Ningún medio de comunicación puede sostener aún, sin atisbo de dudas, que Susana Díaz será candidata a la secretaría general del PSOE. Sin embargo, la calculada ambigüedad con la que ni se ha postulado ni se ha descartado ha hecho imposible disociar cualquiera de sus movimientos de los últimos meses de las primarias socialistas.

De todos ellos, el más delicado, el más arriesgado en términos políticos es el que ha afrontado este martes, 28 de febrero, día de Andalucía, al pronunciar el que para muchos ha sido su último discurso como presidenta de esta comunidad autónoma, y para otros, la confirmación de que “se queda”.

No hay duda de que el 28-F era el peor día para que Susana Díaz se postulase como aspirante a liderar el PSOE, pero algunos miembros de su gabinete sostienen que era “el día perfecto” para reivindicarse como presidenta de Andalucía. Quizá porque todos los ojos estaban puestos en ella, en busca de algún matiz orgánico dentro de su discurso, esta vez Díaz eligió el discurso posiblemente más andaluz de los cuatro que ha pronunciado un 28-F desde que dirige el Gobierno.

Con tanto énfasis, que muchos de los asistentes, próximos a la sevillana, volvieron a tener dudas acerca de su futuro. “¿Entonces se queda?”; “No es el discurso de alguien que dentro de un mes vaya a anunciar que se va a liderar el PSOE, ¿o sí?”, se preguntaban algunos.

En el mensaje de Díaz no había pistas de lo contrario, pero sí síntomas de poder compatibilizar responsabilidades, es más, la presidenta se afanó mucho en hacer extensible su visión sobre la identidad andaluza al conjunto del territorio. Y aquí está el enfoque federal del día de Andalucía, una proyección hacia el conjunto del país y singularmente hacia el problema del soberanismo catalán. “Andalucía debe ejercer una influencia benefactora en los cambios que se avecinan. El reconocimiento de la diversidad en este país no es ni remotamente incompatible con la igualdad de todos los ciudadanos vivan donde vivan”, dijo Díaz, enfatizando cada palabra.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán; la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz; y el vicepresidente de la Junta, Manuel Jimenez Barrios, asisten a los actos institucionales del Día de Andalucía, en el Parlamento andaluz.EFE/Pepo Herrera

Dentro de unos días se cumplen diez años de la reforma del Estatuto andaluz, que se aprobó casi en paralelo al Estatut catalán, con muchas similitudes, pero se libró del recurso ante el Tribunal Constitucional que interpuso el Gobierno. Aquí la reforma del Estatuto andaluz de 2007 contó con el consenso de todas las fuerzas parlamentarias, incluido el PP (algo que no sucedió 30 años atrás). Ese consenso es al que ha apelado Díaz como mensaje al catalanismo y a aquellos que “buscan tensionar las instituciones”. “Nosotros reformamos el Estatuto por consenso de todos, desde la normalidad democrática. Las cosas se pueden cambiar siempre que lo hagamos desde el respeto a las reglas del juego democrático y a la igualdad, principio esencial de la identidad andaluza”, y volvió a mirar a Catalunya: “Se puede cambiar una visión de la Constitución, nosotros lo hicimos con una visión asimétrica que nos dividía, pero apostamos a hacerlo con los votos y la razón, y siempre con una visión de igualdad para todas las comunidades”, dijo.

El 28 de febrero se conmemora el día del referéndum de 1980 en el que los andaluces votaron a favor de tener una autonomía plena, al mismo nivel que los llamados territorios históricos: Catalunya, País Vasco y Galicia. Andalucía peleó por su autogobierno, por tener Parlamento propio y, a la vez, peleó por el de los demás territorios, por la España autonómica que hoy existe, que se ha perpetuado 37 años, y que hoy muestra claros síntomas de agotamiento y crisis. Incluso el PSOE propugna un cambio de ciclo al anunciar el advenimiento de una España federal, sin que para muchos esté clara la diferencia entre esto y la descentralización administrativa que ya existe.

El presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, durante su discurso en el pleno institucional con motivo del Día de la comunidad autónoma. EFE/Pepo Herrera

De Andalucía salió aquel “café para todos” de Manuel Clavero Arévalo, que demandaba el equilibrio en el reparto del poder territorial, en contra de que hubiera unas regiones de primera y otras de segunda, ese “no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie”.

En el 81, la población formada en Andalucía sólo constituía un 22%, y hoy supera el 87%; hace 30 años Andalucía exportó productos por valor de mil millones, y el año pasado 25.000 millones; en el 81 sólo había 362.000 mujeres trabajando, y el año pasado, 1,2 millones. La presidenta no sólo se apoyó en el “avance histórico” para enterrar la imagen de una “Andalucía marginal”, también ensalzó su gestión, poniendo énfasis en la sanidad y la educación públicas, y subrayando que desde que ella preside la Junta “la tasa de paro ha bajado un 8%”.

