Para el Gobierno, el Plan de Acción por la Democracia no es sólo una medida que aspira a blindar derechos, sino también un balón de oxígeno para la coalición. Hacía tiempo que los partidos del Ejecutivo no rubricaban un gran acuerdo, en un contexto en la que la debilidad parlamentaria de los de Sánchez y la escasez de producción legislativa generan un ambiente de inestabilidad e inmovilismo que lo impregna todo.

Por esto, y porque las expectativas que el presidente Pedro Sánchez generó cuando anunció ante el Congreso su intención de elaborar este plan (al calor de la ofensiva judicial y mediática contra su esposa, por la que decidió darse varios días de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno y del PSOE), las negociaciones resultaron intensas y complejas.

Desde el momento en que Sánchez lo mencionó por primera vez, en Sumar pidieron al líder del Ejecutivo que "llenara de contenido" sus reflexiones. Esa petición derivó en una negociación que tomó cierta velocidad en julio, cuando los ministros de Presidencia y Justicia (Félix Bolaños, del PSOE), y de Cultura (Ernest Urtasun, de Sumar), se reunieron con varios grupos parlamentarios para recabar sus propuestas y avanzar así en la negociación.

Aunque por momentos la negociación pareció detenerse (sobre todo cuando se inició el debate acerca de los Presupuestos Generales para 2025, una medida que tiene la capacidad de condicionar la legislatura), el PSOE y Sumar se estuvieron intercambiando documentos durante las últimas semanas.

Durante el pasado fin de semana, los socialistas anunciaron su intención de llevar al Consejo de Ministros el plan. Según ha podido saber Público, en ese momento quedaban por cerrar varios flecos y no existía un acuerdo entre los de Sánchez y los de Yolanda Díaz.

Los delitos de opinión y la Corona

Durante el lunes, los equipos liderados por Bolaños y por Urtasun se volcaron en una negociación que tenía un punto de fricción claro: la reforma de los denominados delitos de opinión.

Para Sumar era esencial impulsar una reforma que acotara el ámbito penal de las injurias a las instituciones del Estado, ya que entendían (al igual que señalan algunas sentencias de la justicia europea), que estas acotan la libertad de expresión que el Plan de Acción por la Democracia aspiraba a blindar.

La piedra de toque en la discrepancia también estaba clara: la monarquía. Los de Díaz insistían en la necesidad de incluir a la Corona en este plan despenalizador, pero, según fuentes de la negociación, el PSOE se resistía. Tras una intensa jornada de negociación el lunes, estaba claro que en el texto no aparecería ninguna mención expresa a la monarquía o a la Corona.

La clave residía entonces en cómo incluir a la Casa Real en la reforma de los delitos de opinión sin posibilidad de mencionarla. Finalmente la fórmula se sustentó en dos elementos que establece la redacción del acuerdo, pactados el mismo lunes.

El texto recoge el compromiso de "abordar una reforma integral de los artículos del Código Penal que pueden afectar al derecho de libertad de expresión y a la creación artística, entre otros casos cuando se refiera a las instituciones del Estado, se trate de delitos contra los sentimientos religiosos o de escarnio público u otros supuestos, con el fin de darles una redacción homologable a los países de nuestro entorno y de atender a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en materia de difamaciones y su encaje legal".

El primero de estos elementos es el término "instituciones del Estado", que englobaría, explican fuentes de la negociación, a todas las instituciones, incluida la Casa Real. El segundo reside en la mención a la jurisprudencia de los tribunales europeos, ya que existen sentencias que se han opuesto a condenas por injurias a la Corona.

Entre la jurisprudencia a la que se haría referencia se recoge la sentencia del 13 de marzo de 2018 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos conocida como caso Stern Taulats y Roura Capellera; en esta sentencia el tribunal condenó a España por violar el artículo 10 del Convenio europeo de derechos humanos, que protege la libertad de expresión, por la imposición de una pena de prisión a dos manifestantes que quemaron una foto de los reyes en un acto público en 2007.

El plan, un primer paso pendiente de desarrollo legislativo

En todo caso, el Plan de Acción por la Democracia es, de momento, una declaración de intenciones por la que el Gobierno se compromete a abordar una serie de reformas (entre las que se incluyen la de las injurias a las instituciones del Estado), pero estas deberán ser desarrolladas a lo largo de la legislatura.

La redacción final de la futura legislación será la que determine cuál es el alcance real de la reforma sobre las injurias y hasta qué punto afecta a la Corona. En cualquier caso, fuentes de la negociación insisten en que "este primer paso es muy importante y necesario para blindar de verdad la libertad de expresión".