Pedro Sánchez fue investido como presidente del Gobierno el pasado 16 de noviembre. Lo hizo tras un proceso de negociaciones complejo y gracias a acuerdos con hasta seis formaciones distintas, aparte de Sumar, socios de la coalición. Han pasado más de ocho meses desde entonces. Entre medias, varios procesos electorales, un periodo de reflexión inédito del líder del Ejecutivo y otras cuantas turbulencias políticas. 

A nivel legislativo, estos meses tienen un nombre propio: ley de amnistía. Esta medida, reclamada ya desde el pasado verano por Junts y ERC, ha marcado en gran medida la producción legislativa de la coalición entre PSOE y Sumar. Se negoció hasta el último detalle, se llevó a Pleno pero la primera versión del texto fue tumbada por el partido de Carles Puigdemont, que tenía dudas sobre su alcance. 

La ley se retocó de nuevo y comenzaron unos trámites, retrasados también por la mayoría absoluta del PP en el Senado, que no terminaron definitivamente hasta el pasado 30 de mayo. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 11 de junio. Desde entonces ha comenzado su aplicación aunque con una ofensiva judicial de fondo y la mirada puesta en el Tribunal Constitucional (TC). 

Incluyendo la amnistía, el Gobierno ha conseguido aprobar ya de forma definitiva un total de 11 iniciativas legislativas. Una de ellas es la reforma de la Constitución para modificar el artículo 49 y eliminar la expresión "disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos".

De esas 11 normas, solo cuatro de ellas son leyes. Por un lado, la mencionada amnistía. Por otro, la Ley 1/2024, de 7 de junio, por la que se regulan las enseñanzas artísticas superiores y se establece la organización y equivalencias de las enseñanzas artísticas profesionales.

Por último, aprobadas de forma definitiva en el macropleno del 23 de julio, la ley de paridad y la la ley que crea la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. 

Las otras iniciativas son convalidaciones de Reales decretos. El primero fue en diciembre y se aprobaron medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos europeos) en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.

Ese mismo mes se aprobó un nuevo 'decreto anticrisis' con medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo. 

Entre el mes de enero y el mes de mayo no se aprobó nada de manera definitiva. Las diferentes elecciones autonómicas (Galicia, Euskadi y Catalunya), así como el impasse que tuvo la ley de amnistía, generó un bloqueo legislativo.

Desde mayo se han aprobado reales decretos sobre suspensión de lanzamiento de viviendas para colectivos vulnerables; sobre protección por desempleo; sobre promoción del transporte público para jóvenes y el último decreto anticrisis, convalidado en el Pleno del pasado 23 de julio. 

Todas las mencionadas se refieren a trámites que ya están completos del todo. Hay un puñado más en tramitación parlamentaria que se espera que salgan adelante en próximas sesiones. Entre ellas se encuentran algunas como la Ley del Derecho a la Defensa, por ejemplo, que tiene que volver del Senado, la ley del poder judicial que reforma el CGPJ o las leyes de bomberos y agentes forestales. 

La mayoría de la investidura también logró un importante acuerdo antes de que Sánchez se convirtiera en presidente. Fue el cambio de reglamento en el Congreso para que se puedan usar las lenguas cooficiales. 

Diferencias con la pasada legislatura 

PSOE y Unidas Podemos lograron aprobar la pasada legislatura un total de 215 iniciativas: 118 leyes, 96 reales decretos y un real decreto legislativo. Se trata de una cifra muy importante, no muy alejada de la última mayoría absoluta de Mariano Rajoy, y de la que ha sacado pecho siempre Sánchez. Los datos iniciales indican que la productividad de la coalición PSOE y Sumar no serán tan altos a no ser que se pise el acelerador. 

En el mes de marzo, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, presentó el Plan Anual Normativo. Sus previsiones son aprobar hasta 50 leyes durante 2024. Para cumplir con ello, tendrá que pisar el acelerador, teniendo en cuenta que la mayoría absoluta del PP en el Senado ralentiza más los tiempos que los de la pasada legislatura.

A esto se le añade una mayor complejidad parlamentaria ya que PSOE y Sumar necesitan prácticamente en todas las votaciones a las diferentes fuerzas del bloque de investidura: ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG y Podemos, además de poder contar en ocasiones con Coalición Canaria. En abril, algunos socios, como publicó este medio, mostraron cierta incomodidad por la parálisis legislativa del Ejecutivo.