La Fiscalía ha rechazado ampliar las imputaciones en la causa contra Podemos por la contratación de la consultora Neurona a toda la Ejecutiva de la formación morada, incluyendo a la recién nombrada ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, tal y como había pedido la exsenadora del partido Celia Cánovas. El Ministerio Público ha rechazado el recurso de Cánovas contra el auto en el que el juez del caso, Juan José Escalonilla, decretó el archivo provisional en el caso de los presuntos sobresueldos de la gerente y tesorero de dicha formación política. En su recurso, Cánovas pedía extender la imputación a Belarra y a toda la Ejecutiva del partido. 

La Fiscalía ha presentado cinco escritos de impugnación ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, que investiga a Podemos por presunto delito electoral, en relación con diferentes peticiones instadas por las acusaciones populares, entre las que figura Vox. Así, se opone a determinadas pruebas relacionadas con los ingresos del confundador de Podemos Juan Carlos Monedero, y también se opone a la investigación de la actual ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en relación con el asunto de los sobresueldos archivado por el juez. 

Entre las impugnaciones del Ministerio Fiscal, destaca su rechazo a la solicitud de Vox de requerir los libros contables entre 2017 a 2020 del administrador de Neurona Comunidad, Elías Castejón; investigar el movimiento de sus cuentas corrientes; y otras diligencias relacionadas con los ingresos del que fuera fundador de Podemos Juan Carlos Monedero. El Ministerio Público considera que algunas de estas diligencias son "claramente innecesarias", mientras que las referidas a "no son objeto de este procedimiento", según una nota emitida por la Fiscalía de Madrid que resume estas actuaciones. 

Impugna también la Fiscalía el recurso de reforma interpuesto por Vox contra el auto que acordó el sobreseimiento provisional en relación con la investigación de los sueldos de la gerente y tesorero de Podemos. La Fiscalía insiste en que "no existe indicio alguno del delito de administración desleal denunciado". Además, reseña que "aun cuando la gerente se hubiera extralimitado de sus funciones, el delito de administración desleal exige un perjuicio, que en este caso no se ha determinado dado que el partido no se considera como tal, a lo que se une que consta certificado del partido aprobando los complementos según sus normas internas". 

Para la Fiscalía, "no cabe duda que mucha de la documentación aportada debe ser expulsada del procedimiento por cuanto ninguna relación guardan con el mismo". Sin embargo, entiende que es "preciso" un pronunciamiento sobre los hechos que constituyen ampliación de la denuncia. En concreto, sobre si revisten caracteres de delito y si deben ser investigados en este procedimiento tres hechos concretos: las cuestiones relativas al abono de las costas que miembros del partido estaban cobrando en procedimientos particulares cuando les habían representado profesionales del partido, la contratación para servicios personales por parte de Irene Montero a trabajadores del partido y las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25M.