La Fiscalía ha solicitado a la Audiencia de Madrid que clarifique los hechos específicos por los que se investiga a Begoña Gómez, ante la "incertidumbre" y "deriva procesal" que ha caracterizado la actuación del juez Juan Carlos Peinado. Según el fiscal, la investigación se está llevando a cabo con una "generalidad" y "falta de concreción" que dificulta tanto el procedimiento judicial como la defensa de Gómez.

El fiscal se ha sumado a la petición de la defensa de Gómez para archivar la causa por supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La defensa argumenta que "no existe elemento alguno que permita abrir la investigación universal" que parece estar en curso.

En su escrito, el fiscal critica a Peinado por no seguir las directrices de la Audiencia Provincial y señala que los bloques de investigación iniciales contenían "datos erróneos" y conjeturas sin fundamento concreto.

En este contexto, la Fiscalía señala que el objeto de la causa es "genérico y carente de concreción", lo que se refleja en la falta de resoluciones judiciales claras que definan y delimiten el procedimiento. Esto ha llevado a que, según la Fiscalía, "la causa se habría quedado sin hechos sobre los que indagar", creando una situación de indefinición que perjudica a Gómez.

La respuesta de Peinado a Gómez, que menciona una investigación sobre "todos los actos, conductas y comportamientos" desde que su esposo es presidente del Gobierno, es vista como inadecuada y carente de la precisión necesaria.

Además, la Fiscalía ha puesto en evidencia la amplitud y vaguedad de la imputación de hechos delictivos. Un ejemplo es la declaración del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, que desconocía los hechos sobre los que debía testificar.

Otro caso es la denuncia de la asociación Hazte Oír, que debería haber sido tratada por el Juzgado de Instrucción número 48, en lugar de ser transferida al juez Peinado. Estas situaciones muestran, según el fiscal, una falta de concreción que impide una defensa adecuada para Gómez.

En contraste, un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que los contratos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, que están bajo sospecha, se habrían desarrollado "con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública". Esta conclusión añade una capa adicional de cuestionamiento sobre la base de la investigación y refuerza el argumento de la defensa y de la Fiscalía sobre la necesidad de una mayor claridad en el procedimiento judicial.