El próximo 11 de septiembre finaliza el plazo para que el Partido Popular y sus barones presenten los recursos de inconstitucionalidad anunciados contra la ley de amnistía. Son solo doce los días que quedan para que el plazo de tres meses establecido para impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional se agote. 

Desde que la ley fue publicada en el BOE, el 11 de junio pasado, el PP y las comunidades bajo su control anunciaron a bombo y platillo la presentación de recursos de inconstitucionalidad contra la norma que perdona los delitos relacionados con el procés independentista. 

Pero a medida que fue pasando el tiempo, Alberto Núñez Feijóo matizó y anunció que agotaría el plazo. "Las personas que están estudiando el recurso de inconstitucionalidad tenían mucho interés en conocer cuál es la opinión del Tribunal Supremo. Yo participo de esa opinión y de esa forma de hacer las cosas. ¿Por qué nos vamos a precipitar si tenemos 90 días para hacerlo?", dijo en una entrevista radiofónica el pasado 2 de julio. 

Se refería el líder de los 'populares' a la decisión del Supremo no de aplicar la ley de amnistía al delito de malversación que atribuye a Carles Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. 

Días después, la Sala de lo Penal del Supremo daba el paso definitivo de presentar ante el Constitucional de una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía por considerar que atenta contra el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. 

Siguiendo la lógica de Feijóo de esperar a ver qué hacen los órganos jurisdiccionales ante la ley de amnistía, se da la circunstancia de que el día antes de que venza el plazo para los 'populares', el Tribunal Constitucional (TC) afrontará una cuestión crucial relacionada con la materia. 

En el pleno del 10 de septiembre, el TC estudiará la admisión a trámite de la referida cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Supremo. 

Ataques al Constitucional

La estrategia del PP estos tres meses ha pasado por cuestionar al Tribunal Constitucional y a su mayoría progresista, en un intento de desprestigiar al órgano de garantías y dar por hecho que avalará la ley de amnistía por el simple hecho de favorecer al Gobierno.

Los ataques de la cúpula del PP al presidente del TC, Cándido Conde Pumpido, se acrecentaron el pasado mes de julio a raíz de las sentencias del caso ERE, en las que el tribunal de garantías tumbó la sentencia del Supremo y de la Audiencia de Sevilla que condenó a los altos cargos de la Junta de Andalucía por el sistema de ayudas a las empresas en crisis.

Los recursos autonómicos del PP

En la misma línea que el PP nacional, sus barones esperan al último momento para interponer recursos de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. 

Isabel Díaz Ayuso marcó el paso al resto de presidentes autonómicos del partido, o lo intentó, cuando antes de que la ley estuviera aprobada, el 30 de mayo pasado, anunció que su gobierno presentaría "ya mismo" un recurso de inconstitucionalidad contra la norma. 

Pero tras los primeros momentos de explosión propagandística, los barones del PP congelaron sus planes hasta ver por dónde tiraban los tribunales españoles, con la esperanza puesta en Europa, en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a donde han llegado ya las primeras cuestiones prejudiciales vinculadas con la ley de amnistía.

Ha sido el Tribunal de Cuentas el primero en presentar dichas cuestiones, ocho, en concreto, en el marco del procedimiento sobre el desvío de fondos públicos para el procés, ante la posibilidad de que colisione con los intereses financieros de la Unión.