El futuro reparto del Fondo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, bautizado como Next Generation UE, ha vuelto al centro del debate después de que el pasado lunes el Gobierno anunciara que va a enviar en marzo su plan de recuperación a Bruselas. Ese mismo día, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunciaba a su vez que pedirá para su región 22.371 millones de euros, el 15% de lo que le corresponde a España. Un dineral con el que el Gobierno de Madrid pretende financiar 214 proyectos articulados en torno a 28 reformas.

En un hito sin precedentes, a España le corresponden 140.000 millones de euros de ese fondo europeo hasta el año 2026, de los que casi 70.000 se desembolsarán en forma de transferencias a fondo perdido mientras que el resto podría solicitarlos en forma de préstamos a bajo interés. A lo largo de 2021, se espera recibir ya alrededor de 34.000 millones de euros. De hecho, el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha incluido en los Presupuestos Generales de este año casi 27.000 millones de euros a cuenta de estos fondos Next Generation y espera recibir las primeras ayudas a partir de junio.

Aunque la propia Comisión Europea admitió, también el lunes, que será un desafío lograr que las primeras ayudas lleguen a los países antes del verano –aún debe ratificarse la legislación que le permitirá emitir deuda para conseguir la financiación en los mercados–, en España todo el mundo –administraciones públicas y empresas, que también recibirán una parte–, ha empezado a movilizarse. El reto que plantean estos fondos es enorme porque con ellos se pretende impulsar una transformación del modelo productivo español bajo las premisas de la igualdad, la sostenibilidad, la digitalización y la cohesión social y territorial.

Es mucho lo que está en juego, pero se avecina tormenta, al menos en Madrid: el Gobierno madrileño presidido por Isabel Díaz Ayuso ha diseñado sus propios "proyectos en el marco de una estrategia de recuperación y resiliencia", pero será el Gobierno de Pedro Sánchez el que decida qué proyectos saldrán adelante y cuáles no, y sobre todo, decidirá el dinero que dará a cada comunidad autónoma.

El reparto amenaza con convertirse en un nuevo campo de batalla entre dos Gobiernos que mantienen un largo historial de enfrentamientos y desencuentros, casi siempre alentados desde la Puerta del Sol, la sede del Ejecutivo madrileño. Así que, temerosa de que Sánchez no le conceda todo lo que pide, el pasado viernes Ayuso decidió ponerse la venda antes de la herida y criticó al Gobierno central al decir que lo único que se sabe del reparto de estos fondos es que Pedro Sánchez lo hará de "forma discrecional". Un par de días antes el consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, había afeado que el Gobierno central no tuviera en cuenta a las comunidades autónomas para decidir el destino de estos fondos en materia de educación.

Porque Ayuso tiene sus propios planes. La Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid de momento está recopilando todos esos proyectos para remitírselos al Gobierno central. De momento, se han filtrado a la prensa más amiga algunos de esos proyectos: 110 millones para la construcción de 18 centros de salud en la Comunidad de Madrid, 270 millones para la reforma de cuatro hospitales y otros 200 millones para implantar 1,1 millones de contadores de agua inteligentes que permitirán la telelectura y nuevos servicios adaptados a cada consumidor.

Pero también han trascendido otros proyectos que chirrían un poco más como el caso que adelanta El Confidencial: los 442 millones de euros, casi el 2% de todo el dinero que Ayuso espera recibir, para resucitar la Ciudad de la Justicia, el viejo proyecto de Esperanza Aguirre que hace ya unos cuantos años duerme el sueño de los justos en un cajón.

Con el objetivo de reforzar sus planes y buscar la complicidad de la oposición, Ayuso presentó ayer martes su proyecto para los fondos europeos a los portavoces de los grupos parlamentarios con representación en la Asamblea de Madrid.

La presidenta anunció que la mayor parte de la inversión será destinada a materias de cohesión social y territorial (41,4%), un 31,6% se dirigirá a políticas de transición ecológica y un 27% a proyectos transformación digital, en consonancia con los objetivos marcados por la Unión Europea (UE).

Sin embargo, la oposición en bloque temen que el Gobierno de Ayuso destine el dinero de los fondos europeos a "grandes reformas" y obras faraónicas basadas en el ladrillo como la de la Ciudad de la Justicia. Todos los partidos de la oposición piden a Ayuso lo mismo que ella pide a Sánchez: poder participar en la toma de decisiones. La oposición también espera que la presidenta cuente con los agentes sociales. Habrá que esperar.

Impulso al sector privado

Para el manejo de estos fondos, Bruselas pide a España que desarrolle políticas estructurales que fomenten el I+D, lo que supone todo un reto para un país volcado en los servicios de bajo valor añadido. Los fondos se estructuran en torno a dos grandes vectores de transformación: la transición ecológica, con un 37% de los fondos, y la transformación digital, con un 33% del total de los recursos en el caso de España (por encima del mínimo del 20% fijado por la UE). La igualdad de género y la cohesión social y territorial también se incluyen como ejes transversales clave.

Los fondos Next Generation también son clave para la reactivación económica tras la pandemia y en este sentido han despertado un interés de inversión y de movilización de todos los actores privados inédito en los últimos años porque serán una gran ayuda para estimular la inversión privada desde el sector público a través de diferentes mecanismos de colaboración. En ese terreno la presidenta Ayuso se siente cómoda: a la hora de presentar el lunes su línea de actuación el Gobierno madrileño apostó sin tapujos por lo que en el PP llaman "colaboración público-privada" para lograr, según el Ejecutivo de Ayuso, "un efecto multiplicador extra" en el tejido económico de Madrid.

Por último hay otro reto en que todas las administraciones tendrán que ir de la mano, aunque a algunos les pese: España tendrá que llevar a cabo un gran esfuerzo desde el punto de vista de la ejecución de dichos fondos, ya que, la absorción de fondos europeos en el periodo 2014- 2020 fue sólo del 39%. Con los cambios normativos recientemente aprobados, la mayor implicación de las administraciones públicas y la inclusión en los PGE deberá mejorar el grado de ejecución.