La jornada de negociación ha sido muy larga. Si bien es cierto que este lunes el PSOE ya avisaba de que la toma en consideración de la reforma de la ley de extranjería se preveía muy complicada, el Gobierno ha apretado hasta prácticamente el último minuto para arrancar una abstención o bien a Partido Popular (PP), o bien a Junts per Catalunya. Finalmente, ninguno de los dos. Ambas fuerzas han votado en contra ―también Vox― y han dado al traste con los planes del Ejecutivo. 177 votos en contra, 171 a favor y una abstención.

Los negociadores del Gobierno han apretado los dientes, pero no han logrado su objetivo. Fuentes de Sumar aseguraban, por la mañana, que el diálogo entre el Ejecutivo, Coalición Canaria, PP y Junts se mantenía vivo. Desde la formación canaria lo confirmaban a Público a primera hora de la tarde. "Se está negociando para que salga adelante la reforma de la ley", pero "hay que esperar". 

Había dos vías para alcanzar el éxito, pero eran complejísimas. Una, la abstención del PP. Su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, hizo llegar una carta al Ejecutivo con seis exigencias que debía aceptar Sánchez para apoyar la admisión a trámite de la iniciativa. Entre ellas, la convocatoria de una Conferencia de presidentes, declarar la emergencia migratoria "para todo el territorio nacional", reforzar el control de las fronteras marítimas o concretar el compromiso en términos de financiación por parte del Ejecutivo para que las regiones pudieran afrontar con garantías la acogida de los menores migrantes.

"Hemos hecho todos los esfuerzos", señalan desde el Gobierno. "Es importante tener en cuenta que lo que hoy se hacía era solo admitir a trámite la reforma", apunta una fuente socialista conocedora de la negociación. Quiere decir que, de haberse aprobado la iniciativa que registraron PSOE, Sumar y Coalición Canaria, se podría haber moldeado en el período de enmiendas. "No hablábamos de aprobarla definitivamente este martes", abrocha dicha fuente. En Moncloa, tachan al Partido Popular de "insolidario".

Por otra parte, desde el Gobierno añaden que se le llegó a ofrecer al PP convocar una Conferencia de presidentes autonómicos, como la que exigen, pero en septiembre. No ha sido suficiente.

La otra vía que ha probado el PSOE para desencallar la reforma y poder dar solución a la situación límite que se vive en Canarias ―el archipiélago no puede soportar la presión migratoria que llega a sus costas a través del Atlántico― se llama Junts per Catalunya. Los posconvergentes exigían que se consumase el pacto que alcanzaron con el Gobierno sobre la cesión a la Generalitat de las competencias en inmigración. También excluir a Catalunya de la redistribución de chicos y chicas migrantes. 

El acercamiento no ha llegado por ninguno de los dos flancos. Ambas formaciones ―al final, incluso Coalición Canaria― han instado a los socialistas a retirar el punto del orden del día para que no decayera. El PSOE no lo ha considerado. "Todo el mundo se va a retratar", insisten.

El principal cambio que establecía la reforma de la ley de extranjería tenía que ver con la redistribución de chicos y chicas migrantes cuando una región del Estado superara el 150% de su capacidad y, por lo tanto, mostrara signos de sobresaturación. Con el voto en contra de PP, Vox y Junts per Catalunya, la reforma vuelve a la casilla de salida. A un terreno mucho menos concreto que el parlamentario. La iniciativa que registraron PSOE, Coalición Canaria y Sumar se ha convertido, por el momento, en papel mojado.

Por el momento, fuentes del Gobierno descartan vehicular la reforma a través de un Real-Decreto, una posibilidad que se ha comentado en los mentideros de la Cámara Baja. Fuentes del Ejecutivo recuerdan que, al cabo de 30 días, cuando el Congreso tuviera que convalidarlo, se encontrarían con el mismo problema de este martes. 

No obstante, el Gobierno sí baraja una opción, según fuentes parlamentarias, para aliviar la sobrecarga de Canarias. Consistiría en que el propio Gobierno aportara los fondos necesarios a ONG y otras entidades del Tercer Sector distribuidas por todo el territorio español para que se encargaran de la acogida de migrantes transportados desde el archipiélago siempre y cuando las comunidades autónomas se comprometieran de su escolarización. Aún está muy verde, pero es una vía que podría explorar el Ejecutivo. 

El Congreso aprueba la reforma del Poder Judicial

A pesar de todo, el Partido Socialista sí ha culminado el recorrido en la Cámara Baja de la reforma del Poder Judicial que pactó con el PP. Era un cuestión que, a diferencia de la referente a la ley de extranjería, no presentaba ninguna complicación en esta maratoniana jornada de martes, cuando se ha celebrado el último pleno del curso antes del verano y se han debatido y votado hasta nueve puntos.

Así populares y socialistas han sellado el entendimiento que alcanzaron para romper el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El texto pasará ahora al Senado, que deberá ratificarlo. Si no lo hiciera, volvería al Congreso para recibir la aprobación definitiva, pero el acuerdo entre los grandes partidos asegura el visto bueno de la Cámara Alta. También se ha acordado el nombramiento de los nuevos vocales del CGPJ por parte del Congreso, previamente acordados por PP y PSOE.

Es un pacto, el de los dos grandes partidos, que no es inocuo para los socialistas en términos de relaciones con sus aliados parlamentarios. Sumar, Esquerra Republicana, EH Bildu o el BNG afean el acuerdo, mientras que Podemos llega al extremo de exigir al PSOE romper el pacto si quiere colaborar con los morados para avanzar en las medidas de regeneración democrática que presentó el presidente del Gobierno en el Congreso el 17 de julio.

'Ok' a la ley de paridad y al decreto anticrisis

El Congreso también ha dado luz verde a la aprobación definitiva de la ley de paridad, que da más peso a la presencia de mujeres en los consejos de administración y las instituciones, y a la convalidación del decreto anticrisis. Este último, una prórroga de las medidas para enfrentar los efectos de la guerra de Ucrania que se ha convalidado por los pelos gracias a un acuerdo de última hora del Ejecutivo con Podemos. La formación morada se ha salido con la suya y ha logrado que el Ejecutivo incluya en el decreto convertir el descuento al bono social eléctrico en permanente hasta diciembre.

También cabe destacar que, dentro de la ley de paridad, se ha aprobado una enmienda para evitar que el Senado tenga la capacidad de torpedear la senda de déficit una vez la apruebe el Congreso. Con lo que, una vez la Cámara Baja saque saque adelante los objetivos de estabilidad, el primer paso para aprobar los Presupuestos será firme y no correrá el peligro de encontrarse con el muro de un Senado controlado por el Partido Popular. De hecho, aprobar esos objetivos era otro de los puntos de este martes, pero de nuevo Junts ha arruinado las expectativas del Gobierno y ha votado en contra alegando un trato deficitario a Catalunya.

En otro orden de cosas, el Congreso aprobado dos proyectos de ley para dignificar las condiciones laborales de los bomberos y agentes forestales. Ambos pasan a su fase de tramitación en el Senado.