La tercera queja tramitada del defensor al alcalde de Córdoba pone en evidencia una simbología franquista pendiente de resolver en tres ciudades españolas. El pasado 29 de agosto, el defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, admitió la queja de asociaciones memorialistas que pedían el desmontaje de la cruz que a día de hoy se encuentra ubicada en los Jardines de la Subdelegación del Gobierno en pleno centro histórico de la ciudad. En su primera queja transmitían la "inacción del Ayuntamiento de Córdoba sobre el desmontaje de la Gran Cruz de los Caídos de la ciudad" a pesar de que la lucha de los colectivos como el grupo de memoria de CGT Andalucía llevan desde el año 2015 en la batalla. Sería el tercer escrito que Maeztu envía al consistorio sin dar respuesta oficial hasta el momento.

Frente a la Delegación del Gobierno y la Audiencia Provincial se encuentra esta Gran Cruz de los Caídos que lleva más de ocho décadas en uno de los jardines más importantes del centro histórico de Córdoba. Una ciudad que sufrió una feroz represión por parte del bando nacional con una cifra de represaliados que superan en el cementerio de la Salud y San Rafael los 4.000 fusilados hasta bien entrada la posguerra.

El historiador Francisco Navarro denuncia en Público el despropósito de los partidos locales, tanto de izquierdas como de derechas, ante la retirada de las cruces de los caídos. Un claro sinónimo del retroceso que vive la sociedad. "No podemos entender cómo se puede amparar a estos vestigios, que reflejan los crímenes que se vivieron en ciudades como estas y que los historiadores podemos calificar de lesa humanidad".

El alcalde José María Bellido rehúye a solucionar la situación "pero no solo ha sido el PP, ya que el PSOE e Izquierda Unida tampoco cumplieron con las comisiones que les instaban a cumplir con la ley estatal de memoria y ahora la andaluza aprobada en 2017", apunta Navarro. "Aún permanecen en pueblos como Aguilar de la Frontera, Montilla y Puente Genil cruces de este tipo. Y todos los gobiernos han mirado para otro lado y no quieren hacer nada para solucionarlo".

Un informe que "obliga" a una inminente retirada

"La retirada de la Cruz de los Caídos constituye un mandato definido por ley y dirigido a los poderes públicos sujetos la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Jesús Maeztu ha remitido un vasto informe que requiere al alcalde de Córdoba, José María Bellido, a que proceda a la retirada de la Cruz en el menor plazo posible.

Maeztu destaca en su informe, al que ha tenido acceso Público, que atenta contra la Ley de la Memoria Histórica de Andalucía y además va contra las recomendaciones de la comisión municipal de la Memoria que creó el propio Ayuntamiento y que permitieron la creación de una serie de conclusiones que fueron aprobadas por los partidos el pasado año. Una comisión que ha tenido ningún valor en la práctica.

Imagen de la actual Cruz de los Caídos de Córdoba / Grupo Memoria de CGT Andalucía

Cecilio Gordillo, coordinador del Grupo Recuperando la Historia Social de Andalucía señala que consideran una "falta de respeto democrático que persistan símbolos en los espacios públicos, y en sus denominaciones, que faltan a la verdad y a los valores que representa la actual sociedad. No se puede exaltar mediante símbolos ideas y personas que representan un periodo negro de la historia más reciente".

Gordillo recuerda como durante el mandato de la entonces alcaldesa Rosa Aguilar hizo las primeras reclamaciones: "El caso fue omiso. Lo mismo que ocurrió con la siguiente la exalcaldesa socialista Isabel Ambrosio", aclara. Explica que a pesar de que se han "dirigido de forma individual en muchas ocasiones", no han logrado que les respondan a ningún escrito de forma oficial. "Por ello este año el defensor Maeztu ha logrado llegar donde nosotros no hemos podido", explica.

El historiador Francisco Navarro concluye que al estar en terrenos de la Subdelegación del gobierno central es el propio Ayuntamiento de Córdoba y el alcalde Bellido quien no dará una respuesta formal, dejando la responsabilidad de la decisión final al actual gobierno central para que "se ocupe de este asunto".

La polémica por la segunda Cruz 

María Jesús Criado, presidenta de AMECECA, como resulta una auténtica "salvajada" que en una ciudad como Cáceres y en una de las rotondas más amplias de la entrada a ciudad se pueda ver "semejante monumento". Criado destaca que es "una vergüenza que una ciudad Patrimonio de la Ciudad tenga esa Cruz".

En 1937 fue inaugurada por Pilar Primo de Rivera. "En Cáceres no hubo frente ni bandos de guerra porque los represaliados poco pudieron hacer ante las tropas golpistas". Criado apunta que el número de fusilados y fusiladas asciende a los 700 nombres y que están también trabajando en un proyecto de los encarcelados en esa etapa en la que se inauguró la cruz. "Vamos casi por dos mil nombres", sentencia.

Imagen de la inauguración de la Cruz de los Cáidos de Cáceres / Archivo de la AMECECA

En 2014 la asociación memorialistas de la AMEHECA participó en la creación de un catálogo de vestigios en el ayuntamiento de Cáceres. "Se hizo la comisión y un informe para catalogar toda la simbología que debía ser retirada pero no se ha hecho nada hasta el momento, ya que actualmente el PSOE gobierno en el ayuntamiento de Cáceres en minoría", concluye.

María Jesús pasa a menudo cerca de la rotonda del lápiz, y ve el monumento franquista que supera en altura de 12 metros. En la placa actual pone "Cáceres a todos los caídos por España", un mensaje de clara herencia franquista que esperan que termine desapareciendo tras la entrada en vigor de la ley de memoria extremeña en julio de 2019.

"La difícil inmovilidad" para que Vigo retire su cruz 

En Vigo se hizo un fuerte intento de retirada de la actual Cruz de los caídos en el año 2015. El Tribunal Constitucional no admitió a trámite el recurso presentado por la Asociación Viguesa Pola Memoria Histórica do 36 contra la sentencia del TSXG que anulaba el fallo de un juzgado de Vigo que ordenaba la retirada de la Cruz de O Castro por ser un símbolo de herencia franquista. El Constitucional no lo admitió a trámite a pesar de que el documento iba acompañado de 500 firmas. La asociación reclamaría que la retirada de mensajes de los caídos no convertía al monumento en un "símbolo de reconciliación".

A pesar de que el ayuntamiento de Vigo lo gobierna el PSOE, desde el consistorio sentencian que la cruz es actualmente un monumento "representativo de los caídos por ambos bandos", un argumento que no resulta válido para las asociaciones memorialistas ni para las víctimas del régimen en la ciudad gallega.

El último intento de los colectivos de izquierda tuvo lugar en agosto de 2018 cuando se dirigieron al obispo Vigo para que la Cruz se ubicara en el entorno de la Iglesia y fuera trasladada a un espacio de culto, fuera de la representación de las víctimas, pero hasta el momento sigue ubicada en el mismo espacio.