La Fiscalía Anticorrupción ha ratificado todos los delitos que atribuye al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato —once delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción en los negocios— y pide para él 63 años de cárcel y 42,4 millones de euros de multa.

El escrito de Anticorrupción supone para Rato una petición de condena de 53 años por los delitos fiscales, seis por blanqueo y cuatro por corrupción en los negocios. Además, tendría que pagar 42,4 millones de euros de multa —19,9 por los delitos fiscales, 20 por blanqueo y dos millones y medio por corrupción en los negocios—.

El escrito presentado este viernes por la Fiscalía incluye la modificación al alza de algunas de las cuotas defraudadas, tras la reformulación realizada por parte de la Oficina Nacional de Investigación contra el Fraude (ONIF), organismo dependiente de Hacienda.

La Fiscalía solicita también que Rato indemnice con 7,75 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Tras la 47ª sesión del juicio por el origen de la fortuna de Rato, fuentes próximas al exbanquero han calificado de "extrema" la posición de la Fiscalía, que no ha tenido en cuenta nada de lo ocurrido durante las vistas.

A su salida de la sede de la Audiencia Provincial, Rato se ha referido a la investigación abierta contra Equipo Económico, el despacho del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por un presunto tráfico de influencias con la Agencia Tributaria en beneficio de sus clientes en la que ha aparecido su nombre.

Rato ha asegurado que espera que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, no "intente impedir" que se aclare la participación del citado despacho en el desarrollo de su causa.

Una vez que el sumario deje de ser secreto, ha explicado Rato, no descarta personarse como acusación.

La Fiscalía aseguraba en su escrito haber identificado incrementos patrimoniales no justificados entre 2005 y 2015, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda, así como la tributación de servicios profesionales a través de sus sociedades.

Asimismo, en el juicio se ha abordado si, siendo presidente de Caja Madrid-Bankia, entre enero de 2010 y mayo de 2012, Rato cobró indebidamente comisiones procedentes de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con las empresas de publicidad Publicis y Zenith. Contratos relativos a la fusión, la imagen de marca y la salida a bolsa de la entidad.

Según sostiene la Fiscalía, dichas comisiones se canalizaron desde una sociedad interpuesta, Albisa, propiedad de Alberto Portuondo, que también figura como acusado, y que había sido contratado como asesor en Bankia.

Siempre según el ministerio público, una parte de la comisión (835.059,97 euros) que cobró Portuondo llegó a la sociedad Kradonara, epicentro de la trama societaria de Rato, bajo un supuesto contrato de asesoría.

Asimismo, sostiene que Rato mantuvo un patrimonio oculto a la Hacienda española a través de diversas sociedades extranjeras —Red Rose Investment, Red Rose Finantial, Wescastle y Vivaway—.

El próximo 6 de mayo se reanudará la vista con la lectura del informe final de la Fiscalía; a continuación será el turno de las defensas y del derecho a última palabra de los acusados, que el exvicepresidente ha asegurado que está dispuesto a ejercer.