Aquel discurso del 28-F como un factor de vertebración para España es lo único que parece no haber envejecido, porque ahora Díaz y el resto de líderes de la oposición andaluza lo enarbolan frente al órdago del independentismo catalán, contra el nacionalismo asimétrico y contra esa tendencia al centralismo que los partidos de izquierda achacan al PP. El 28F siempre ha servido para reivindicar algo más que la autonomía andaluza, también se ha extrapolado el discurso para servir de guía y vigilante de la España autonómica, de un país donde los ciudadanos tengan los mismos derechos y los mismos servicios vivan donde vivan. Es verdad que en los últimos años, el 28F parece haber sido instrumentalizado para ejercer como némesis del independentismo catalán, para preservar la igualdad de territorios frente a quienes aspiran “a ser más” que los demás.

Susana Díaz ha atribuido este año una nueva responsabilidad al 28-F: inspirar la reforma del sistema de financiación autonómica y educar en la idea de que los impuestos los pagan las personas, no los territorios. En esta nueva tarea, el Gobierno de Madrid ha sustituido a los independentistas catalanes como factor desestabilizador: Díaz ha acusado directamente a la Administración de Cristina Cifuentes de ejercer el dumping fiscal, es decir, de romper el principio de solidaridad entre territorios, aplicando una rebaja de impuestos que su región puede permitirse (dado que la renta per capita es superior a la media y que las grande empresas están afincadas en la capital de España) pero que provoca el éxodo de inversores y contribuyentes en otras zonas del país. “Una Andalucía más fuerte servirá a una España más fuerte. Los intereses andaluces casan sin ningún esfuerzo con el interés del Estado, más cohesionado, más respetuoso, con un sistema de financiación justo que garantice el equilibrio territorial y la igualdad de los ciudadanos”, insistió.

Punto de inflexión

En el entorno de Susana Díaz, se ha instalado la idea de que justo dentro de un mes, la primera semana de abril, anunciará su candidatura a liderar el PSOE. Desde ese momento, pero sólo si gana las primarias socialistas, se abrirá un calendario de incertidumbres que comenzará con el necesario relevo en la secretaría general del PSOE andaluz, el complejo relevo en la presidencia del Gobierno andaluz y un previsible adelanto electoral de las autonómicas a finales de 2018 (tocan en 2019).

Izada de la bandera de Andalucía en el exterior del Parlamento autonómico ante representantes de todas las instituciones regionales con motivo del 28-F. EFE/Pepo Herrera

Este 28-F es un punto de inflexión en la carrera de Susana Díaz y, por extensión, de la historia del PSOE. El mayor riesgo que afronta la presidenta andaluza si da el paso para disputar la secretaría general de su partido a Pedro Sánchez y a Patxi López es abocar al PSOE andaluz, y por extensión a la Junta de Andalucía, a una situación de debilidad irresoluble.

Una parte notable de los colaboradores de la presidenta (todos ellos andaluces) teme que su salto a Ferraz sea aprovechado por todos los partidos de la oposición para ametrallar al Gobierno andaluz y a su presidenta, acusándoles de dejadez y abandono, invisibilizando cualquiera de sus políticas. Es un riesgo que todos asumen, porque otro grupo de asesores (con más influencia del resto de España) le advierten que lo que está en juego no es la supervivencia del PSOE andaluz, hoy por hoy es el más sólido (quizá el único) baluarte del socialismo en España, sino de todo el PSOE.

Como es habitual, ningún partido de la oposición acudió a la entrega de Medallas de Andalucía que se celebra cada año en el Teatro de la Maestranza, y al que asisten todos los miembros del Ejecutivo, autoridades varias y personas de la sociedad civil. La oposición acusa al PSOE de politizar esta efeméride y siempre se ausenta en señal de protesta. También es habitual que, en paralelo a esta efeméride, organizaciones sociales y colectivos de izquierda organicen una manifestación de protesta que desemboca en las puertas del teatro.

Este año, la Marcha e la Dignidad estaba encabezada por el lema La Andalucía que no se resigna y lucha: a la calle el 28-F, y estuvo respaldada por los grupos de izquierda, con Antonio Maíllo, Alberto Garzón y Teresa Rodríguez al frente. La protesta en las calles fue multitudinaria, más que otros años, y discurrió entre la estación de Santa Justa hasta las puertas del Maestranza. Los organizadores cifraron la asistencia con un número récord en Sevilla: unas 90.000 personas.

Esta es el difícil dilema que Díaz lleva meses intentando resolver, buscando desesperada una fórmula que le permita ganar en cualquier escenario. Pero esta vez no existe, el margen de error es grande: si se queda, puede que el PSOE quede reducido a un partido regional del sur de España; si se va, puede desatar la inestabilidad dentro del PSOE andaluz, reavivar las luchas internas, y precipitar la caída del Gobierno de Andalucía, donde no ha regido otro partido que no sea el socialista desde que se instauró la democracia.