Caso PalauDos empresarios admiten haber facturado al Palau varios trabajos para CDC

Dos directivos de empresas proveedoras de CDC han admitido este viernes que cargaron al Palau de la Música varios trabajos para la formación convergente porque así se lo pidieron desde el partido. Estas facturas venían de servicios que habían prestado para CDC con motivo de campañas electorales, aunque han desvinculado de la trama al extesorero Daniel Osàcar.

Miguel Giménez Salinas y Juan Manuel Parra, responsables respectivamente de las empresas Altraforma e Hispart, han revelado ante la Audiencia de Barcelona que participaron en el desvío de fondos del Palau de la Música a CDC a través de facturas mendaces, por lo que la Fiscalía les pide tres años de prisión al acusarles de un delito de falsedad documental.

Miguel Giménez Salinas, exconsejero delegado de la empresa de publicidad Altraforma, ha asegurado que entre los años 2006 y 2007 cargó al Palau de la Música tres facturas por un valor total de 190.778 euros con los conceptos falsificados, dado que en realidad correspondían a servicios que había prestado a CDC.

Según el empresario, CDC les indicó que falsificaran el concepto de esas facturas y las cargaran al Palau de la Música, aunque ha dicho no recordar la identidad de su interlocutor en el partido nacionalista.

En la misma línea se ha manifestado Juan Manuel Parra, de la empresa Hispart, dedicada al montaje de sistemas audiovisuales para congresos, convenciones y mítines, quien ha reconocido que cargó al Palau de la Música un total de trece facturas con un valor total de 824.299 euros que en realidad correspondían a servicios prestados a CDC con motivo de las elecciones generales de 2004.

El acusado ha revelado que fue el extesorero de CDC Carles Torrent, fallecido en 2005, quien le dio esas instrucciones para cobrar del Palau de la Música, pero ha insistido en que su sucesor al frente de las finanzas de la formación, Daniel Osàcar, que afronta siete años y medio de cárcel, no sabía "absolutamente nada".

"Osàcar no sabía nada"

Tras la muerte de Torrent, el acusado ha dicho que habló con "una chica de contabilidad" de CDC para reclamar los pagos y, posteriormente, con el propio Osàcar, al que explicó que estaba cargando al Palau de la Música algunas facturas pendientes con la formación convergente.

"Me dijo que él no sabía nada y que no tenían nada de ese tema y que no tenían ningún tipo de información y que fuera al Palau", ha relatado el empresario, que ha asegurado que entonces trató con Jordi Montull, la antigua mano derecha de Fèlix Millet al frente de la entidad cultural.

"Nos hicieron una factura de 30.000 euros para callarnos la boca, supongo", ha agregado.

Por el contrario, el responsable de Mail Rent y Letter Graphic Pedro Luis Rodríguez ha alegado que desconocía los trabajos que ambas compañías facturaron a CDC y al Palau de la Música, porque se encargaba de ello otra persona, por lo que ha afirmado que no sabe si los servicios al partido en campañas publicitarias y organización de actos políticos se facturaban a la entidad cultural.

No obstante, ha reconocido que durante años, cuando CDC ya no gobernaba la Generalitat, entre 2007 y 2009, hicieron donaciones por valor de 775.000 euros al partido, con el objetivo de ayudarle en sus finanzas, como una "inversión de futuro" para sostener a la formación, que era un "cliente importante".

El acusado ha explicado que fue un empleado de la compañía, Salvador O., que declarará como testigo en la causa, quien les propuso este donativo, y que ellos lo aceptaron porque creían en él y éste les aseguró que no afectaría a sus cuentas y que de esta forma le daban un "golpe de mano" al partido.

El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez-Ulled le ha inquirido entonces para saber por qué los cinco socios de ambas empresas hicieron caso a un empleado para aportar estos cuantiosos donativos a CDC: "Llámeme tonto", ha replicado Rodríguez, ante lo que el fiscal ha zanjado: "Le llamo acusado, por ahora".

Un exdirectivo de Ferrovial niega los pagos a CDC

Por otra parte, el exdirector de relaciones institucionales de Ferrovial Juan Elizaga ha asegurado que todos los pagos al Palau de la Música fueron por contratos de patrocinio "que no tenían ninguna irregularidad", con lo que ha negado que incluyesen pagos a CDC a cambio de obras públicas, tal y como sostiene la Fiscalía.

En su declaración como acusado, Elizaga -que se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel- ha explicado que les interesaba ser miembro de honor de esta institución porque era una entidad "con un prestigio impresionante" que permitía a la constructora introducirse en el mercado catalán.

Ha afirmado que el convenio con el Palau supuso una relación satisfactoria para ambas partes y que fue un "privilegio" poder contar con un patrocinio exclusivo como éste.

Ha insistido en que el objetivo de los convenios de patrocinio era potenciar la presencia y la imagen de la empresa en Catalunya y ha asegurado que tenían otros convenios similares en otras zonas de España.

Estos patrocinios, por los que el Ferrovial abonó a la institución unos 11 millones de euros de 2001 a 2010, se cancelaron por dos razones: la llegada de la crisis económica y la fama que la institución adquirió después de la entrada y registro de los Mossos d'Esquadra en julio de 2009.

Elizaga ha asegurado que no conocía de nada a los extesoreros de CDC Carles Torrent -fallecido en 2005- y Daniel Osàcar, que era el cargo de CDC que según la Fiscalía iba a cobrar al Palau las comisiones al partido a cambio de obras públicas.

El exdirectivo ha asegurado que sus reuniones con Montull negociaban, entre otras cuestiones, el número de entradas para el concierto inaugural y su ubicación en relación al contrato de patrocinio.

"¿Hasta ese nivel de detalle negociaba con Montull?", le ha preguntado el fiscal Emilio Sánchez Ulled, a lo que Elizaga ha respondido que sí porque, a diferencia de otras instituciones que patrocinaban, a eventos del Palau invitaban a altos cargos.

Contraprestaciones habituales

Tras esta tercera jornada de juicio, un portavoz de la compañía ha reiterado que el patrocinio siempre fue público y se obtuvieron las contraprestaciones habituales en este tipo de actividad cultural.

Ha recordado que se celebraron todos los actos culturales previstos en los convenios de colaboración y se obtuvieron las ventajas de publicidad e imagen propias de este tipo de convenios.

Además, Ferrovial Agroman ha apuntado que las adjudicaciones se realizaron a la oferta con mejor valoración económica y puntuación global, sin tratos de privilegio, y que la compañía practica una política de "tolerancia cero" con la corrupción.