El Gobierno de coalición se prepara para vivir este jueves otro día grande en el Congreso de los Diputados. Sus terceros y últimos Presupuestos Generales del Estado (PGE), los relativos a 2023, recibirán previsiblemente el visto bueno por parte de un amplio espectro parlamentario más allá de las fuerzas que sostienen al Ejecutivo de Pedro Sánchez, PSOE y Unidas Podemos, en minoría en la Cámara Baja.

Así como sucedió con los anteriores proyectores presupuestarios de la legislatura, los correspondientes a 2021 y 2022, y a falta de que ERC confirme el sí a las cuentas, el Gobierno tiene asegurada ya la mayoría simple necesaria para la aprobación de los Presupuestos de 2023 gracias a la suma de PSOE (120), Unidas Podemos (33), PNV (6), EH Bildu (5), PDeCAT (4), Más País (2), Compromís (1), Coalición Canaria (2), PRC (1) y la exdiputada morada Meri Pita.

Una vez concluya la sesión plenaria de las cuentas públicas, cuyo texto será remitido al Senado para continuar y finalizar allí su tramitación, como pretende el Gobierno (si incorpora enmiendas en la Cámara Alta, el proyecto tendrá que volver al Congreso), dará comienzo un nuevo pleno. Entre otros asuntos incluidos en el orden del día se encuentra la proposición de ley para introducir nuevos gravámenes a la banca, las energéticas y las grandes fortunas, así como la toma en consideración de la derogación del delito de sedición. Ambas son iniciativas propuestas por los partidos que componen el Ejecutivo. Y cuentan también con el aval de una amplia mayoría parlamentaria.

En Moncloa califican el día y la semana como "muy importante". Sacan pecho además de la "estabilidad" que aporta este Gobierno de coalición. Las cuentas públicas llegarán "en tiempo y forma", repiten incesantemente en el Ejecutivo. El propio Sánchez lo defendió en rueda de prensa frente a las críticas de la derecha. "Por mucho que hablen de inestabilidad, vamos a aprobar los terceros PGE en tiempo y forma", afirmó. 

A la cita del jueves llegan además crecidos en el Gobierno. La sesión de control celebrada este martes en el Senado aún coleaba este miércoles por los pasillos del Congreso. "Enfrente tenemos a un Feijóo sin propuestas ni soluciones. Desconocemos el modelo de país que defiende", afirmó a los medios la ministra de Educación y portavoz de la dirección socialista, Pilar Alegría. Moncloa y Ferraz resaltan la falta de liderazgo del dirigente del PP y su nula autonomía respecto al ala dura de su partido, encabezada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 

Nuevos impuestos temporales

La norma relativa a los impuestos nació para dar respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania, constituyendo un cambio de paradigma al cargar la responsabilidad de la actual crisis en las espaldas de los sectores que "más se lucran con ella", como defiende el Gobierno. Aunque el texto original, que será aprobado y remitido al Senado, ha sufrido importantes cambios durante su tramitación en el Congreso.

La proposición de ley incorporó el gravamen a los ricos vía enmienda de PSOE y Unidas Podemos. El impuesto será del 1,7% para los patrimonios de entre 3 y 5,3 millones de euros; del 2,1% para los patrimonios entre 5,3 y 10,6 millones, y del 3,5% para aquellos patrimonios superiores a 10,6 millones de euros. 

Por otra parte, la previsión de recaudación con el gravamen a las energéticas se ha rebajado a la mitad (hasta los 2.000 millones) al excluir las actividades reguladas, como la tarifa PVPC de electricidad o la de último recurso (TUR) de gas, y dejar fuera de aplicación la actividad que las empresas desarrollen fuera de España.

Asimismo, tras un acuerdo alcanzado con EH Bildu, la gestión de los impuestos a la banca y energéticas correrá a cargo de las haciendas forales vascas y navarras, además de que se estudiará la posibilidad de hacerlos permanentes cuando finalice la vigencia a finales de 2024.

El Gobierno le ha dado a este plan fiscal una relevancia política máxima. Hizo de la fiscalidad y de los impuestos una batalla ideológica. Entró directamente a ella para confrontar y diferenciarse del modelo del PP, que comenzó una escalada a la baja para suprimir el impuesto de patrimonio. El mensaje era claro: "no hay justicia social sin justicia fiscal". 

Lo volvió a recordar este miércoles el presidente, marcando línea, en la previa de la maratoniana jornada de este jueves en la cámara baja. "Este es un Gobierno que exige a aquellos que más tienen que arrimen el hombro en un contexto como este", dijo en rueda de prensa. El objetivo es ofrecer una salida diferente a la crisis que la que tomó el PP cuando estaba en el Gobierno. 
Gran diferencia entre crisis, entre administraciones.

La reforma del delito de sedición inicia su tramitación

La sedición ha sido una de las palabras más usadas en el panorama político y mediático de las últimas semanas. La reforma, más bien la posibilidad de que saliera adelante, apareció en medio de las negociaciones por la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El PP decidió abandonar el posible pacto, con el acuerdo casi hecho, con la excusa de esta iniciativa que planteaba el Gobierno. 

La reforma llegó mediante una proposición de ley presentada pocos días después de forma conjunta por PSOE y Unidas Podemos y con el apoyo de ERC. El objetivo es "mejorar la convivencia" en Catalunya y cumplir con los compromisos adquiridos desde el inicio de la legislatura. Sánchez lograba así cerrar las heridas creadas en los últimos meses con el Govern de la Generalitat.

La oposición de la derecha ha sido dura. Hasta tal punto que los populares han solicitado que este punto se vote por llamamiento. Es decir, de manera individual. Los populares quieren así que los diputados socialistas se retraten pensando en posibles brechas y votos contrarios de parlamentarios de territorios como Castilla-La Mancha o Aragón. Allí los barones habitualmente más críticos con el independentismo, Emiliano García Page y Javier Lambán, han criticado la reforma. Los socialistas no ven posibilidades de fractura y confían en que se inicien los trámites para que se lleve a cabo.  

De fondo también colea otro concepto relacionado con el Código Penal y Catalunya. La malversación. Reformar este delito era el objetivo de ERC, y los socialistas no se cerraban a ello pese a su complejidad. Pero el rechazo de algunos de los socios y las reacciones parece que han congelado de momento el impulso que querían presentar, vía enmienda, los republicanos catalanes. Salvo sorpresas, nuevas deserciones o equivocaciones masivas de voto, el Gobierno superará otra prueba importante. Y en las filas socialistas son conscientes de que puede ser una oportunidad para pasar página de las crisis que han asolado al Ejecutivo en un breve espacio de tiempo.