España, denunciada ante la ONU por atacar la independencia judicial

MADRID.- La organización Rights International Spain, dedicada a la defensa de los derechos y libertades, y las asociaciones de jueces Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, han denunciado a España ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que "diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes".

Según estas entidades, las consecuencias de las injerencias del Gobierno español son el "debilitamiento tanto del Poder Judicial como del Estado de Derecho". La denuncia se dirige a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de Naciones Unidas, un órgano creado en 1994 para hacer frente a los "atentados a la independencia" judicial de todos los países del mundo.

En el texto remitido a la Relatora Especial, la brasileña Gabriela Knaul, se habla en primer lugar del polémico nombramiento del nuevo Presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) del Tribunal Supremo, en el que se denuncian irregularidades tanto en los criterios de nombramiento como en el propio procedimiento, en el que ha habido falta de transparencia e indicios de presiones externas.

Las asociaciones ponen asimismo en entredicho la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que lesiona la dependencia del Consejo General del poder Judicial (CGPJ) al hacer de él un órgano con un carácter colegiado menor. Aseguran además que para su redacción no ha habido “una verdadera consulta con las organizaciones de la sociedad civil” y no se han tenido en consideración las opiniones de los profesionales del sector.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que actualmente se está tramitando en el Senado, también está en el centro de las críticas de los denunciantes, porque fija un plazo límite para la instrucción penal "con el objetivo alegado de agilizar la justicia”. Esto, en opinión de las asociaciones, “afectaría especialmente a las causas por corrupción política, al impedir a los jueces realizar todas las investigaciones necesarias para la averiguación de los hechos delictivos”.

Las organizaciones civiles y de jueces creen que el Gobierno no dotará del suficiente presupuesto a la justicia para que las investigaciones penales puedan llevarse a cabo en los plazos establecidos, por lo que estaríamos hablando de una medida contraproducente en la lucha contra la corrupción, "ya que contribuirá, en la práctica, a aumentar la impunidad”, aseguran.

Este mismo año, Rights International Spain y Jueces para la Democracia ya remitieron un informe a la Comisión Europea denunciando la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, criticando entre otros puntos su redacción al margen de los expertos en la materia y la sociedad civil.