El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el esperado plan de regeneración democrática que había anunciado Pedro Sánchez hace meses. El nombre oficial es Plan de Acción por la Democracia y el documento es una hoja de ruta con 31 medidas a desarrollar en diferentes ámbitos relacionados con la transparencia o los medios de comunicación. 

Cada iniciativa tiene uno o varios responsables, los cuales dependen de la temática que se trate. Muchas de ellas tendrán que ser aprobadas además en las Cortes Generales, con lo que eso supone debido a la compleja aritmética parlamentaria que tiene el Gobierno de PSOE y Sumar. La asignación de tareas deja tres protagonistas principales: los ministros Félix Bolaños y Óscar López y el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès. 

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que lidera Bolaños tiene asignadas 11 de las 31 medidas del documento. Entre ellas se encuentran las destinadas a "combatir la corrupción". Aquí se encuentra la aprobación del Real Decreto por el que se desarrolla una estrategia para combatir la corrupción contemplada en la Ley 2/2023. También se incluye el Real Decreto de ampliación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para crear dos nuevas unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado para avanzar en la lucha contra el fenómeno de la corrupción pública y privada. 

En esta línea el plan incluye también el Real Decreto para la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante recogida en la Ley 2/2023. En él colaborarán además el Ministerio de Hacienda y el de Transformación Digital y de la Función Pública, que dirige López. A Bolaños le corresponde también impulsar la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que ya avanzó la legislatura pasada pero con la que necesitará apoyos parlamentarios suficientes. 

El ministerio de Bolaños también liderará medidas relacionadas con los medios de comunicación, algunas en colaboración con la Secretaría de Estado de Comunicación. Destacan el impulso de la ley de secreto profesional de los periodistas o la transposición Directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas de acosos externos. Junto con el Departamento de Seguridad Nacional aprobará también la Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación.

Las reformas sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y de la Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación también son potestad del Ministerio de Bolaños. Igual sucede con la "reforma integral" del Código Penal sobre los delitos de opinión contra las instituciones del Estado o contra los sentimientos religiosos. En este punto, según fuentes de la negociación, debería aplicarse también a la Corona debido a la jurisprudencia europea, mencionada expresamente en el pacto alcanzado entre PSOE y Sumar. 

Por último, Bolaños participará junto al Ministerio de Interior en otras dos reformas. La que establecerá, por un lado, la obligación de celebrar debates electorales entre candidatos y candidatas. Y, por otro, la que obligará a publicar los microdatos de las encuestas electorales publicadas. 

López "se estrena" con tareas de transparencia 

Hace pocos días que se nombró a López como nuevo ministro de Transformación Digital y Función Pública. Ha sustituido a José Luis Escrivá tras el nombramiento de este como gobernador del Banco de España. Desde 2021 ejercía como jefe de gabinete de la Presidencia del Gobierno y ahora pasa al Consejo de Ministros en un departamento de carácter aparentemente técnico pero con muchas responsabilidades y presupuestos. Por su propio perfil y como ya ha avisado estos últimos días, López reforzará el peso político en Moncloa. 

Más allá de las intervenciones políticas que pueda hacer, su ministerio deberá participar en 10 de las medidas incluidas en el documento del Plan de Acción por la Democracia. La mayoría de ellas pertenecen al eje de mejorar la información gubernamental.

Se incluyen aquí la aprobación de la nueva Estrategia de Gobierno Abierto, la celebración Vitoria-Gasteiz de la novena Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto en otoño de 2025, la ejecución del IV Plan de Gobierno abierto (2020-2024) y preparar el V plan; la adopción del Acuerdo por el que se aprueba el Sistema de Integridad de la Administración General del Estado y el establecimiento de una obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones.

Junto al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa deberá abordar la "revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación". En materia de medios de comunicación también pilotará la puesta en marcha del programa de ayudas dotado con 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios de comunicación.

Del mismo modo, también junto al ministerio que lidera Carlos Cuerpo, participará en la reforma de la CNMC para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación. Por último, López y su ministerio tienen la iniciativa para la aprobación de la Ley de Grupos de Interés o lobbies y regular su funcionamiento. 

El papel de la Secretaría de Estado de Comunicación

Hasta en siete de las 31 medidas participará de forma directa la Secretaría de Estado de Comunicación (SEC), que actualmente dirige Francesc Vallès. Por razones obvias, las iniciativas encargadas a la SEC son las relacionadas con los medios de comunicación. Aquí se incluye la creación del registro de medios con información sobre su propiedad e inversión. Será la CNMC también quien gestionará este asunto una vez realizada la reforma pertinente. 

Desde la SEC también abordará el establecimiento de un deber de publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas, así como de la reforma de la Ley de Publicidad institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación. Los cambios en los sistemas de medición es otro de los retos de Vallès y su equipo, así como la introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación. 

Aparte de lo ya mencionado, el Ministerio de Interior que lidera Fernando Grande Marlaska pilotará la reforma de un artículo de la 'ley mordaza' y la reforma para reforzar el régimen sancionador aplicable a los partidos políticos que presenten sus cuentas de manera inadecuada.