Ni el incumplimiento del metro y medio de distancia social, ni los evidentes riesgos de seguridad ciudadana, ni la ausencia de permisos municipales. Tanto la Delegación de Gobierno en Madrid como los efectivos de la Policía Nacional desplegados en el acto de Vox en Vallecas evitaron tomar medidas para impedir el mitin de la formación ultraderechista, que carecía de autorización para celebrar un evento de esas características. En su lugar, los agentes dirigieron su atención hacia las personas concentradas en la zona, contra las que cargaron. También hubo agresiones a periodistas que cubrían el evento. 

Vox había empezado la semana con mal pie. El lunes 5, el Ayuntamiento de Madrid había notificado que no autorizaba su solicitud de mitin en Vallecas, alegando –según informó El País– que había formulado la petición sin la antelación debida. Fuentes del consistorio madrileño señalaron a Público que la solicitud del partido ultraderechista se había registrado un día antes, el domingo 4.

En ese contexto, el partido ultraderechista comunicó por escrito a la Delegación de Gobierno en Madrid que tenía previsto realizar una "concentración" el día miércoles en Vallecas. Así figura en el documento emitido por la propia Delegación y difundido por Vox en su cuenta oficial de Twitter en vísperas del mitin. 

"Durante la concentración se mantendrá una distancia mínima entre los participantes de al menos 1,5 metros, siendo obligatorio en todo caso el uso de mascarilla así como su adecuada utilización", expresaba la Delegación de Gobierno en su notificación. En el tercer punto se aclaraba además que "la instalación de cualquier elemento material en la vía pública", entre los que citaba concretamente un escenario, "deberá cumplir la legislación vigente en materia de régimen local, autonómico o estatal a los efectos de salvaguardar el resto de bienes constitucionalmente protegidos".

Sin embargo, la realidad fue otra. Lejos de celebrar una "concentración", el partido de extrema derecha realizó un mitin electoral en el que hubo escenario y megafonía, exactamente lo que el Ayuntamiento de Madrid no había autorizado. Los asistentes tampoco respetaron el metro y medio de distancia que marca la ley. 

Pese a tales incumplimientos, la Policía Nacional evitó adoptar cualquier medida para impedir que se celebrase ese acto, que carecía de permisos. Tampoco actuó la Policía Local de Madrid, encargada de velar en este caso por el cumplimiento de la resolución dictada el pasado lunes.  

Tras ser consultadas por Público, fuentes del ayuntamiento gobernado por PP y Ciudadanos declinaron realizar valoraciones sobre este incumplimiento por parte de Vox. Tampoco ha sido posible obtener explicaciones de la Delegación de Gobierno de Madrid. 

"Convocar una movilización es un derecho fundamental, por lo que simplemente se comunica a la Delegación de Gobierno, que si no tiene objeción emite una notificación al respecto. Ahora bien, para celebrar un acto en el que habrá escenario y equipo de sonido, también tienes que solicitar autorización al ayuntamiento", explica José Muga, abogado del Estudio Jurídico Liria de Madrid. 

Tras ver lo ocurrido el miércoles en Vallecas, este jurista concluye que "el acto celebrado por Vox fue contrario a derecho, porque no tenían permiso del ayuntamiento". "Podían concentrarse, porque es un derecho fundamental, pero no podían realizar ese mitin", remarcó.

"No es lo mismo una concentración que un acto", resume Antonio Segura, integrante del Foro de Abogado de Izquierdas. Del mismo modo, apunta que la Delegación de Gobierno, "por razones de seguridad" debería haber optado por "señalar que se manifestaran en otra plaza". 

En tal sentido, el Foro de Abogadas y Abogados de Izquierdas-Red de Abogadas y Abogados Demócratas emitió este jueves un comunicado en el que denuncia que las "provocaciones" de Vox se produjeron "con la autorización y cobertura" de la Delegación de Gobierno, al tiempo que remarcó que "previamente el Ayuntamiento de PP-Ciudadanos no había autorizado ese acto de Vox en la Plaza Roja".

"Todos amontonados"

A la falta de autorización para celebrar un mitin se suman las vulneraciones a las medidas dispuestas para contener la pandemia. "Estamos en la misma situación sanitaria del pasado 8 de marzo y resulta que en este caso no se respetó ninguna medida: los asistentes estaban todos juntos, amontonados, en la zona del atril y de la megafonía", apuntó Segura.

Salvando las evidentes distancias, la situación sanitaria resultó motivo suficiente para que la Delegación de Gobierno decidiese suspender todos los actos por el 8M. Esa medida fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en una resolución determinó que "las medidas de distanciamiento físico y la limitación extrema de los contactos y de las actividades grupales son las más eficaces para evitar la propagación de una enfermedad grave". 

"Hay un dato a tener en cuenta: las decisiones gubernativas sobre manifestaciones tienen que basarse en principio de igualdad y no discriminación. Si se han prohibido otras movilizaciones, por ejemplo el 8M, basadas en razones imperiosas de protección de la salud, estos criterios también deberían haberse aplicado en este caso", concluye Iñigo Urrutia, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco (UPV). El mitin de Vox en Vallecas quedó fuera de esa lógica.