El delito de sedición, punto de partida de Feijóo y los fiscales conservadores para desmontar las leyes más progresistas

La contrarreforma legislativa a la que se comprometió Alberto Núñez Feijóo ante medio centenar de miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, tiene en el derogado delito de sedición su punto neurálgico. Recuperar ese ilícito penal y llamarlo delito de deslealtad constitucional es una de las promesas del presidente del PP en la cena del pasado 18 de abril en el Hotel Claridge con los citados fiscales.

Según el contenido de la reunión, desvelado por El País, recuperar el delito de sedición, sustituido en la presente legislatura por el desórdenes públicos agravados, es la prioridad de Feijóo, jaleado en su objetivo por unos fiscales de renombre: Antonio Narváez, fiscal en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y magistrado del Tribunal Constitucional hasta el 30 de diciembre pasado. 

Narváez, que formó parte de la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional hasta que tuvo lugar la última renovación, se dedica en la actualidad a decidir sobre los recursos contra el Ejecutivo que llegan al Supremo. En la citada reunión, que fue ocultada de la agenda oficial del líder de la oposición, expresó su deseo de un próximo Gobierno del PP y denunció una "alianza de los socialistas con los filoetarras de Bildu". 

Dudas sobre el proceso electoral español

Una de las cuestiones que planteó Antonio Narváez en la cena en el Hotel Claridge tiene especial importancia: cuestionó la intervención de Indra en los procesos electorales como empresa encargada del control informático de los comicios. Este asunto salió a colación tras las pasadas elecciones andaluzas, cuando Esteban González Pons, vicesecretario general institucional del PP, se quejó de que la multinacional española "cuenta los votos", después de asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez "se había lanzado al control de Indra". Los populares airearon entonces durante semanas el bulo del posible amaño electoral. 

Narváez fue uno de los seis magistrados del Constitucional que apoyaron la prohibición de que el Senado votara la tramitación legislativa con la que se iba a reformar dos leyes orgánicas para desbloquear la renovación del tribunal de garantías, en diciembre de 2022. Los conservadores del TC impusieron su criterio y por primera vez se cruzó una línea inquebrantable, como es la de suspender una tramitación legislativa en el Parlamento español.

Leyes que serán derogadas si gana el PP

Alberto Núñez Feijóo prometió a los fiscales conservadores comenzar su contrarreforma legislativa "nada más llegar a la Moncloa". Ya lo adelantó en diciembre pasado, cuando se refirió a la ley del solo sí es sí como una de las primeras en ser tumbadas si él gana las elecciones. El presidente del PP indicó entonces que su programa electoral plasmaría la futura derogación de una decena de leyes del Gobierno de coalición, como la ley de eutanasia y la nueva ley de Educación (Ley Celaá), recientemente avaladas por el Constitucional. 

Otras leyes, especialmente en las que tiene mayor peso Unidas Podemos, tendrían los días contados en cuanto Feijóo llegue al poder, tal y como él mismo se comprometió ante los 50 fiscales conservadores. Se trataría, entre otras, de la Ley de Bienestar Animal y la Ley de Vivienda, contra la que los populares han lanzado una ofensiva incluso antes de su aprobación. Las comunidades autonómicas gobernadas por el PP estudian en este momento si es posible presentar un recurso de inconstitucionalidad. 

No extraña la fiebre derogadora "del sanchismo" en su totalidad que promete el PP: el partido de Feijóo ha llevado al Constitucional prácticamente todas las leyes progresistas que han salido del Gobierno de coalición. 

Una exfiscal general, con Feijóo

También Consuelo Madrigal, fiscal general del Estado entre 2015 y 2016 con el Gobierno de Rajoy, dio su apoyo político a Feijóo. Madrigal preside en la actualidad la comisión ética de la Fiscalía General del Estado. La Unión Progresista de Fiscales ha pedido su dimisión al trascender la reunión con el líder del PP, por posible vulneración del código ético de la Fiscalía. 

Según este código ético, los fiscales han de abstenerse de realizar cualquier acción o manifestación que pueda ser percibida como "una afectación a su independencia e imparcialidad".

A Consuelo Madrigal no le gusta que "los deseos" de los grupos parlamentarios minoritarios se conviertan en ley a través de las enmiendas con las que se tramitan las proposiciones de ley, según expresó en una cena con Feijóo que ha trascendido gracias a los medios de comunicación. Un encuentro con los fiscales que para el equipo del líder de la oposición se enmarca dentro de la normalidad. Así lo defendió también el propio Feijóo este martes: "Fue una reunión absolutamente correcta e institucional, a la que yo he ido previa invitación". 

Preguntados sobre porqué no se comunicó esa cena en la agenda oficial del presidente, como es habitual, desde su equipo defienden que "no se comunica todo lo que hace" el líder de la oposición y que en ningún caso fue un encuentro secreto porque "se hicieron fotos".