ERC aplaza la decisión de entrar o no en el Gobierno municipal de Barcelona. La razón es que la masiva asistencia de militantes en el congreso extraordinario, que se debía celebrar a partir de las 19.00 horas en el Orfeó Martinenc, ha desbordado el aforo del espacio y la comisión organización de la Federación de Barcelona de Esquerra ha decidido suspender el cónclave. El espacio tiene una capacidad para 270 personas, muy por debajo de los militantes republicanos que han acudido, y la dirección ha optado para aplazar el congreso cuando pasaban 45 minutos de las 19.00 horas.

La Federación de Barcelona de ERC pretende así garantizar el derecho de voto y de participación de todos los militantes, de manera que buscará un nuevo emplazamiento y una nueva fecha para celebrar el congreso, que no se ha anunciado este jueves. La asistencia constata la importancia que las bases republicanas dan a posicionarse sobre la entrada o no en el Gobierno liderado por el socialista Jaume Collboni, una cuestión que genera cualquier cosa menos consenso dentro del partido independentista. Y más en un contexto en el que, a nivel autonómico, la formación tendría que decidir las próximas semanas si avala o no investir al primer secretario del PSC, Salvador Illa, como presidente de la Generalitat.

¿Qué implica el acuerdo?

El pacto que deberán votar las bases republicanas se ha logrado esta semana después de meses de conversaciones entre las dos partes, que ya habían comportado un acuerdo para los presupuestos municipales. Las cuentas, finalmente, saldrían adelante vía cuestión de confianza, puesto que los Comuns las rechazaron.

A grandes rasgos, fija que los republicanos tendrán dos tenencias de alcaldía, a través de las cuales encabezarán las áreas de Turismo y Promoción Económica y la de Derechos Sociales y liderarán tres de los diez distritos de la ciudad: las Corts, Horta-Guinardó y Gràcia. La defensa y promoción de la lengua catalana, la calidad urbana, la juventud, la gente mayor o la proyección de la ciudad son otras áreas que recaen en la formación independentista, mientras que los socialistas mantienen ámbitos como vivienda, seguridad o urbanismo.

Uno de los campos donde el acuerdo podría implicar más cambios es el turístico. Según ha avanzado Público, el pacto establece la reducción del número de pisos turísticos en la ciudad, con el objetivo de que sea del 50% en las zonas tensionadas. La voluntad es hacerlo para "garantizar la convivencia en los barrios, incrementar la oferta de vivienda y mejorar la gestión del turismo". Según datos municipales, a 31 de diciembre de 2023 Barcelona contaba con 9.818 viviendas de uso turístico, 416 más que el año anterior, casi la mitad de los cuales -4.465- ubicadas en el Eixample.

También incluye poner en marcha un fondo dotado con 40 millones anuales para compensar los efectos negativos del turismo, especialmente en las zonas más masificadas de la ciudad. Además, también se hará un nuevo plan de usos en Ciutat Vella, con el objetivo de impedir nuevas aperturas de establecimientos que favorecen el monocultivo turístico, además de impulsar directamente el cierre de comercios de souvenirs o dedicados al cannabis, y, a la vez, fomentar la apertura de comercios de proximidad, destinados a los vecinos. Tensión interna ERC había estado 12 años en el Ayuntamiento de Barcelona, siempre como socio minoritario de gobiernos liderados por el PSC y en los que también participaba la antigua ICV-EUIA. En concreto, los tripartitos municipales existieron entre 1995 y 2007, en una época en que el líder de la formación en la ciudad era Jordi Portabella y los alcaldes fueron Joan Clos y Jordi Hereu. Los males resultados obtenidos en los comicios locales de aquel último año provocaron que Esquerra pasara a la oposición.

En 2019, la ERC de Ernest Maragall había sido la fuerza más votada, pero los votos de Barcelona pel Canvi -la plataforma del ex primer ministro francés Manuel Valls- permitieron que Ada Colau y los Comuns mantuvieran la alcaldía, en alianza con el PSC. Cuatro años más tarde, y tras caer de diez a cinco concejales, ERC había llegado a un acuerdo de gobierno con Xavier Trias y Junts, pero en este caso fue el PP quien se movió para decantar la balanza y aliarse temporalmente con PSC y Comuns para investir a Collboni.

Teniendo en cuenta estos precedentes, era previsible que una decisión como la posibilidad de entrar al gobierno municipal de Barcelona generara tensiones internas, sobre todo en un contexto en que el partido a nivel nacional tiene que decidir las próximas semanas si inviste o no al primer secretario del PSC, Salvador Illa, como president de la Generalitat.

De entrada, el acercamiento de los republicanos con los socialistas en la capital se ha producido una vez su antiguo líder, Ernest Maragall, se ha retirado de la política, puesto que él no quería gobernar con el PSC. Su sucesora, Elisenda Alamany, sí que lo ha defendido, con la voluntad de ganar influencia municipal y virar hacia la izquierda las políticas de Collboni, una opción que a nivel interno también ha defendido el hasta ahora presidente del partido, Oriol Junqueras.

En cambio, la actual dirección de transición que lidera la secretaria general, Marta Rovira, hasta la celebración del congreso del 30 de noviembre -en el cual Junqueras quiere recuperar la presidencia- no defendía la idea. Y, sobre todo, pretendía que la decisión no se tomara hasta que el partido se hubiera posicionado definitivamente sobre la investidura de Illa, una elección que probablemente no se tomará hasta agosto, cuando se acerque el límite para evitar la repetición electoral.

De hecho, el grupo municipal de Barcelona ya tenía encarrilada su entrada en el gobierno de Collboni a principios de año, pero todo ello se había atrasado como consecuencia del adelanto electoral en Catalunya, para evitar segundas lecturas de un movimiento como este.

En todo momento, la dirección nacional ha insistido que lo que suceda en Barcelona no tiene correlación con las negociaciones para la investidura de la Generalitat, si bien es inevitable que pueda indicar cierta tendencia y que lo que pasa en la capital tiene un inevitable impacto político en el conjunto de Catalunya.