El Gobierno se juega la legislatura a la carta de los Presupuestos Generales del Estado de una manera que sobrepasa al propio Ejecutivo y en la que se ve afectado el Congreso. Hace tiempo que desde Moncloa se avisa de que el rechazo del Parlamento a las cuentas aboca directamente a un adelanto electoral, una posibilidad que cada vez cobra más fuerza y para la que el Ejecutivo ya maneja varios escenarios.

Casi todos los calendarios que conducen a unas elecciones generales sesgan de forma abrupta los trámites legislativos que tienen lugar actualmente en el Congreso, y acaban, por lo tanto, con la posibilidad de llevar a cabo reformas que están pendientes desde hace años. La moción de censura se gestó con la intención de cambiar al Gobierno, pero también reveló la existencia de una mayoría que podía producir, no sin dificultades, importantes reformas, sobre todo de corte social.

El final del corto recorrido de los Presupuestos y el adelanto electoral (en casi todos sus cálculos) suponen de facto la suspensión de la actividad del Parlamento y, por lo tanto, de cualquier posibilidad de avanzar en los trámites legislativos activos. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General recoge que cuando el presidente del Gobierno haga uso de su facultad para convocar elecciones anticipadas, los comicios deberán celebrarse 54 días después de la publicación del decreto de convocatoria electoral (que es el mismo decreto de disolución de las Cortes).

Casi todas las fechas que parece manejar Pedro Sánchez acabarían de forma apresurada con la actividad de un Congreso que no tendría margen para resolver ninguna de las principales leyes pendientes. Hasta el momento, se han proyectado tres fechas con tres calendarios diferentes. Las últimas conocidas, reveladas este mismo lunes, un día antes del debate de los Presupuestos, son las que sitúan las elecciones el 14 o el 28 de abril. La otra posibilidad es la que apunta al denominado "superdomingo", donde los comicios generales se celebrarían a la vez que los autonómicos, municipales y europeos, el 26 de mayo.

Ninguna de esas tres posibilidades deja margen al Congreso para resolver sus trámites pendientes. Para convocar elecciones el 14 de abril, las Cortes deberían disolverse la próxima semana, concretamente el martes 19  de febrero. Ninguna de las leyes que se tramitan pueden salir adelante con ese margen. Tampoco lo harían si el presidente del Gobierno se decantara por el 28 de abril; en este caso, el Parlamento se disolvería el 5 de marzo.

Si el "superdomingo" es la opción elegida, el Parlamento ganaría lo que resta del mes de febrero y todo el mes de marzo para avanzar en sus trabajos, ya que el decreto de convocatoria electoral no se publicaría hasta la primera semana de abril. Sin embargo, la progresión de la mayoría de las iniciativas es, en líneas generales, lenta y, a pesar de contar con un mes más de margen, el calendario seguiría siendo muy justo para poder resolver la gran mayoría de ellas.

Este es el caso, por ejemplo, de la ley de igualdad LGTBI. Según fuentes de la Comisión de Igualdad, la última previsión de los grupos es la de acabar el trámite de ponencia en febrero y llevarla al Pleno del Congreso en marzo. Aunque se cumpliera este plazo y su trámite no sufriera retrasos, sería imposible de aprobar en los dos primeros supuestos (el 14 y el 28 de abril), y el calendario sería más que ajustado en el caso del 26 de mayo, pues todavía quedaría el trámite en el Senado. Y todo ello teniendo en cuenta que las previsiones de su tramitación se cumplen, algo que no sucede de forma habitual, ya que la norma avanza lentamente en el trámite de ponencia.

El Pacto de Toledo y las negociaciones del Gobierno

La reforma de las pensiones también corre un importante riesgo en cualquiera de estos tres escenarios de adelanto electoral. El Gobierno quiere cerrar el acuerdo con los agentes sociales antes del mes de junio, y en el Congreso las recomendaciones del denominado Pacto de Toledo ya están muy avanzadas y se ha llegado a un acuerdo en la mayor parte de las cuestiones. Entre estos acuerdos destacan el de ligar la revalorización de las pagas de acuerdo al IPC o la supresión de los préstamos del tesoro público a la Seguridad Social.

A principios de este año, se llegó a situar el final de los trabajos del Pacto en febrero, pero en las últimas semanas esta previsión ha perdido fuerza y se contempla, incluso, que la publicación del informe de la comisión encargada de estudiar las modificaciones en el sistema de pensiones no vea la luz hasta el mes de junio. Si esto es finalmente así, es imposible cerrar las recomendaciones del Pacto antes de la convocatoria electoral.

El Congreso trabaja, además, para desarticular dos de las leyes más trascendentales del Gobierno de Mariano Rajoy: la ley de seguridad ciudadana (también denominada ley mordaza) y la reforma laboral. En este último caso, el PSOE negocia con el PDeCAT la modificación parcial de algunos de sus puntos a través de la presentación de enmiendas a una proposición de ley sobre los trabajadores subcontratados que se encuentra bloqueada en la Cámara. Los socialistas y los independentistas se planteaban abordar cuestiones como la preeminencia del convenio sectorial sobre el de empresa, la ultraactividad, la negociación colectiva o el registro horario. Sin embargo, la reforma ni siquiera ha echado a andar, y las negociaciones entre PDeCAT y PSOE podrían decaer si fracasan los Presupuestos.

La derogación de los aspectos más lesivos de la ley mordaza se encuentra más avanzada, pero los grupos necesitan más tiempo para poder culminarla. Hasta el momento, se han llevado a cabo reformas como la eliminación de los desnudos por cacheos en plena calle (a no ser que exista una situación de riesgo real y manifiesta) o la despenalización de la toma de imágenes a los agentes de la autoridad en la vía pública, siempre que no se ponga en riesgo su seguridad o la de su familia con la distribución de los datos.

Hay una modificación legislativa a la que le afectarían los adelantos electorales de abril, pero que podría ver culminada su tarea en el caso de que el Ejecutivo escogiera el 26 de mayo: la derogación del voto rogado. El PSOE y Unidos Podemos registraron la iniciativa el pasado viernes y solicitaron el trámite de urgencia y el de lectura única, precisamente, para que estuviera en vigor antes de las elecciones autonómicas y municipales. El objetivo es que se debata en el último Pleno del mes de febrero, el del 26. Si pasa este trámite, iría directamente al Senado, que solo tiene 20 días para completar la tramitación, por lo que podría entrar en vigor a finales de marzo.

Sánchez maneja un cuarto calendario, que llevaría las elecciones a después del verano. En este caso, el Congreso tendría un margen mucho más amplio para culminar buena parte de estas reformas. Pero el final del corto recorrido de los Presupuestos significa, entre otras lecturas, una importante brecha de difícil reparación en el denominado bloque de la moción, y la posibilidad de alcanzar mayorías para sacar adelante algunas cuestiones sería mucho menor que en la actualidad.