La Fiscalía archivará las investigaciones sobre los negocios opacos de Juan Carlos I

La Fiscalía del Tribunal Supremo está ultimando el archivo de las tres diligencias de investigación en torno al rey emérito y su dinero opaco no declarado a la Hacienda española y ocultado en paraísos fiscales. La decisión de la Fiscalía, que podría materializarse en unas semanas, se motivaría en la prescripción de algunos de los delitos económicos, en la inviolabilidad de la que gozaba Juan Carlos de Borbón cuando se perpetraron supuestamente esos delitos, y en la falta de indicios probatorios en algunos casos, según apuntan fuentes jurídicas a este diario.

Al archivo de las investigaciones de la Fiscalía, adelantado por 'El Confidencial' este miércoles, también contribuiría el hecho de que el exjefe del Estado ha realizado dos regularizaciones fiscales por alrededor de 5 millones de euros. Estas regularizaciones impiden la actuación judicial por delitos fiscales, explican fuentes jurídicas, ya que la Fiscalía las considera veraces y voluntarias.

La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga en tres diligencias prejudiciales el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas; el presunto uso por parte de Juan Carlos I y otros familiares de tarjetas de crédito opacas; y la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre de Juan Carlos de Borbón en el paraíso fiscal de la isla de Jersey. Estos tres asuntos quedarían sin investigación judicial, ya que la Fiscalía no presentará contra el rey emérito denuncia o querella criminal. 

La fortuna opaca de Juan Carlos de Borbón, fruto de negocios, comisiones y donaciones recibidos durante su reinado, quedarán sin reproche penal con la decisión de la Fiscalía de archivar sus pesquisas. Público ha destripado el origen de la inmensa fortuna del que fuera rey de España durante 40 años, amparado por los beneficios otorgados por el Estado, a través de Patrimonio Nacional.

La Fiscalía del Supremo prepara un decreto de archivo para las tres investigaciones, donde expondrá sus argumentos para dar carpetazo a las investigaciones prejudiciales. 

En dicho decreto, la Fiscalía explicará sus motivos para afirmar que las dos regularizaciones fiscales del rey emérito fueron correctas, pese a que Juan Carlos I fue avisado previamente de las diligencias en su contra a través de su abogado. Este aviso previo impediría la regularización con la que evitar la investigación por delito fiscal. 

La primera regularización del rey emérito fue en diciembre de 2020, por un importe de 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause. La segunda, del 25 de febrero, por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.

Por otra parte, el Ministerio Público cree que los fondos encontrados en paraísos fiscales no supondrían delito alguno, ya que habrían prescrito por su antiguedad. 

La dilación de la Fiscalía del Supremo en tomar una decisión respecto a la judicialización o no de sus investigaciones sobre el rey emérito hacía inviable prorrogar el próximo mes de diciembre el plazo de investigación. La actuación de la Fiscalía en este asunto ha estado envuelta en la polémica debido a giros inesperados en su versión sobre la información previa ofrecida a la defensa de Juan Carlos I, que llegó a quejarse de que la presunción de inocencia del exjefe del Estado estaba siendo vulnerada.