Si la nieve que aún congela la actividad laboral en Madrid no lo impide, la mesa de la comisión de investigación sobre la llamada Operación Kitchen prevé comenzar la próxima semana con los trabajos del órgano parlamentario que pondrá contra las cuerdas al PP de Casado, según afirman fuentes parlamentarias del grupo socialista. Si bien, desde Unidas Podemos reconocen que la presidenta de la comisión, la socialista Isaura Leal, "aún no se ha puesto formalmente en contacto con los grupos para establecer un calendario". 

La Mesa del Congreso calificó este miércoles la petición del PSOE y Unidas Podemos, que sumó el apoyo de ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, Más País, Compromís y Nueva Canarias, para que el Congreso celebrara sesiones extraordinarias en enero, un mes que está fuera del calendario de sesiones, para dar salida a los trabajos de la comisión de investigación.

El órgano parlamentario se constituyó a finales de diciembre, casi tres meses después de que la mayoría del Pleno de la Cámara Baja aprobara su creación. La socialista Isaura Leal fue elegida presidenta de la mesa de la comisión que tiene por objeto indagar sobre la presunta utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, durante los mandatos de Gobierno de Mariano Rajoy, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción.

Fuentes socialistas explican a Público que el órgano rector decidirá el plan de trabajo. "El objetivo es llevar la comisión con la máxima garantía", ahondan estas fuentes. En este sentido, la intención del PSOE, cuya representación en la mesa se completa con la diputada Andrea Fernández, pasa por llamar a comparecer primero a "los responsables técnicos [de Interior] que recibieron las órdenes" para llevar a cabo la presunta operación parapolicial que investiga el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón.

Aunque el PSOE insiste en que aún "no tiene una lista de comparecientes", estas fuentes aclaran que citarán en primer lugar a las personas que desempeñaron funciones "por debajo del secretario de Estado" en aquella época, como podría ser el ex director general de la Policía, Ignacio Cosidó, o el jefe del cuerpo con el Gobierno de Rajoy, el comisario Eugenio Pino.

Después de que los segundos escalones de Interior rindan cuentas en sede parlamentaria, la mesa llamará a declarar a los "responsables políticos" de esta operación. Todo apunta a que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el exministro Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, estos dos últimos imputados en la pieza siete de la macrocausa judicial Tándem, no se librarán de comparecer en la Cámara Baja. 

La incógnita de las posibles comparecencias del actual líder del PP, Pablo Casado y el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión, aún sigue sin despejarse. En el PSOE sólo se limitan a señalar que deberán declarar "todos los personajes que puedan aportar claridad a la hora de determinar qué ocurrió y qué responsabilidades podemos atribuir", mientras que Unidas Podemos, que continúa trabajando en la lista definitiva -tal como señalan fuentes del grupo a Público-, defiende citar a ambos.

"El Congreso levantará la tapa de esa cloaca para ver hasta dónde llega la infección mafiosa del PP en el Ministerio de Interior, la utilización de lo público para hacerle la guerra sucia a los adversarios del PP y destruir pruebas de su corrupción", señaló el portavoz de Unidas Podemos en la Cámara Baja, Pablo Echenique, el día que se constituyó la comisión parlamentaria. En este sentido, añadió: "Pensamos que Cospedal, Rajoy, Villarejo y Casado deberían comparecer".

Por su parte, el PP no descarta "la comparecencia de nadie" y, aunque no aclara si debe citarse a Villarejo, sí abre la puerta a recabar el testimonio "de todos aquellos que hayan podido tener relación". Según ha señalado la portavoz del grupo, Cuca Gamarra, en varias ocasiones, en esta ecuación entraría la actual fiscal general del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, quien compartió una comida con el excomisario, el exjuez Baltasar Garzón y otros mandos policiales cuyas grabaciones se publicaron hace meses.

Los grupos se arman con sus principales portavoces

Ante este hecho "tan grave" y que apunta a prácticas "censurables", los grupos políticos han escogido a sus principales portavoces como vocales de la comisión parlamentaria para poner contra las cuerdas a la formación conservadora. De esta forma, el portavoz adjunto del grupo socialista Felipe Sicilia y su homólogo en la comisión de Interior, David Serrada, completarán la representación del PSOE en la comisión. Unidas Podemos ha designado a Echenique y a su portavoz adjunta, Sofía Fernández Castañón.

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, representará a su grupo junto a la diputada Pilar Vallugera. Íñigo Errejón (Más País) y Miriam Nogueras (Junts) harán lo propio por el Grupo Plural; el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, representará a su grupo; Mikel Legarda lo hará por el PNV; Oskar Matute, por EH Bildu, y Carlos García Adanero, de UPN, será el representante del Grupo Mixto.

El PP llevará a al portavoz de la comisión de Justicia, Luis Santamaría, mientras que la formación de extrema derecha está representada por la secretaria general del grupo, Macarena Olona, y los diputados Víctor González Coello de Portugal y José María Figaredo.

A pesar de los intentos de la actual dirección del PP de alejarse de los casos de corrupción que sobrevuelan Génova, el "fantasma que siempre vuelve", los trabajos de la comisión que incomoda a la formación de Pablo Casado coincidirán con la campaña y celebración de las elecciones catalanas, una cita prevista en principio para el 14 de febrero, pendiente de la evolución de la tercera ola del coronavirus.