fuente de Sumar, "legitiman al Gobierno y le permite tirar hacia adelante".

Negociar con éxito, por primera vez en la legislatura, unas cuentas públicas sería un buen punto de apoyo para el Gobierno. Aliados parlamentarios y oposición criticaron muy duramente que Sánchez prorrogara las de 2023 y renunciara a pelear las de 2024, a las que renunció con la convocatoria de elecciones en Catalunya. De hecho, varias formaciones amigas del Ejecutivo en el Congreso de los Diputados también vinculan directamente la continuidad de este mandato a que haya Presupuestos.

Eso explica la celeridad con la que, tras el fracaso con los Presupuestos de 2024, tanto el presidente del Gobierno, como María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, salieron a recalcar que ya se estaban colocando las primeras piezas para empezar las conversaciones de cara a los de 2025.

Para salir adelante, los Presupuestos tendrán que contentar muchas sensibilidades. Ya a mediados de junio, saltaron las primeras discrepancias entre Sumar y PNV o Junts per Catalunya en lo referente a los impuestos a la banca y las eléctricas, que los jeltzales y posconvergentes quieren retirar, mientras que Sumar propone convertirlos en permanentes. Es solo uno de tantos escollos a los que se enfrentará el Gobierno en el proceso de negociación. En julio, Junts  tumbó la senda de déficit, primer paso para aprobar los Presupuestos, y arruinó las esperanzas del Gobierno de empezar con buen pie. También complica las cosas el acuerdo entre los socialistas y ERC en términos de financiación autonómica.

¿Qué pasos tiene que seguir el Ejecutivo?

Una vez los presenta el Gobierno, los Presupuestos caen en el tejado de las Cortes Generales. Si la fase previa ya es bastante compleja, en el apartado parlamentario llegan las curvas realmente pronunciadas. 

Hay que entender que los Presupuestos funcionan a todos los efectos como un proyecto de ley, de modo que los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas a la totalidad. En principio, si Sánchez y Montero tienen bien amarradas las cuentas, al menos, con sus aliados en el Congreso de los Diputados ―entendiendo por "aliados" a los partidos que conformaron el bloque de investidura―, no debería de haber ningún problema. Si, por alguna razón, prosperara una eventual enmienda a la totalidad, los Presupuestos volverían a la fase anterior y el Ejecutivo tendría que modificarlos. 

La negociación de los Presupuestos es una de las más esperadas por parte de los grupos por las contrapartidas que pueden obtener. Lo más lógico, en cualquier caso, es que no prospere ninguna enmienda de ese tipo. Será entonces cuando se abra un nuevo período, en este caso, de enmiendas al articulado y a las secciones.

Con esas últimas, los grupos parlamentarios pueden modificar las partidas destinadas a cada ministerio. Una vez se registren y negocien esas enmiendas, la ponencia de la comisión parlamentaria dedicada a moldear los Presupuestos emitirá un informe con las enmiendas que se hayan conseguido pactar y, a continuación, la propia comisión ―en este caso, con la participación de todos sus miembros― debatirá las enmiendas que no se hayan conseguido acordar. Con todo, dicho órgano presentará el dictamen, que se votará en el Pleno del Congreso.

En esa sesión, sin embargo, también se someterán a votación las enmiendas que se mantengan vivas, es decir, aquellas que no se hubieran podido incorporar a los Presupuestos en su paso por comisión. Tras todo ese proceso, saldrá un texto ―o bien, exactamente el mismo que emitió en su dictamen la comisión, o bien uno nuevo con alguna enmienda extra incorporada― que se enviará al Senado.

En la Cámara Alta, la mayoría parlamentaria de la que goza el Partido Popular (PP) podrá aprobar los Presupuestos, presentar enmiendas o vetarlos. Parece difícil imaginar un escenario en el que los de Alberto Núñez Feijóo no aprovechen la oportunidad para persistir en su misión de debilitar el Gobierno de Pedro Sánchez. Si se produce ese veto, el texto volverá el Congreso de los Diputados, que tendrá la última palabra para aprobarlos de forma definitiva.

Polémica con la senda de déficit

Antes de todo ello, el Ejecutivo tendrá que tratar de sacar adelante la senda de déficit. Lo primero será conseguir que la mayoría del Congreso la aprueba y, para ello, hará falta lograr el sí de Junts.

En caso de que eso ocurra, entrará en juego el Senado y ahí hay polémica. En el actual ejercicio, el Congreso ya aprobó una senda de déficit que el PP rechazó en el Senado. Y hay que tener en cuenta que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, tras una reforma que promovió el popular Cristóbal Montoro en 2012, obliga a que los objetivos de estabilidad presupuestaria sean aceptados por ambas Cámaras. En otras palabras, que si el Senado los rechaza, el Congreso no tiene capacidad para imponer su "sí", como ocurre con todo el resto de leyes.

Eso, en cualquier caso, ya no sería un problema. Sumar introdujo una enmienda a la ley de paridad para eliminar la capacidad del Senado de ser imprescindible y necesario para aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria. "La redacción vigente responde a un modelo de bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece nuestra Constitución", reza uno de los puntos de la enmienda. El PP acusa al Gobierno de querer arrebatar al Senado su capacidad para incidir en materia presupuestaria. En Sumar insisten en que se trata, únicamente, de volver a la redacción anterior a la reforma de Montoro. 

Con todo, los Presupuestos Generales del Estado serán otra batalla política ―quizá la más grande en importancia― que tendrá que librar el Gobierno. Se perfilan como un segundo muro de carga para Sánchez junto con la ley de amnistía, que le ha asegurado continuidad en el primer tramo de la legislatura.