En España hay sentencias que se cumplen y otras que no, y entre estas últimas se encuentra la que ordena exhumar de los columbarios del Valle de los Caídos los restos de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, asesinados en Calatayud (Zaragoza) en agosto y octubre de 1936 y trasladados al mausoleo franquista en 1959 sin permiso de sus familias.

Fue dictada hace ya más de seis años, a primeros de mayo de 2016, por el Juzgado de Primera Instancia número dos de San Lorenzo de El Escorial, cuyo titular reconoció el derecho de un hijo y sobrino y de una nieta y sobrina-nieta de los fallecidos a darles "digna sepultura" ya que "el derecho de la persona a ser inhumada conforme a los ritos de la religión que profesa", concluyó, "forma parte del contenido esencial del derecho fundamental de libertad religiosa, que comprende".

Sin embargo, seis años después de esa sentencia, el kafkiano laberinto legal y judicial por el que transita su ejecución acaba de incorporar un nuevo giro que amenaza con volver a aplazarla, ahora por la negativa del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a reanudar la tramitación de la licencia de obras para poder actuar en los columbarios.

El episodio, narrado por el Gobierno en su respuesta a dos preguntas (1) y (2) parlamentarias del senador de Compromís, Carles Mulet, que se había interesado por saber "si han comenzado las actuaciones necesarias para cumplir la sentencia que reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos óseos de los hermanos Lapeña", permite hacerse una idea del nivel de complejidad, forjado a base de demandas y recursos judiciales y de decisiones de distintas administraciones, que ha alcanzado el kafkiano, por absurdo y angustioso, embrollo jurídico que va postergando la ejecución de la orden de exhumación.

"Quieren que los hijos se mueran y los nietos abandonemos"

Todo esto, como ha ido sucediendo con otros trámites, pleitos e incidentes en torno a una exhumación que en la práctica lleva más de seis años pendiente, va ocurriendo sin que la familia Lapeña haya sido informada.

"No nos han comunicado nada de nada. Los familiares ya estamos convencidos de que no van a hacer nada", explica Pura Lapeña, nieta y sobrina-nieta de los hermanos Lapeña, que lamenta cómo "últimamente de lo que nos enteramos es a través de la prensa. Es lamentable... No sabemos nada. Es de pena todo esto".

El caso, desesperante para quien logró el aval de los tribunales, se está convirtiendo en paradigmático de una de las quejas nucleares del memorialismo: "Parece que quieren que los hijos se mueran y los nietos abandonemos la búsqueda de las víctimas del franquismo". 

En este caso, Manuel Lapeña, que se quedó sin padre ni tío cuando tenía 12 años, falleció hace casi un año, a los 97, cuando llevaba casi cinco viendo cómo, tras varios años de pleitos a raíz de haberse enterado del paradero de sus familiares gracias a una tesis doctoral, la ejecución de la sentencia que ordena la exhumación de esos restos seguía encallando una vez tras otra.

Otro galimatías jurídico, ahora con la licencia de las obras previas

El asunto tiene aspecto de regreso a la casilla de salida, si es que en realidad alguna vez llegó a salir de ella en la práctica, ya que afecta a la rehabilitación de los accesos a las criptas del Valle de los Caídos, que es una de las "actuaciones previas para el cumplimiento de la sentencia", explica la respuesta del Gobierno.

La licencia de obras para esa intervención, solicitada por Patrimonio del Estado e inicialmente concedida por el ayuntamiento, fue suspendida de manera cautelar a mediados de noviembre del año pasado por el Juzgado Contencioso número 10 de Madrid en un auto que provocó dos movimientos: por un lado, el consistorio suspendía el permiso y, por otro, la Abogacía del Estado presentaba un recurso en el que el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) de Madrid le daba la razón a finales de junio.

Sin embargo, y tras pedirle que levantara la suspensión de la licencia, el ayuntamiento ha respondido que "como la sentencia no es firme, no es posible llevar a efecto la solicitud de Patrimonio Nacional ni la ejecución del acuerdo la última sentencia", ya que esa medida "solo puede ser llevada a efecto cuando tal firmeza tenga lugar y sea notificada".

A partir de ahí, la Abogacía del Estado ha planteado un "incidente de ejecución" en el que solicita al Juzgado número 10 que dictamine que la licencia inicialmente recurrida "recupera toda su ejecutividad, pudiéndose llevar a cabo las actuaciones programadas".

Aunque nada apunta a que eso pueda dar lugar a una resolución rápida por dos motivos: la decisión es recurrible sea cual sea su sentido y, en cualquier caso, existe la posibilidad de que la decisión del consistorio no pueda ser modificada en ese pleito y requiera uno nuevo, ya que el actual versa sobre la concesión de la licencia y ahora se comienza a discutir sobre su suspensión, algo que a efectos prácticos puede suponer algo más que un mero matiz cuando se trata de derecho administrativo.

El juez ha traslado la petición de la Abogacía del Estado a las partes para que presenten sus alegaciones, con un plazo que concluye a principios de septiembre ya que agosto es inhábil en esa jurisdicción.

"Seguimos sin saber muy bien qué se va a hacer"

"Estamos en un rompecabezas judicial que lo que ha hecho ha sido marear todavía más a la familia después del calvario que han pasado" y que supone "una muestra más de la falta de voluntad del Gobierno. Han pasado seis años, han tenido tiempo para actuar y seguimos sin saber muy bien qué se va a hacer", señala Mulet, que reclama el cumplimiento de la sentencia.

Para el senador de Compromís, "lo destacable es que hace más de seis años de la sentencia y el Gobierno no ha hecho nada en un sitio que es patrimonio de la Administración. Han tenido tiempo más que suficiente antes de que se mareara la perdiz con el tema judicial".

"Si cuando salió la sentencia hubieran actuado con la premura que hacía falta ya estaría el tema resuelto", añade, mientras llama la atención sobre el atasco de "todo lo que tiene que ver con la ley de Memoria Histórica. El retorno de los restos enterrados en el Valle a todos los familiares se tendría que haber solucionado ya con la ley de 2007 sin necesidad de acudir a los tribunales".

Por su parte, el secretario de Cultura e Identidad Nazional de Cha (Chunta Aragonesista), Marco Negredo, que acusó al Gobierno de haber estado jugando con los Lapeña y "con el resto de las familias de republicanos inhumados ilegalmente en el Valle de los Caídos", reclamó la ejecución de la sentencia: "hay un mandato judicial claro para actuar en un lugar que es además patrimonio del Estado, motivos más que suficientes para implicarse decididamente. Estamos hablando de una cuestión de memoria democrática, de reparación y de dignidad para esta familia aragonesa".