El Gobierno afronta la última prueba de la legislatura con la convalidación de sus decretos en plena campaña electoral

El Gobierno y la oposición vuelven al Congreso. La Cámara acabó su actividad a principios de marzo, cuando el Ejecutivo publicó el decreto de convocatoria electoral que dio lugar a la disolución del Parlamento. Sin embargo, a Pedro Sánchez se le han quedado en el tintero hasta seis reales decretos-leyes, que el Congreso debe convalidar o rechazar.

Con las Cámaras disueltas, será la Diputación Permanente la que decida si acepta las normas dictadas por el Gobierno o si, por el contrario, las tumba. Los decretos que se debatirán en el órgano son el de medidas de contingencia ante una posible salida del Reino Unido de la Unión Europea sin acuerdo, el de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres en el empleo, el de lucha contra la precariedad laboral, el de alquileres, el de regulación de las empresas de trabajo temporal y el de la inversión del superávit de autonomías y ayuntamientos.

La sesión que tendrá lugar en la Cámara Baja está lejos de ser habitual por varias razones. La primera es una cuestión técnica. Esta es la primera vez que la Diputación Permanente se plantea tramitar decretos del Gobierno como proyectos de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. Los letrados del Congreso elaboraron un informe para respaldar la habilitación del órgano en este sentido, después de que se lo hubiera encargado la Mesa.

Si la mayoría de los grupos opta por tramitar algún decreto en este sentido, será la propia Diputación la que se encargue de completar todo el proceso de tramitación (enmiendas, debates…), que normalmente se reparte entre distintos órganos del Parlamento (Pleno, comisiones y ponencias).

Los grupos no podrán presentar enmiendas a la totalidad de devolución, solo de texto alternativo, es decir, propositivas, que sustituyan el texto del Ejecutivo por otro. Además, los trámites de enmiendas deberán, en ese caso, reducirse sobremanera, ya que el Congreso tiene hasta el 20 de mayo para completar sus procesos legislativos abiertos (el 21 de mayo se constituyen las nuevas Cortes salidas de los resultados de las elecciones generales de abril).

La sesión también será atípica en clave política. Faltan pocos días para el arranque de la campaña oficial, pero los partidos llevan en modo electoral, al menos, desde la disolución del Parlamento. La Diputación Permanente corre el riesgo de convertirse en un debate electoral entre Gobierno y oposición, así como entre las propias formaciones.

Unidos Podemos apoyará en principio la convalidación de todos los decretos, aunque todavía no han decidido si pedirán su tramitación como proyectos de ley. Ciudadanos apoyará el de igualdad de trato (que contiene la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad), aunque el partido ya había avanzado que, en caso de apoyar algún decreto, solicitarían su tramitación como proyecto de ley.

También Bildu ha anunciado su apoyo a los decretos, mientras que ERC y PDeCAT mantienen la incertidumbre en algunos temas, sobre los que aún no han desvelado claramente cuál será su posición definitiva.

El Gobierno confía en aprobar todos los proyectos

El Gobierno confía en obtener un pleno y que todos los proyectos salgan aprobados. De hecho, una condición para aprobarlos por esta vía de urgencia en el Consejo de Ministros fue tener garantizados los apoyos parlamentarios previos, como ocurrió con el nuevo decreto sobre vivienda.

Se puede dar una situación paradigmática con el asunto de la tramitación como proyectos de ley. El PSOE ha asegurado que, en principio, no pedirá que se tramiten sus decretos como proyectos de ley, ya que creen que la redacción es la adecuada y que no precisan de enmiendas, aunque se abren a apoyar esta vía si alguno de los grupos hace propuestas constructivas en la sesión que celebrará la Diputación.

El PP ha manifestado que, en principio, votará en contra de que se convaliden los decretos y de que se tramiten como proyectos de ley. Si el Ejecutivo finalmente obtiene los apoyos necesarios para sacarlos adelante, los votos de PP y PSOE en cuanto a la manera de tramitarlos darían a los socialistas la aprobación de sus decretos sin posibilidad de que el resto de grupos introduzcan enmiendas.

El Grupo Socialista siguió negociando toda la tarde del martes los apoyos necesarios, pero sigue manteniendo la duda de cómo se comportarán finalmente los grupos que dieron su apoyo a la moción de censura, que son los que tienen en sus manos la aprobación, ya que PP y Ciudadanos no facilitarán que salga adelante ninguno de ellos.

Con la aprobación o no de estos decretos se podría decir que concluye definitivamente la actividad legislativa, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado que no aprobará ningún decreto más en los consejos de ministros que aún restan hasta la fecha de las elecciones generales.