"La justicia española va muy lenta". Es una de las grandes críticas que se le hacen al sector judicial en España y, en mayor o menor medida, hay un reconocimiento por parte del sector público de que la saturación es una realidad en los juzgados de muchos territorios. De hecho, desde hace años se han ido naciendo planes y estrategias tanto en el Gobierno como a nivel europeo para subsanar el problema, que no afecta solo a España. En estos momentos, los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados están trabajando en el moldeamiento de una ley ambiciosa en este sentido, la ley de eficiencia judicial.

Es una norma que busca modernizar la estructura y el funcionamiento de la Administración de justicia y subsanar algunas lacras que se exponen en el propio preámbulo del texto legislativo. Entre ellas, superar "la falta de especialización de los juzgados" o "la proliferación de órganos con idéntica competencia en cada partido judicial". En otras palabras, dar a todas las sedes judiciales las competencias necesarias para operar con agilidad en los distintos procesos judiciales y eliminar duplicidades, lo que debería permitir repartir mejor los recursos.

Fuentes de la Comisión de Justicia del Congreso informan a Público de que el proceso de enmiendas —en este momento, se están debatiendo más de mil presentadas por las distintas fuerzas políticas después de la admisión a trámite del proyecto de ley— durará aproximadamente dos meses, pero que las sensaciones son buenas y que, aunque habrá discrepancias, "la ley saldrá adelante". 

A la espera de conocer cuál es redactado final de la norma y si cuenta con los votos necesarios para salir adelante, su contenido se puede resumir en cinco claves.

Tribunales de instancia y optimización de recursos

Una de las principales novedades que aportaría la ley es la creación de los Tribunales de Instancia. Tal y como expone el Gobierno, los 3.800 actuales juzgados se convertirán en 431 Tribunales de Instancia, lo que "supondrá una gran optimización de recursos". Pero ¿qué son esos tribunales y por qué deberían ayudar a agilizar la justicia? ¿Qué dice el texto legislativo al respecto?

Lo que refleja la ley es que el establecimiento de los Tribunales de Instancia servirá para "simplificar el acceso a la Justicia de los ciudadanos", los habrá en cada partido judicial y sustituirán a los juzgados unipersonales. Este nuevo órgano será colegiado y, en el texto, se especifica que no alterará las funciones de los juzgados unipersonales, pero que precisamente su carácter colegiado los hará más diligentes y operativos.

Se trata del primer órgano con el que se encontrará un ciudadano cuando quiera recurrir a la justicia. Desde el Gobierno explican que su creación obedece a dos razones. Una, que los ciudadanos, al recurrir a la justicia, encuentren un solo tribunal (representado por oficinas judiciales, que verán redefinida su función), en lugar de con varios juzgados. Otra, lograr una unidad de criterios real, que posibilite que "asuntos iguales tengan igual respuesta judicial".

Adiós a los juzgados de paz

Otro cambio que comportará, en caso de entrar en vigor, la nueva ley es la eliminación de los tradicionales juzgados de paz para sustituirlos por Oficinas de Justicia, que tendrán más funciones. Este punto es relevante a nivel de descentralización. Al adquirir más competencias, este órgano debería tener como una de sus bondades evitar que los ciudadanos que vivan alejados de una capital tengan que desplazarse a ella.

Así, además de las funciones de contacto con la ciudadanía que ya poseían los juzgados de paz, según reza la ley, desde estas nuevas Oficinas de Justicia que habrá en los municipios se podrán "realizar actos y trámites procesales y registrales por la vía telemática".

Solución de controversias y más tecnología

Otras dos claves para poder entender el sentido completo de la ley de eficiencia judicial son la solución de controversias y la potenciación del uso de nuevas tecnologías. Un informe que elaboró el departamento de documentación de la Cámara Baja refleja que, con datos de la Comisión Europea, España es el cuarto país de la eurozona que más medidas de digitalización ha aplicado en la Administración de la Justicia. Sin embargo, la ley propone más.

Una de las más relevantes tiene que ver, precisamente, con esos trámites registrales y procesales que se podrán hacer de forma telemática en las Oficinas de Justicia. 

De hecho, la ampliación de los procesos telemáticos es una de las más claras apuestas del Ejecutivo en la redacción de la ley, como también lo es la solución de controversias, es decir, el uso de mecanismos alternativos a la vía judicial para solucionar problemas sin saturar los juzgados, especialmente en temas de civil y mercantil. Es decir, solucionarlos antes de llegar al juzgado. 

¿Más protección para los consumidores?

La ley también tiene un apartado con el que, según señala en el preámbulo, busca dotar de más protección a los consumidores.

Define así el estado de la cuestión: "La debilidad del consumidor en las relaciones de mercado se pone especialmente de manifiesto cuando, ante una práctica ilícita por parte del empresario, quiere acudir a la vía judicial, pues en la mayoría de los casos existirá una desproporción
entre el esfuerzo y los gastos que el proceso lleva consigo respecto de las cantidades o prestaciones que el consumidor podría obtener".

Pone el acento en lo tedioso y costoso que es para el común denominador de los consumidores enfrentarse a un empresario por la vía judicial. Para ello, la norma incorpora dos medidas para tratar de nivelar las fuerzas en la medida de lo posible. La primera de ellas, regular la habilitación de las asociaciones de consumidores para facilitar las acciones colectivas. Y la segunda, aunque forma parte de la misma, es el cambio del modelo opt-in al modelo opt-out.

Es importante. Hasta este momento, las medidas de reparación que se incluyen en la sentencia de un caso en el que se haya lesionado algún tipo de derecho de un consumidor solo se aplican a aquellos consumidores que, activamente, lo hayan solicitado. Si la ley se aprueba en los términos que aparecen en la actual redacción, a partir de su eventual entrada en vigor "todos los consumidores afectados", de forma general, quedarán amparados por la sentencia (y por las medidas de reparación) aunque no lo hayan solicitado expresamente.

Estos son solo los puntos más importantes de la ley, que navega en estos momentos por la tramitación parlamentaria. En una legislatura particularmente escasa en términos de producción legislativa, la de eficiencia energética es una de las normas mejor posicionadas para obtener más pronto que tarde el aval del Congreso.