El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el esperado Plan de Acción por la Democracia. Se trata de un documento de 25 páginas que incluye un listado de medidas pactadas de momento entre los partidos del Gobierno de Pedro Sánchez, PSOE y Sumar. En él se incluyen los Ministerios a los que les corresponde desarrollar cada asunto. 

Son en total 31 medidas que, según ha explicado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, es una hoja de ruta que el Gobierno va a implementar durante los próximos tres años de legislatura. Se busca la "limpieza" de la democracia y reforzar la transparencia en los medios de comunicación. El plan va de la mano, ha incidido Bolaños, de la Unión Europea (UE). 

Junto a Bolaños ha comparecido también el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. "Frente al auge de la extremas derechas son muchas las voces que han hablado de la necesidad de defender nuestra democracia, es una primera aportación que hace el Gobierno a este debate", ha destacado. 

Medidas sobre información gubernamental 

El documento establece varias líneas a seguir. En primer lugar, "ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental".  En este punto se incluye la "aprobación de la nueva Estrategia de Gobierno Abierto y remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Administración Abierta". El objetivo es ampliar las obligaciones en materia de transparencia, reforzar los controles sobre los cargos públicos, en especial en materia de conflictos de interés y ampliar la participación ciudadana la colaboración de la sociedad civil en los asuntos públicos.

El apartado incluye un hito concreto que es la celebración en la ciudad de Vitoria-Gasteiz de la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025. También concluir la ejecución del IV Plan de Gobierno abierto (2020-2024) y la adopción del Acuerdo por el que se aprueba el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado. El "establecimiento de una obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones" es otra de las medidas incluidas.

Respecto a la lucha contra la corrupción, los objetivos del Gobierno son varios. Por un lado, la "aprobación del Real Decreto por el que se desarrolla una estrategia para combatir la corrupción contemplada en la Ley 2/2023". Por otro, la "aprobación del Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante recogida en la Ley 2/2023". 

Este punto del Plan de Acción por la Democracia concluye con otras dos medidas. Primero, la "aprobación del Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada". Por último, la reforma de la actual Ley de Secretos Oficiales, vigente desde el franquismo y que ha sido una de las peticiones más reiteradas por los aliados parlamentarios del Gobierno. 

Medidas para la transparencia en medios de comunicación

Urtasun ha sido el encargado de presentar las medidas sobre medios de comunicación. En primer lugar se establece la "creación de un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben". Del mismo modo, se persigue el "establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas". 

La reforma de la Ley de Publicidad institucional es otro de los puntos destacados del documento. Entre los objetivos se destaca "introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación".  La reforma también quiere "garantizar que sistemas de medición de la audiencia y la metodología que utilicen cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad".  Asimismo, se establecerán medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano.

El plan recoge algunas medidas para proteger a los periodistas. Entre ellas, el "impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas como garantía jurídica para la protección de fuentes". También se llevará a cabo la transposición de la Directiva europea anti SLAPP para la protección de los periodistas de acosos externos.

Respecto a la llamada 'ley mordaza', se establece la reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Otras medidas incluidas en este punto son:
-Refuerzo de la auto-regulación de los Medios y las Plataformas digitales en el marco del Código de buenas prácticas a nivel europeo.
-Introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas.
-Revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación.
-Aprobación de una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

También se incluye en el documento la reforma de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, para mejorar el sistema para instar y lograr la rectificación de noticias falsas o abiertamente tendenciosas, con indemnizaciones y plazos adecuados.

Respecto a los llamado delitos de opinión, se pretende "abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos". 

El documento también menciona otras medidas adicionales que afectan a los medios de comunicación:
-Puesta en marcha de un programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación a través de la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad.
-Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación, en consonancia con la creación a nivel comunitario del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación.
-Creación de una nueva comisión en el Congreso de los Diputados sobre desinformación.

Medidas sobre transparencia en el poder legislativo y sistema electoral

Se pretende la reforma del Reglamento del Congreso para establecer la obligación de celebrar anualmente el Debate sobre el Estado de la Nación. Es un asunto que tendrá que ser aprobado sí o sí por las Cortes Generales. Se incluye la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas. "Los ciudadanos tienen derechos a conocer las diferentes propuestas electorales", ha explicado Bolaños al respecto. 

Sobre las encuestas electorales, se pretender reformar de la de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para establecer una obligación de publicación de todos los microdatos de las encuestas electorales, debidamente anonimizados. Bolaños ha destacado que algunos sondeos pretenden "influir sobre el estado de opinión" y que con esta "medida de transparencia" se garantizará que las encuestas sean más fiables. 

Del mismo modo se impulsará la reforma del Reglamento del Congreso y del Reglamento del Senado para reforzar las sanciones por la no presentación de declaración de bienes por parte de sus miembros o la presentación de información falsa o incompleta. Se aprobará también la Ley de Grupos de Interés (lobbys) que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo. 

Por último, se incluye "reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada". Ya hay una ley en vigor pero el Gobierno incide que  se incumple de manera reiterada, "especialmente por algún grupo extremista", en referencia a Vox.