El Gobierno y EH Bildu han alcanzado este jueves un acuerdo para reformar la ley mordaza. El pacto contempla la retirada progresiva de las pelotas de goma y su sustitución por instrumentos "menos lesivos" que no causen "lesiones irreparables". La nueva norma modifica las sanciones por "faltas de respeto a la autoridad" y los delitos por desobediencia pasarán de graves a leves. Los partidos que firman el acuerdo también abordarán, en un plazo máximo de seis meses, las devoluciones en caliente. El compromiso pasa por modificar la Ley de Extranjería para "evaluar las solicitudes de protección internacional previamente al proceso de posible expulsión". 

La ley de seguridad ciudadana aprobada por el PP de Mariano Rajoy se asoma al principio del fin. ERC y el PNV secundarán el acuerdo. Junts también se abre a negociar la propuesta y presentará sus propias enmiendas, tal y como avanzó la portavoz del grupo en el Congreso, Míriam Nogueras. Unidas Podemos pactó cambios más tibios durante su etapa en el Gobierno, pero los morados critican ahora la "insuficiencia" del texto. "Esta norma ha durado mucho más de lo deseable. Llevamos casi diez años con una reforma pendiente. Celebramos los avances, porque van en la buena dirección, pero todavía quedan mejoras sin atender", reconoce Javi Raboso, portavoz de No Somos Delito. 

El acuerdo de la formación abertzale con PSOE y Sumar aborda los cuatro puntos que bloquearon la negociación durante la última legislatura. Los movimientos sociales aseguran que "la reforma no cubre las expectativas al 100%", pero celebran los cambios. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurúa, considera que el pacto logrará "que la gran asignatura pendiente" del Ejecutivo "vaya a hacerse realidad". ¿Cuáles son las claves de la futura Ley Orgánica de Protección de las Libertades y Seguridad Ciudadana?

"La reforma debe alinearse con los estándares internacionales de derechos humanos. Las modificaciones de las infracciones parecen precisar y acotar más su alcance, aunque todavía hay margen de mejora", señalan desde Amnistía Internacional España. El acuerdo aborda los delitos de desobediencia, las faltas de respeto a la autoridad y la negativa a identificarse, tres de las cuestiones que más impacto han tenido en las libertades de la ciudadanía. 

Las pelotas de goma, ¿prohibidas?

ERC y EH Bildu tumbaron al final de la pasada legislatura la reforma de la ley mordaza por considerar "insuficientes" los términos propuestos. Las formaciones independentistas votaron en contra y pidieron abordar, entre otros puntos, la prohibición expresa del uso de las pelotas de goma. La Policía Nacional y la Guardia Civil han provocado una muerte, la pérdida de 11 ojos y 24 lesiones graves en las dos últimas décadas por el uso de este material, según datos de la plataforma Stop Balas de Goma.

"Valoramos positivamente que se establezca una sustitución progresiva de las pelotas de goma, pero lamentamos que no haya una prohibición expresa de este armamento. En todo caso, habrá que ver cuándo y por qué otro material son sustituidos", advierten desde Amnistía Internacional. El acuerdo firmado este jueves recoge el reemplazo "progresivo" del "uso de los proyectiles cinéticos denominados como pelotas de goma" por otros "menos lesivos". 

Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica, analiza "con cierta expectación" este apartado del acuerdo: "A priori, merece una valoración positiva, pero habrá que ver cómo se pone en práctica. La mayor parte de las lesiones que se producen en manifestaciones son consecuencia del uso violento y desproporcionado de este material. Las pelotas de goma son potencialmente mortales. La reforma de la ley mordaza debería suponer una reducción inmediata de las lesiones". La Ertzaintza no utiliza este material en Euskadi desde la muerte de Íñigo Cabacas, aficionado del Athletic. Catalunya también prohibió el uso de estos proyectiles y las cambió por foam, aunque sólo para los Mossos. 

Incertidumbre con las devoluciones en caliente

Respecto a las devoluciones en caliente de personas migrantes en la frontera, PSOE, Sumar y EH Bildu se han comprometido a reformar la Ley de Extranjería en un plazo de máximo seis meses. La nueva disposición deberá "reconocer y garantizar" los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a criterios humanitarios. Además, han de evaluarse "previamente al proceso de posible expulsión".

Los movimientos sociales y las asociaciones humanitarias consultadas por este diario lamentan que el Gobierno siga negándose a "derogar las devoluciones en caliente", pero consideran que la reforma de la Ley de Extranjería "es mejor que no tener nada". "Nos preocupa que no establezca una prohibición expresa y no haga mención a las salvaguardias y garantías específicas de las personas migrantes y solicitantes de asilo", subrayan desde Amnistía Internacional. 

El texto pactado también pasa a considerar infracciones leves "los insultos o injurias" dirigidos a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, siempre que "no sean constitutivas de infracción penal". Javi Raboso, portavoz de No Somos Delito, insiste en que la medida "llega tarde", pero reconoce que "es un paso grande" y que supondrá una bajada de casi 500 euros en las sanciones. 

La reparación de los daños, cuenta pendiente

La ley mordaza superó en septiembre los dos millones de multas. El 64% de las sanciones se impusieron entre 2018 y 2024, es decir, con dos gobiernos progresistas en la Moncloa. Durante el último año, la recaudación aumentó un 25%. "Pedro Sánchez lleva seis años como presidente del Gobierno. El PP ha estado sólo tres –desde que se aprobó la citada norma–. La conclusión es que los partidos que dicen ser de izquierdas han utilizado mucho más la represión y la violencia que las derechas y la extrema derecha" precisan desde el Movimiento Antirrepresivo de Madrid. 

"Esta reforma se queda muy corta. Los partidos modifican la ley mordaza porque reconocen que no era justa, ¿no? Entonces, ¿dónde está la reparación de las multas y los daños sufridos?", sugieren fuentes del mismo colectivo. El acuerdo de PSOE, Sumar y EH Bildu no hace referencia a las sanciones ni a la devolución del dinero recaudado. Sólo en 2023, se impusieron 284.512 multas por la vulneración de alguno de los artículos de la norma, lo que supone una media de casi 780 multas diarias. 

Desde No Somos Delito remarcan que "las faltas de respeto a la autoridad no deberían estar incluidas", porque "fueron retiradas del Código Civil hace mucho tiempo". El acuerdo no incluye referencias a otras líneas rojas de los movimientos sociales, como la eliminación de la presunción de veracidad de los policías –una "piedra dura" en la norma, todavía vigente– y el consumo de sustancias. "El texto, de momento, no suprime nada, pero como texto de partida para exigir y hacer presión parece que no está mal", sentencian los activistas.