La Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, ha pedido más información sobre los procedimientos abiertos en relación a los fallecimientos registrados en las residencias de mayores durante la pandemia en la Comunidad de Madrid, Catalunya y Castilla-La Mancha, a cuyas fiscalías ha dado un plazo de 30 días para remitir los datos, según fuentes de esta institución.

En los escritos remitidos se pone de manifiesto que de la información recopilada de las fiscalías de las comunidades autónomas se extrae que entre 2020 y 2021 el Ministerio Fiscal incoó 1.040 procesales civiles y 517 diligencias de investigación en toda España.

Sin embargo, la Fiscalía subraya que de los últimos datos facilitados por el IMSERSO, que dan cuenta de la totalidad de fallecimientos, resultan "especialmente relevantes" los datos de la Comunidad de Madrid, en la que fallecieron 6.479 personas; y Catalunya, con 5.744 muertes. Igualmente destacable considera el fallecimiento de 75 ciudadanos en una sola residencia de mayores de la localidad de Tomelloso (Ciudad Real).

La Fiscalía señala que es preciso adquirir un conocimiento detallado y analizar con exhaustividad la situación actual de los procedimientos penales incoados en relación con los fallecimientos acaecidos en las residencias de la tercera edad a causa de la enfermedad de covid. "Ello supondrá proporcionar a las víctimas y sus familiares la atención y tutela que el Ministerio Fiscal les debe garantizar", agrega.

Críticas de Amnistía Internacional

Una investigación de Amnistía Internacional denunciaba este lunes la dejadez y la ineficacia de las administraciones del Estado para investigar lo que ocurrió en las residencias de personas mayores durante los peores días de la pandemia y afirma que esta falta de acción ha dejado abandonadas a su suerte a las familias para conocer la verdad y pedir justicia y reparación.

Según los hallazgos de la organización, la práctica totalidad de las investigaciones penales iniciadas por la Fiscalía (el 89%) han sido archivadas y las comisiones de investigación iniciadas por las comunidades autónomas "se han cerrado con investigaciones parciales que no aseguran un conocimiento completo de los hechos".

La investigación hecha pública el pasado lunes, justo el día en el que se cumplen dos años desde el primer caso de covid detectado en España, está basada en el seguimiento de denuncias que afectan a más de un centenar de residencias de Madrid y Catalunya y concluía que se ha incumplido la "obligación de investigar de forma exhaustiva y adecuada las vulneraciones del derecho a la vida en las residencias de persona mayores tal y como exige el Derecho Internacional de los Derechos Humanos". Desde el estallido de la pandemia han fallecido en este tipo de centros un total de 35.670 personas.