madrid
Actualizado:La familia Franco ha solicitado un nuevo plazo para la apertura de la Casa Cornide ante la incoación de un expediente sancionador por parte de la Xunta. Este palacete, ubicado en el centro de A Coruña y ejemplo de la arquitectura residencial de la Ilustración en Galicia en el siglo XVIII, pasó a propiedad de Carmen Polo y, por su matrimonio en gananciales, de Francisco Franco, en 1962. Antes de esa fecha, el inmueble había sido patrimonio del Ministerio de Educación y luego del Ayuntamiento de A Coruña.
Cuando el edificio fue declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), la Xunta envió una notificación a la familia Franco para recordar la obligación de abrirlo de forma gratuita al menos cuatro días al mes, tal y como establece la Ley de Patrimonio Histórico y Cultural. Según ha explicado este martes el conselleiro de Cultura, José López Campos, en la primera resolución, los herederos del dictador "alegaron que constituía una vivienda". Sin embargo, la Xunta decretó que la vivienda está "sin muebles, por lo que no puede dar lugar a una residencia habitual". De este modo, se mantiene la obligación de apertura propia del régimen de los BIC.
Después de que la Consellería de Cultura tratara, sin éxito, contactar con la familia hasta en cuatro ocasiones, "se incoó un expediente sancionador". Ante esta decisión, los Franco alegaron inicialmente que se les había enviado la notificación a una dirección incorrecta y "pidieron un plazo para iniciar el procedimiento", aclara Campos. Así, por el momento la Xunta "está resolviendo ese escrito" mientras no avanza con la sanción.
No obstante, el conselleiro ha asegurado que la respuesta a la familia Franco implicará recordar "la obligatoriedad de la apertura", de tal manera que, si los Franco siguen negándose a cumplir con la ley, "habrá sanciones y multas". Ya el pasado mes de abril, el Gobierno de A Coruña anunció la revisión de oficio para la declaración de nulidad del proceso de venta de la Casa Cornide a Carmen Polo. El Ejecutivo local transmitió también su intención de reclamar al Gobierno que revise un trámite de audiencia con los Franco: esta inspección se enmarcaría en el proceso para buscar la recuperación del edificio para el patrimonio público.
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