Los grupos del Congreso han registrado este miércoles su plan de trabajo para la comisión de investigación sobre la Operación Kicthen, que este viernes será votado en la primera reunión de la mesa del órgano parlamentario que pondrá contra las cuerdas al PP de Casado. El PSOE y Unidas Podemos, a diferencia de casi todos los partidos, no han presentado aún su lista de comparecientes, pero la formación morada ha restado importancia a que el excomisario José Manuel Villarejo declare en la comisión, en la línea de lo que el PSOE ha venido sosteniendo al ser cuestionado por este asunto.

"Me da tan poca credibilidad que me parece que metodológicamente no sería urgente convocarle en primer lugar. Tiene capacidad de inventiva, de imaginación y de tergiversar la realidad. Mientras menos intoxicación haya en las comparecencias, mejor", ha defendido el diputado de Unidas Podemos y vicepresidente primero de la mesa de la comisión parlamentaria, Enrique Santiago, en una rueda de prensa. 

Estas declaraciones contrastan con la postura que hasta ahora había defendido Unidas Podemos, ya que han manifestado en varias ocasiones a través de su portavoz en el Congreso, Pablo Echenique, la necesidad de citar a Villarejo porque era "más que evidente que formó parte de esta trama" al liderar presuntamente la policía paralela que realizó los trabajos encargados por la cúpula del Ministerio de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy para anular pruebas inculpatorias para el PP en casos de corrupción. 

Si bien, Santiago no ha descartado que el excomisario, en prisión sin fianza desde hace más de tres años, sea interrogado en sede parlamentaria: "Tendrá que llegar el momento en el que habrá que valorar si comparece o no. Son decenas las personas que han pasado por la Audiencia Nacional vinculadas con este caso", ha expresado. Y, en esta línea, ha apostillado que "lo que ha ocurrido puede reconstruirse perfectamente sin el señor Villarejo" para defender que se de prioridad a personas con "más credibilidad" que el policía encarcelado.

Mantienen la comparecencia de Pablo Casado

Enrique Santiago, en cambio, ha insistido en la comparecencia del actual presidente del PP, Pablo Casado. "Esta fue una operación política conocida, permitida y autorizada por la máxima dirección del PP y lo que es cierto es que esa máxima dirección del partido era el señor Mariano Rajoy y también estaba Pablo Casado, que era el responsable de comunicación", ha sostenido el portavoz de IU en sintonía con lo que había propuesto Unidas Podemos anteriormente.

"Mucho me extrañaría que no se enterara de qué hacía la cúpula de su partido de la que formaba parte. Y parece que formaba parte destacadamente porque posteriormente ha sido el sucesor de Rajoy. Desde nuestro punto de vista consideramos que lo normal es que comparezcan los que al menos permitieron que esa operación se llevara a cabo, aunque no dieran las órdenes políticas", ha argumentado Enrique Santiago.

El plan de trabajo de PSOE y Unidas Podemos

Los partidos que sostienen el Gobierno y que solicitaron la creación de esta comisión, que además cuentan con mayoría en el órgano rector, han pedido que los trabajos se desarrollen en tres fases: solicitud de información escrita y documentación, comparecencias y elaboración del dictamen.

"La Comisión recabará del Gobierno, del conjunto de las administraciones públicas, autoridades y funcionarios, así como de cualesquiera personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, cuantos documentos, informes, antecedentes o datos sean necesarios para investigar, esclarecer y analizar las actuaciones e informaciones que constituyen el objeto", acuerdan en primer lugar.

En cuanto a la lista de interrogatorios, ambos grupos establecen que se celebrarán "las comparecencias que [la comisión] considere pertinentes para cumplir su objeto". "Durante el desarrollo de los trabajos y como consecuencia de éstos, la Comisión podrá acordar la apertura de nuevos plazos para la propuesta y la aprobación de nuevas comparecencias", añaden.

También, proponen que en los requerimientos de comparecencia se concretará el tema sobre el que deba versar el testimonio, "pudiendo detallar los aspectos concretos de las actuaciones e informaciones que integran el objeto de la comisión sobre los que interese que se pronuncie el compareciente, con motivo de que pueda preparar su intervención de manera que responda íntegra y adecuadamente a las demandas de los miembros de la comisión".

Asimismo, el PSOE y Unidas Podemos plantean que la duración de los trabajos sea de tres meses desde su constitución -mediados de diciembre-, un plazo que podrá ser prorrogado por decisión del Pleno. También, han pactado que la Cámara Baja podrá acordar, en su caso y conforme a lo previsto en el artículo 76.1 de la Constitución, que la Mesa del Congreso "de traslado al Ministerio Fiscal de sus conclusiones para el ejercicio de las acciones que sean procedentes", según refleja la hoja de ruta a la que ha tenido acceso este medio.

El PP pide retrasar las comparecencias hasta después de las elecciones catalanas

Por su parte, el PP ha pedido que las comparecencias no comiencen hasta que se celebren las elecciones catalanas, cuya fecha está pendiente del TSJC, y una vez se hayan recibido una serie de informes aclaratorios que el PP ha solicitado a los letrados del Congreso y al juez instructor de la trama, Manuel García Castellón. Y es que, el grupo popular arguye que tanto el PSOE como Unidas Podemos están personados en el sumario que se instruye en la Audiencia Nacional, por lo que acceden a documentos del juzgado que ahora van a poder ser reclamados en la comisión.

El partido conservador ha esgrimido que el objeto de la comisión es "poner los trabajos al servicio de los intereses políticos de ambas fuerzas proponentes, cuestión que se constata con la lectura del enunciado de la comisión donde ya se habla de ilegalidades no demostradas por los tribunales y de una finalidad, la de favorecer al PP, no demostrada". También, plantea limitar el número de sesiones a 12 y que ningún grupo pueda vetar comparecencias de los demás.

Otras propuestas

En el plan de trabajo presentado por el resto de grupos del arco parlamentario, Vox, ERC, Cs, PNV y EH Bildu coinciden en llamar a declarar a José Manuel Villarejo y al exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO), Enrique García Castaño. Asimismo, entre los nombres más repetidos por la mayoría de estos partidos destacan: el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y su esposo, el empresario Ignacio López del Hierro, los exministros de Interior Jorge Fernández Díaz y José Ignacio Zoido, el exsecretario de Estado Francisco Martínez, el ex director general de la Policía y exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, o el ex director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, entre otros.