Estupor entre los jueces de Canarias por las grabaciones del magistrado Alba a sus compañeros de tribunal

MADRID.- Estupor entre los jueces de Canarias por las grabaciones comprometedoras realizadas por el magistrado Salvador Alba a sus compañeros de la Audiencia Provincial de Las Palmas. El malestar es de tal gravedad que las asociaciones judiciales planean reunirse este miércoles con el fin de acordar un comunicado conjunto de repulsa y en petición de sanciones disciplinarias.

Para calentar motores, Jueces para la Democracia (JpD) ha emitido un comunicado este martes en el que pide sanciones disciplinarias contra Alba por estas grabaciones. En la nota de dicha asociación se difunde también el enlace a las páginas de Canarias Ahora donde se pueden escuchar las grabaciones de Alba a sus compañeros.

Pocas horas después, el Consejo General del Poder Judicial anunciaba la apertura de un expediente contra el magistrado por su actuación cuando sustituyó a la magistrada Victoria Rosell al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.

Es el único hueco que tenía el CGPJ para hacer frente al malestar interno, ya que el resto de las actuaciones de esta creciente polémica entre Alba, Rosell, el empresario Miguel Ángel Ramírez y Carlos Sosa,  pareja de la magistrada, se investiga hasta en cuatro procedimientos penales distintos.

Salvador Alba ha dado un triple salto mortal en el escándalo de grabaciones que se suceden en los juzgados de Canarias dentro de su enfrentamiento con la magistrada Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, quien dimitió para defenderse de una querella interpuesta por José Manuel Soria, expresidente del PP canario, basada en un informe de Alba.

En su último salto, Alba intentaba probar que fue presionado a favor del empresario Miguel Ángel Ramírez, contra quien se ha querellado por grabar a su vez una conversación entre ambos, ocurrida en marzo, donde supuestamente acuerdan su testimonio que perjudicaría a Rosell, entonces diputada de Podemos.

Para probar la presión de Ramírez, Alba presentó la semana pasada ante un juzgado una grabación que ha realizado a sus propios compañeros de tribunal, en la que hablan de forma distendida en el office sobre asuntos que investigan y realizan comentarios comprometedores. Por ejemplo, uno llega a decir en el descanso que está “acojonado porque en el colegio hay rusos” con pinta de mafiosos. Y añade: “todas las rumanas, putas… ¿Tú pondrías a un albano kosovar en tu casa, a cuidar de tus hijos? ¿No? Pues lo mismo”.

La grabación completa dura 24 minutos, fue realizada el pasado septiembre y entregada por Alba al juzgado de instrucción 2 de Las Palmas. En el audio aparecen Emilio Moya, presidente de la Audiencia, Carlos Vielba y José Luis Goizueta, además de Alba, todos ellos integrantes de la Sección Sexta.

En el audio se escucha una conversación entre Alba y el magistrado Vielba, amigo suyo, quien le propone un acuerdo extrajudicial con Ramírez. Vielba le comenta que el empresario quiere cerrar un acuerdo “en una piscina” donde los tres se sumergirían para evitar ser grabados, según las grabaciones que ha difundido el 3 y 4 de noviembre Canarias Ahora. Para rizar el rizo, este medio de comunicación está dirigido por Carlos Sosa, pareja de Victoria Rosell y protagonista también de este escándalo.

Alba y Vielba hablan de la grabación que realizó Ramírez al juez en su despacho y que fue difundida de forma fragmentada. El empresario, cuenta Vielba, destruyó la grabación íntegra entre ambos, porque había “pisoteado” el aparato; sin embargo, tiene capacidad para retrasar la presentación de las pruebas periciales que Alba ha pedido en el juzgado para demostrar que es una prueba manipulada.

Salvador Alba ocupó temporalmente el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas cuando Victoria Rosell dio su salto a la política con Podemos en las elecciones generales de diciembre. En este cargo, Alba asumió la investigación abierta al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, por fraude contra Hacienda y la Seguridad Social sobre quien se había pedido en 2014 una fianza millonaria sin que fuera acordada por su antecesora.

