Tras la presentación, el pasado martes, del Plan de Acción por la Democracia pactado del Gobierno entre PSOE y Sumar, el paso siguiente es aterrizarlo. Este martes, según avanzan fuentes gubernamentales a Público, el Consejo de Ministros aprueba la creación de la comisión interministerial que debe establecer el calendario y las prioridades de las 31 medidas presentadas hasta el momento. 

En dicha comisión estarán presentes todos los ministerios y organismos con responsabilidad concretas en la asignación del plan. Los ministerios que llevan mayor peso en el diseño del plan son los de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños y de Transformación Digital y Función Pública, cuyo máximo responsable es Óscar López.

También tiene una participación muy destacada la Secretaría de Estado de Comunicación, que encabeza Francesc Vallès, en todo lo que tiene que ver con las medidas para fomentar la transparencia en los medios. Del mismo modo, los ministerios de Fernando Grande Marlaska (Interior), María Jesús Montero (Hacienda) y Carlos Cuerpo (Economía y Comercio) formarán parte de algunos puntos de la elaboración del plan. 

El objetivo de esta comisión será, según el documento acorado entre PSOE y Sumar, dar "seguimiento e impulso" al Plan de Acción por la Democracia. El mismo texto establece que se reunirá con una periodicidad, al menos, trimestral. 

Los diferentes ministerios implicados ya han avanzado algunas de sus tareas, según señalan fuentes de Moncloa. A partir de ahora la intención es ir presentando medidas más desarrolladas. Luego vendrá la negociación con los grupos parlamentarios dentro de esta "hoja de ruta" que el Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado de aquí a 2027. 

Fuentes del Gobierno señalan que ya hay asuntos en lo que se han dado pasos. Por ejemplo, en el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han avanzado principalmente en algunas cuestiones que se pretenden presentar próximamente. Entre ellas se destacan dos medidas destinadas a "combatir la corrupción".

Un de ellas es el Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Tiene el objetivo de crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado "para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada".

La otra es el Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante recogida en la Ley 2/2023. El Real Decreto fue sometido a audiencia pública el pasado mes de mayo por lo que el texto, según confirman fuentes del Gobierno, está muy avanzado para su aprobación final. En él participan también Hacienda y Transformación Digital. 

Esta iniciativa servirá "para garantizar la protección de la persona informante, servir de pilar institucional esencial en la lucha contra la corrupción, actuando en coordinación, en su caso, con otros organismos administrativos u organismos de supervisión, control, inspección o investigación en la Administración del Estado y en otras administraciones territoriales". Se estima que pueda aprobarse de forma definitiva en el Consejo de Ministros en un par de meses como máximo. 

Por razones obvias, en el Gobierno destacan también los avances ya realizadas en la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Se tomará como base inicial, según las fuentes consultadas, el anteproyecto de ley presentado por el propio Bolaños en verano de 2022. También hay otra propuesta presentada por el PNV en el Congreso por lo que el Gobierno tendrá que negociar los detalles con los grupos parlamentarios. 

Otros asuntos con los que ya se han empezado a trabajar es, por un lado, la reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Por otro, la reforma de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.

Desde el Gobierno defienden sus planes frente a los ataques de la derecha. Y ponen en valor que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señalara que el Plan de Acción por la Democracia "va en la dirección correcta". En este sentido, en Moncloa destacan que está basado en leyes aprobadas por amplia mayoría en el Parlamento Europeo, también las relacionadas con los medios de comunicación.