Ramírez compró los derechos una emisora a la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa, por 300.000 euros cuando Victoria Rosell había dejado el juzgado para concurrir a las elecciones por la lista de Podemos.

Salvador Alba hizo un informe sobre Victoria Rosell a petición de la Fiscalía de Las Palmas que resultó definitivo para que el Supremo admitiera una querella contra la entonces diputada, presentada por José Manuel Soria, presidente del PP de Canarias. Este informe ha sido parcialmente desacreditado después por la aparición de las diversas grabaciones que han puesto en cuestión a Alba.

Asi, en la grabación que Miguel Ángel Ramírez hace de su reunión con Salvador Alba, mantenida el 16 de marzo de 2016, ambos abordan una ulterior declaración judicial del primero contra Rosell. El empresario reconoce haber tenido negocios con Carlos Sosa y que, por ejemplo, en el año 2009 una sociedad de la que es apoderado compró acciones de Canarias Ahora. Alba sostiene que el procedimiento tiene que ser limpio para todos, incluido para el juez instructor.

Esa actuación de Alba es la que ha originado este martes la apertura de un expediente por el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Fonseca-Herrero, con el que trata de acallar la escalada de críticas internas por el dislate. El Promotor reúne pruebas de la difusión de las grabaciones supuestamente ilegales desde mayo, pero la ley le obliga a esperar a que finalice el proceso penal.

El escándalo se sucede mientras cuatro órganos judiciales investigan las distintas ramificaciones abiertas por esta cadena de enfrentamientos y grabaciones entre jueces.

Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias investiga a Rosell por la denuncia presentada contra la jueza por José Manuel Soria, exministro de Industria y expresidente del PP de Canarias. Rosell, exportavoz de JpD, es acusada de dilaciones indebidas y retraso malicioso en una investigación de fraude a la Hacienda Pública abierta en su juzgado contra Miguel Ángel Ramírez.

Esta denuncia de Soria provocó que Rosell dimitiera como diputada de Podemos, para así poder defenderse.

A su vez, la Fiscalía denunció a Salvador Alba Tribunal Superior de Justicia de Canarias por el delito de negociaciones prohibidas a funcionarios. En este procedimiento se investiga la grabación que realizó Ramírez a Alba donde ambos habrían abordado la declaración del primero con el fin de involucrar a Rosell en el retraso de la instrucción de la causa abierta contra el empresario.

El tercer procedimiento es la querella interpuesta por Alba contra Ramírez y el abogado Sergio Armario en el juzgado de instrucción 2 de Las Palmas por grabarle y difundir la conversación en su despacho de forma fragmentada, donde el juez admite que su objetivo sería acabar con la carrera de Rosell. La querella fue interpuesta por descubrimiento de secreto, falsedad, calumnias, injurias y coacciones.

Salvador Alba ha retirado esta querella en la mañana de este martes, tras ampliarse sus grabaciones a sus compañeros por medio del comunicado de JpD, y poco antes del anuncio del expediente disciplinario abierto contra él en el CGPJ.

El cuarto procedimiento es el abierto contra Miguel Ángel Ramírez en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas a instancia de la Fiscalía y que fue llevado por Rosell y Alba. En este sumario, se investigan supuestos delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social que habría cometido Miguel Ángel Ramírez y donde la segunda reclama hasta .13 millones de euros no ingresados en sus arcas

Miguel Ángel Ramírez es presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de Seguridad Integral Canaria. Esta empresa es la adjudicataria de la seguridad de los edificios judiciales donde está el despacho de Salvador Alba.

Ramírez es propietario también de esa piscina al sur de Las Palmas que ofrecía reunirse con los magistrados Alba y Vielba dentro del agua y cerrar la disputa. El pacto en bañador hubiera sido su compromiso de que no tenía intención de grabarlos.